Contra el populismo penitenciario

Desde el a?o 2000, el n¨²mero de reclusos en Espa?a ha aumentado un 65,1%, lo que nos sit¨²a a la cabeza de Europa en tasa de presos por cada 100.000 habitantes: 153,6. Seg¨²n datos oficiales, en 2009 hab¨ªa en las c¨¢rceles espa?olas 76.090 internos, el doble de los que hab¨ªa en 1990. De ellos, un 22%, est¨¢ en prisi¨®n preventiva, esto es, a la espera de un juicio que resuelva sobre su situaci¨®n. Mantener a un recluso en Espa?a cuesta de media 54,79 euros al d¨ªa y contamos con un presupuesto que ha pasado del equivalente en pesetas a unos 689 millones de euros del a?o 2000 a casi 1.250 millones de euros en 2010. Curiosamente, las medidas alternativas a la prisi¨®n salen much¨ªsimo m¨¢s baratas: tan solo cuestan tres euros por persona y d¨ªa. A¨²n m¨¢s, seg¨²n datos del Consejo de Europa publicados en 2005, el tiempo medio de estancia en prisi¨®n en Espa?a se duplic¨® desde 1996 (9,7 meses) hasta 2004 (16,7 meses)

Los pol¨ªticos compiten por probar su 'dureza' tras el frenes¨ª medi¨¢tico que sigue a cada suceso

Al contribuyente espa?ol esta pol¨ªtica de 'todos a la c¨¢rcel y por mucho tiempo' le sale car¨ªsima

Y todo esto a pesar de que Espa?a se sit¨²a en una tasa de criminalidad comparada de 45,8 por cada 1.000 habitantes, una de las tres m¨¢s bajas de Europa y muy por debajo de la media europea de 69,1, situ¨¢ndose en 2009 al mismo nivel que en el a?o 2000. El Eurobar¨®metro de oto?o de 2009 indicaba adem¨¢s que la percepci¨®n de la delincuencia como problema en Espa?a era de 11,0, la segunda m¨¢s baja de Europa y muy lejos de la media de la UE de los 27 situada en 19,0. En resumen, en 10 a?os la criminalidad ha permanecido estable en cotas muy reducidas, su percepci¨®n por la poblaci¨®n es muy baja y, sin embargo, en 20 a?os se ha duplicado la poblaci¨®n penitenciaria.

?Cu¨¢l puede ser el motivo de esta incoherencia? Parece que las sucesivas reformas del C¨®digo Penal como respuesta a lo que se ha dado en llamar "alarma social" podr¨ªan explicar en parte este hecho. Tengo para m¨ª, sin embargo, la convicci¨®n de que existen razones m¨¢s profundas que tienen que ver sobre todo con el "populismo penitenciario" de una clase pol¨ªtica que reacciona a golpe de encuesta, alimentada a su vez por unos medios de comunicaci¨®n que tienden a incrementar una alarma social que, cada poco tiempo, justifica la exigencia del endurecimiento de las normas penales a pesar del elevad¨ªsimo coste de este modelo populista basado en la testosterona parlamentaria.

La pol¨ªtica penitenciaria no puede administrarse a base de modificaciones reactivas del C¨®digo Penal que, adem¨¢s de resultar car¨ªsimas, resultan ineficaces. Aunque resulte obvio, es preciso reiterar que las pol¨ªticas preventivas ahorran recursos, mientras que las represivas encarecen costes. Existen ¨¢mbitos (salud p¨²blica, prevenci¨®n de peligros laborables, seguridad viaria) donde ha quedado probado c¨®mo las pol¨ªticas de prevenci¨®n del tabaquismo, de la obesidad, de la siniestralidad laboral o de los accidentes de tr¨¢fico ahorran no solo vidas (lo m¨¢s importante) sino tambi¨¦n dinero. Sin embargo, la visi¨®n hoy dominante se basa en la represi¨®n penal mediante un amplio uso de los ingresos en prisi¨®n. Este c¨ªrculo vicioso conduce al desastre -nuestra pr¨¢ctica en Espa?a lo est¨¢ demostrando- en t¨¦rminos de sostenibilidad social y econ¨®mica y, esencialmente, de resocializaci¨®n.

