El Congreso debate por primera vez rebajar la Ley de Costas de 1988

El Congreso debatir¨¢ por primera vez una reforma de calado para rebajar la Ley de Costas, de 1988. Lo har¨¢ en otra norma que no tiene mucho que ver, la Ley de Medio Marino, a la que Coalici¨®n Canaria ha presentado enmiendas para reducir los derribos y respetar las casas ya construidas en dominio p¨²blico. El PSOE se opone y el PP no ve con malos ojos un recorte de la pol¨ªtica de derribos que tantos votos cuesta y quebraderos de cabeza genera.

La Ley de Costas era un mel¨®n que nadie se atrev¨ªa a abrir. Aprobada en 1988, la norma declar¨® p¨²blico todo el litoral espa?ol. Para quienes tuvieran una casa construida legalmente en la arena, la ley ide¨® un sistema peculiar de compensaci¨®n: el Estado les dejaba usar sus propiedades hasta un m¨¢ximo de 60 a?os pero no pod¨ªan venderlas. Tras ese periodo pasar¨ªan a manos del Estado para ser derribadas. La idea era limpiar el litoral de cemento.

El PP se suma a las cr¨ªticas a la norma y puede crear una mayor¨ªa de reforma

La ley fue cumplida a medio gas hasta 2004, cuando el ministerio que dirig¨ªa Cristina Narbona aceler¨® los deslindes (el tr¨¢mite para delimitar la zona p¨²blica y la privada de costa). Actualmente est¨¢ deslindado el 92% de los casi 8.000 kil¨®metros de costa y con el tr¨¢mite llegan los pleitos, los derribos, las quejas a Bruselas, la movilizaci¨®n y, finalmente, el debate parlamentario.

El portavoz popular en Medio Ambiente, Carlos Floriano, asegura que a¨²n no tienen postura fijada pero no reh¨²ye el debate: "Se ha sacralizado una ley que no ha cumplido su objetivo, ya que en estos 20 a?os de vigencia de la norma es cuando la costa ha sufrido m¨¢s agresiones. No ha conseguido compatibilizar el medio ambiente y el respeto a la propiedad privada. Se est¨¢n vulnerando derechos adquiridos de mucha gente mediante un procedimiento confiscatorio".

Una enmienda de CiU pide reformar la ley en tres meses para "revisar los criterios de deslinde de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre aplicables a aquellas ¨¢reas urbanas consolidadas con singularidades propias" y pone como ejemplos la urbanizaci¨®n de Santa Margarida (Roses, Girona) o la Marina de Empuriabrava. Pere Mac¨ªas, de CiU, afirma que "en algunos casos la ley es excesiva" y que casos como los que cita "los hay en toda Espa?a". Mac¨ªas destaca que muchos de los afectados por la ley son extranjeros, lo que le ha valido al Gobierno quejas del Reino Unido y Alemania.

Las enmiendas de Coalici¨®n Canaria (CC) van mucho m¨¢s all¨¢ y otorgan competencias en materia de costa a las comunidades. El partido pide "respetar las construcciones y usos ya existentes" en la costa aunque a la entrada en vigor de la ley no estuviera clasificado como suelo urbano. CC y PP aprobaron una ley auton¨®mica que salvaba viviendas en la playa por su "valor etnogr¨¢fico", pero la norma est¨¢ recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Ahora pretende introducir en el Congreso que las comunidades designar¨¢n las construcciones con "valores hist¨®ricos, etnogr¨¢ficos, arquitect¨®nicos o pintorescos, que resulte conveniente conservar en funci¨®n de su antig¨¹edad, integraci¨®n en el litoral y finalidad social".

El BNG no ha enmendado la ley, pero no porque quiera mantenerla tal cual. Present¨® otra proposici¨®n de ley para legalizar los n¨²cleos rurales construidos antes de la ley pero no reconocidos en esta, como el caso de Mar¨ªn (Pontevedra). "No queremos abrir el tema de los deslindes, pero s¨ª estamos dispuestos a hablar sobre la forma de salvar estas construcciones que hay en la costa gallega y asturiana", afirma la diputada Olaya Fern¨¢ndez.

El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido comentar las enmiendas. El ministerio ya present¨® una reforma de un punto de la norma para permitir comprar y vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. Ese cambio, introducido a trav¨¦s de otra ley, duerme desde hace a?o y medio en un caj¨®n del Congreso. El ministerio s¨ª ha optado por aplicar la ley con menos dureza, al menos p¨²blicamente, que el equipo anterior.

Los ecologistas temen que la presi¨®n acabe por imponer un recorte. "En Espa?a que la costa es p¨²blica est¨¢ reconocido desde Alfonso X el Sabio. Por la seguridad de las personas, la franja costera no deber¨ªa ocuparse y las ocupaciones ilegales no deben prevalecer sobre el inter¨¦s general", afirma Rita Rodr¨ªguez, de WWF, una organizaci¨®n que ve con alarma los movimientos contra una de las leyes m¨¢s importantes y duraderas sobre medio ambiente.