Nubarrones sobre el litoral

Ciertos grupos pol¨ªticos han visto en el proyecto de Ley de Protecci¨®n del Medio Marino una oportunidad para lanzar nuevas cargas de profundidad contra la Ley de Costas, que ha sustentado, desde hace 22 a?os, la pol¨ªtica de costas de los diferentes Gobiernos. La norma ha supuesto un instrumento eficaz para la defensa y recuperaci¨®n del litoral frente a las presiones de los especuladores o de apropiaci¨®n del dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre, en un pa¨ªs que hasta hace poco cre¨ªa que potenciar el turismo pasaba por el desarrollismo constructor.

El lema que usamos para difundir los objetivos de la ley: "Convertir un espacio de nadie en un espacio de todos" se moderniza y apunta a la conversi¨®n del dominio p¨²blico litoral en "espacio de algunos".

Las enmiendas de los nacionalistas usan manoseados argumentos sobre la singularidad de las costas que solo las comunidades parecen distinguir. Es el caso del PNV, que cree necesario recordar al legislador que el Atl¨¢ntico es un mar con marea y el Mediterr¨¢neo no. Se quiere desconocer que la asunci¨®n creciente de competencias de gesti¨®n del litoral por las comunidades se ha traducido en un debilitamiento tambi¨¦n creciente de la defensa del dominio p¨²blico. El Estado debe mantener, como m¨ªnimo, las competencias inherentes a su titularidad demanial, que es un imperativo constitucional. La costa es un patrimonio colectivo que no se debe compartimentar.

Otras enmiendas van sin disimulo a la l¨ªnea de flotaci¨®n de la Ley de Costas, como la de CiU, que plantea la revisi¨®n de los criterios de deslinde del dominio p¨²blico en ¨¢reas urbanas consolidadas "con singularidades propias". Coalici¨®n Canaria propone la amnist¨ªa general y el reconocimiento de supuestos derechos adquiridos para construcciones con "valores hist¨®ricos, etnogr¨¢ficos, arquitect¨®nicos o pintorescos" -conceptos jur¨ªdicos escasamente determinados- a los que las Administraciones se obligan a otorgar concesiones de al menos 30 a?os para su uso actual, incluido el residencial y habitacional, prohibido en la ley vigente, y sin canon alguno.

Me preocupa que en las negociaciones pol¨ªticas se consoliden estos planteamientos. No abundan los pol¨ªticos que apoyen abiertamente la aplicaci¨®n de la ley. Prefieren los votos de unas decenas de vecinos que se benefician de ocupaciones irregulares a la defensa del litoral, sin tener en cuenta la opini¨®n no explicitada del resto de la sociedad, ni los riesgos que supone el desmantelamiento de la Ley de Costas frente a desarrollos urban¨ªsticos.

No se puede negar la existencia de situaciones de gesti¨®n pol¨ªticamente complicada, por el tiempo transcurrido, por el n¨²mero de afectados, por una hist¨®rica ineficiencia de la Administraci¨®n, por la demagogia de los argumentos, m¨¢s medi¨¢ticos que jur¨ªdicos, pero que han configurado una apariencia de legalidad o al menos de justicia en ciertas ocupaci¨®n ilegales, y que en el contexto actual ser¨¢ dif¨ªcil aplicarles la legalidad con crudeza. A esto contribuye a veces la opini¨®n p¨²blica, condicionada por la opini¨®n publicada, dispuesta a escuchar, armar un reality show y poner megafon¨ªa a situaciones en las que se asumen los "abusos de una Administraci¨®n injusta", sobre ciudadanos "indefensos", beneficiarios, muchas veces ilegalmente, de bienes protegidos que nos pertenecen a todos.

Fernando Palao fue secretario de Estado y redact¨® la Ley de Costas.