Aunque es obvio que hoy por hoy no es posible renunciar al papel punitivo del Estado, tambi¨¦n lo es que en el abordaje de la criminalidad el derecho penal debiera ser el ¨²ltimo recurso al que acudir, debiendo primar las estructuras administrativas de car¨¢cter preventivo, esto es, basadas en la prevenci¨®n de peligros y la gobernanza de riesgos, en la medida en que la evitaci¨®n del da?o es infinitamente mejor y m¨¢s barata que su reparaci¨®n. Por no reiterar ejemplos anteriores: es objetivamente mejor evitar los da?os derivados de la corrupci¨®n mediante un eficiente sistema de gobernanza de su riesgo que andar a la gre?a en comisiones de investigaci¨®n y juzgados de instrucci¨®n para intentar reparar lo que no tiene remedio: la p¨¦rdida de confianza. Sin embargo, en nuestro sistema domina hoy la penalizaci¨®n de conductas, probablemente como materializaci¨®n del populismo penitenciario al que me refer¨ªa. Para justificarlo se dir¨¢, por ejemplo, que gracias a esta pol¨ªtica se ha reducido la siniestralidad viaria aunque est¨¢ por ver si esta relaci¨®n directa existe como ¨²nica explicaci¨®n del fen¨®meno. Lo que s¨ª est¨¢ claro es que, mientras tanto, las c¨¢rceles se llenan, por ejemplo, entre otros, de acusados de violencia sexista sin que las cifras de casos de agresi¨®n contra las mujeres disminuyan como consecuencia del endurecimiento penal. Se tendr¨¢, pues, que arbitrar soluciones que resulten m¨¢s eficaces que la c¨¢rcel para proteger a las mujeres de acciones perpetradas por violentos.

El ordenamiento jur¨ªdico se basa en la equidad fundamentada en la defensa de valores ampliamente consensuados a nivel de pacto de Estado que no debieran verse sesgados por el oportunismo electoral. La finalidad de la pol¨ªtica penitenciaria es la rehabilitaci¨®n social del penado, no su incapacitaci¨®n perpetua mediante juicios medi¨¢ticos. Impartir justicia no consiste en convertir a las v¨ªctimas en verdugos. El estatus de v¨ªctima tiene un l¨ªmite: el que establece el Estado de derecho dictando justicia, no venganza. En este sentido no es de recibo, por ejemplo, que los partidos pol¨ªticos, en plena vor¨¢gine electoralista, otorguen protagonismo injustificado m¨¢s all¨¢ de la sede judicial a las v¨ªctimas de delitos -por ejemplo, nombrando como asesores a familiares de v¨ªctimas- pues ello no hace m¨¢s que retroalimentar el "populismo penitenciario".

Para atajar el desbordamiento de las prisiones, la Administraci¨®n, en primer lugar, debiera ser m¨¢s eficiente tanto en el dise?o y aplicaci¨®n de pol¨ªticas preventivas y de gobernanza de riesgos como en el uso del derecho administrativo sancionador, porque su legitimidad se basa en el poder de hacer cumplir las normas. En segundo lugar, para aumentar este cumplimiento se requiere un ordenamiento jur¨ªdico de calidad, con normas precisas y claras: diversos estudios de la OCDE sobre calidad normativa sit¨²an a Espa?a en un discreto lugar del ranking europeo. En tercer lugar, debieran implementarse medidas alternativas a la reclusi¨®n que contribuyan a descongestionar nuestro sistema penitenciario: es preciso dotar un sistema alternativo con criterios y medios m¨¢s all¨¢ de las declaraciones de buenas intenciones. Finalmente, urge reconsiderar el uso de la prisi¨®n provisional para evitar que sea una suerte de condena anticipada resultado de la alarma social y del populismo penitenciario.

Diversas experiencias avalan estos planteamientos. La m¨¢s reciente en los Pa¨ªses Bajos. Desde los a?os cincuenta hasta los ochenta del pasado siglo, Holanda consigui¨® reducir la poblaci¨®n penitenciaria hasta niveles ¨ªnfimos bas¨¢ndose en que la prisi¨®n debe utilizarse como "¨²ltimo recurso" en el sistema penal. A partir de los a?os ochenta se inici¨® una nueva etapa -parecida a lo que sucede hoy en Espa?a- que convirti¨® la prisi¨®n en un sistema de "defensa social" en el que se pas¨® de una media de 30 presos por cada 100.000 habitantes en 1985 (la tasa europea m¨¢s baja) a una media de 120 presos por cada 100.000 habitantes en 2005. Como tampoco en Espa?a, esta evoluci¨®n no tuvo nada que ver con la evoluci¨®n de la criminalidad, que se mantuvo siempre estable. Sin embargo, hoy, Holanda, tras recuperar el discurso de que el sistema penal es el ¨²ltimo recurso y haber implementado pol¨ªticas preventivas y de gobernanza de riesgos acordes con ello, ha iniciado la desocupaci¨®n de ocho prisiones y, para evitar la p¨¦rdida de los 1.200 puestos de trabajo de vigilante, se plantea importar presos de B¨¦lgica y Alemania a cambio de dinero -generando ingresos en vez de costes-. Lo que demuestra el cambio de tendencia holand¨¦s es que el populismo penitenciario no solo no es eficaz, sino que conduce a una insostenible espiral de despilfarro econ¨®mico. Afortunadamente, la opini¨®n p¨²blica y el poder judicial holand¨¦s as¨ª lo comprendieron, iniciando una vuelta atr¨¢s en el camino represor. En fin, o empezamos a aplicar pol¨ªticas preventivas o al final el populismo penitenciario nos llevar¨¢ a todos a la c¨¢rcel.

Ramon J. Moles Plaza es director del Centre de Recerca en Governan?a del Risc de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.