Siete de las 10 pruebas vetadas por la juez del 'caso esp¨ªas' las pidi¨® el fiscal en 2009

El auto de archivo del caso de espionaje en el Gobierno madrile?o de Esperanza Aguirre dictado por la juez Carmen Valcarce se enfrenta a una cascada de recursos, tanto del PSOE como de las v¨ªctimas en el PP de los seguimientos: el ex vicepresidente regional Alfredo Prada y el vicealcalde, Manuel Cobo. A¨²n no los han presentado.

El argumento en todos ellos es, a falta de conocer algunos detalles, que la investigaci¨®n dista de estar concluida. El recurso del PSOE sostiene que el auto supone "la obstrucci¨®n y vulneraci¨®n del derecho a la defensa", y recuerda las diez pruebas solicitadas reiteradamente a la juez y que esta nunca atendi¨®, sin motivar siquiera su rechazo. Entre otras, el testimonio de Yolanda Laviana, ex esposa de uno de los implicados, Sergio Gam¨®n.

Afirma el PSOE que el veto de la juez es lo que le ha impedido cuantificar la malversaci¨®n, motivo aducido por esta precisamente para archivar el caso. "En modo alguno resulta imposible, hubiera bastado con practicar la prueba solicitada y se habr¨ªa podido obtener. Pero no se ha practicado, ignoramos por qu¨¦ raz¨®n". La Fiscal¨ªa, tras estudiar los recursos, decidir¨¢ si se adhiere a los mismos. Pero se da la circunstancia de que siete de esas diez pruebas rechazadas fueron solicitadas el 20 de marzo de 2009 por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

Exigi¨® el fiscal al Gobierno regional el listado de veh¨ªculos oficiales (marca, modelo y matr¨ªcula) asignados a la Direcci¨®n de Seguridad -en manos de Gam¨®n- y al grupo de asesores sospechosos de espionaje entre marzo a mayo de 2008; los justificantes de repostaje; los datos de las tarjetas Solred correspondientes; y los tel¨¦fonos m¨®viles que usaron, junto con los detalles de sus facturas.

No obtuvo respuesta. Distintos letrados volvieron a pedir a la juez los mismos datos, tambi¨¦n sin ¨¦xito. "Ni siquiera ha habido resoluciones de la inadmisi¨®n de las mismas, sino m¨¢s bien las solicitudes han sido aparcadas, sin que ni siquiera se diera traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la validez de las mismas", afirma el PSOE.

Los socialistas volvieron a insistir el pasado 23 de junio; el 13 de julio la juez se dio por enterada y qued¨® pendiente de "resolver lo que proceda". Dos d¨ªas despu¨¦s de notificada esa providencia, decret¨® el archivo provisional. El PSOE considera que lo hizo "de forma precipitada e intempestiva", y concluye que "repele al derecho y al m¨¢s m¨ªnimo sentido com¨²n que una conducta de ese tipo y gravedad resulte impune". Denuncia adem¨¢s la equiparaci¨®n que hace la juez de la prueba caligr¨¢fica oficial -que identifica a Jos¨¦ Manuel Pinto, empleado de la Consejer¨ªa de Interior, como autor de las anotaciones de matr¨ªculas en los partes del espionaje- y de la privada, que en su opini¨®n "ni se encuentra en autos ni se ha practicado con las debidas garant¨ªas procesales".

El PSOE ve chocante que "el fundamento jur¨ªdico que se da al archivo sea la imposibilidad de cuantificar lo utilizado y la dificultad de encaje en el tipo penal, aunque se da por hecho que dichos usos se produjeron".

Porque la juez admite "coincidencias" de los partes de los esp¨ªas con los posicionamientos de los hombres de Gam¨®n durante los seguimientos a Cobo y Prada, revelada por sus tel¨¦fonos m¨®viles. Y "lo importante no es lo que hac¨ªan sino que lo que hac¨ªan est¨¢ totalmente alejado de los fines p¨²blicos y que alguien los utilizaba para fines privados", a?ade el PSOE.