Democracia burlada

El mundo al rev¨¦s: un grupo de vecinos ha creado un partido pol¨ªtico para legalizar las tropel¨ªas urban¨ªsticas que ellos mismos han cometido.

Los partidos son instrumentos para la defensa del bien com¨²n, y no de intereses particulares. Mucho menos si son intereses presuntamente delictivos.

Eso es lo que ha sucedido en Chiclana (C¨¢diz), una poblaci¨®n de casi 80.000 habitantes en donde hay censadas m¨¢s de 15.000 viviendas ilegales. Un grupo de propietarios ha registrado en el Ministerio del Interior el Partido Vecinal Regionalista. Esperan conseguir en las elecciones municipales del pr¨®ximo a?o algunos concejales para presionar desde dentro del consistorio y obtener un indulto urban¨ªstico.

El caso de Chiclana no es ¨²nico. La Junta tiene contabilizadas m¨¢s de 300.000 construcciones ilegales en Andaluc¨ªa. Marbella (16.500), la Axarqu¨ªa (10.000), Almanzora (5.000), Chiclana (15.000), o el espacio protegido de Medina Azahara (400) son campeones del desmadre urban¨ªstico.

Vecinos sin escr¨²pulos han levantado casas y chal¨¦s, algunos con piscina, por la cara. Ante el hecho consumado, y la imposibilidad de derribar miles y miles de viviendas (que es lo que se deber¨ªa haber hecho al d¨ªa siguiente de iniciar su construcci¨®n) la autoridad competente pretende regularizarlas con la condici¨®n de que paguen una rid¨ªcula cantidad de dinero, comparada con el da?o irremediable hecho al medio ambiente.

No deja de ser un agravio, tambi¨¦n, hacia cientos de miles de ciudadanos que han construido o comprado sus casas de acuerdo con la ley y han pagado por ellas sus correspondientes impuestos y licencias.

Los responsables pol¨ªticos municipales han hecho la vista gorda ante tama?o desprop¨®sito. Algunos, como una veintena de alcaldes de la Axarqu¨ªa malague?a, imputados por consentir esas violaciones de la legislaci¨®n vigente, tuvieron la desfachatez de pedir que sus delitos (presuntos) no se juzgaran por la v¨ªa penal. En su d¨ªa, el secretario general del PP de M¨¢laga, Francisco Salado, exigi¨® que la Junta suspendiera la tramitaci¨®n de los expedientes abiertos por infracciones urban¨ªsticas. La delegada de la Junta, Mar¨ªa G¨¢mez, le respondi¨® que "resulta preocupante que el PP pida que no se cumpla la ley".

?Se podr¨ªa haber evitado este desmadre? Los expertos afirman que hay leyes suficientes. Lo que falta es voluntad de ejecutarlas. Un ejemplo: en el entorno de Medina Azahara, declarado Bien de Inter¨¦s Cultural, la Junta present¨® al Ayuntamiento de C¨®rdoba 347 denuncias entre 1995 y 2003. Pero las construcciones siguieron adelante y seg¨²n un informe de la Oficina T¨¦cnica de Medina Azahara hay ya censadas 250 construcciones ilegales que tienen entre 1.500 y 5.000 metros cuadrados cada una.

La Memoria de la Fiscal¨ªa correspondiente a 2009 analiza este tipo de delitos. En la parte referida a la provincia de C¨¢diz, se alerta sobre casos como el de Chiclana. La Fiscal¨ªa denuncia que, tras los procesos de regularizaci¨®n de viviendas ilegales, se han creado asociaciones vecinales que forman "aut¨¦nticos grupos de poder que tratan de imponer la l¨ªnea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urban¨ªstica".

Esos grupos no solo exigen que se legalicen sus viviendas, algunas "incursas en procedimientos penales", sino que piden que sus tropel¨ªas sean financiadas con fondos p¨²blicos. "Ante la pasividad del resto de los ciudadanos", concluye la Memoria, esos vecinos "acaban imponiendo sus planteamientos".

Una inmoralidad inaceptable: primero delinquen y luego presionan pol¨ªticamente. La cuesti¨®n es si derechos tan sagrados como el de manifestaci¨®n o el de representaci¨®n pol¨ªtica pueden ser utilizados para indultar actuaciones il¨ªcitas. Lo peor es que la burla de Chiclana puede ser imitada por otros muchos infractores de la ley.