El arraigo se vive, no se estudia

Los inmigrantes que residen en Getafe (Madrid) tienen motivos para estar inquietos cuando solicitan la nacionalidad espa?ola. Aunque cumplan los requisitos que marca la ley -determinados a?os de residencia o acreditar buena conducta c¨ªvica, entre otros-, a buen seguro tendr¨¢n que responder a un cuestionario que elabora personalmente el juez Jos¨¦ Mar¨ªa Celem¨ªn, responsable del Registro Civil del municipio madrile?o.

El objetivo, se supone, es dilucidar si los solicitantes est¨¢n lo suficientemente integrados como para merecer la nacionalidad espa?ola. Pero la complejidad de algunas preguntas -?Qu¨¦ sucedi¨® en Espa?a en 1704? ?C¨®mo se llama el presidente del Congreso? Cite tres escritores de la posguerra- ha desatado recelo entre asociaciones de abogados, inmigrantes y medios de comunicaci¨®n.

El Registro de Getafe pregunta sobre escritores de la posguerra

La ley espa?ola deja amplio margen al juez para interrogar a los candidatos

El mismo d¨ªa en que la noticia empez¨® a circular fuera de Getafe (donde el juez y sus m¨¦todos son ya conocidos), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) public¨® una nota apoyando al juez y aclarando que el art¨ªculo 221 del Reglamento del Registro Civil establece que el magistrado "oir¨¢ personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptaci¨®n a la cultura y estilo de vida espa?oles". "Esa entrevista tiene, entre otras finalidades", a?ad¨ªa el TSJM, "evitar fraudes y comprobar la veracidad de las circunstancias del peticionario...".

Cuestionables o no, los m¨¦todos de Celem¨ªn -y de otros-, han dado a conocer lo peculiar de la normativa espa?ola, que, por su vaguedad, deja al arbitrio del juez el m¨¦todo para determinar el grado de integraci¨®n del solicitante. Una vez que llega a una conclusi¨®n, el juez eleva un informe al Ministerio de Justicia, que es quien toma la decisi¨®n final. "Aunque su informe no es preceptivo es un informe, y ah¨ª queda", se?ala Juan Carlos Rois, presidente de la organizaci¨®n de inmigrantes Asociaci¨®n Am¨¦rica Espa?a Solidaridad y Cooperaci¨®n (AESCO).

Cada pa¨ªs establece sus criterios para otorgar la nacionalidad. En EE UU, Pa¨ªses Bajos o Alemania hay que pasar un examen sobre costumbres nacionales, pero est¨¢ estrictamente reglado.

"En Espa?a, el modelo de someter a un examen de ciudadan¨ªa al solicitante est¨¢ en el debate, pero se ha desechado", dice Francisco Solans, presidente de la subcomisi¨®n de extranjer¨ªa del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola. "El juez puede hacer una entrevista con la finalidad de detectar fraudes en el expediente, pero no tiene capacidad para hacer una entrevista sobre cultura general, que est¨¢ fuera de los requisitos". "Evidentemente todo est¨¢ sujeto a interpretaci¨®n y si uno tira de la cuerda puede encontrar lo que quiera", contin¨²a. "No parece que sea un fraude no saberse los poetas de la posguerra. Este juez se ha extralimitado".

Pablo Santolaya, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Complutense y experto en extranjer¨ªa, se?ala: "La ley dice que determinar el grado de integraci¨®n es clave, pero, a diferencia de la mayor¨ªa de pa¨ªses, no tenemos un test oficial regulado por Justicia o por el Consejo General del Poder Judicial. La consecuencia es que algunos jueces lo hacen por su cuenta. En Vic (Barcelona) hay un test muy dif¨ªcil, con preguntas que catedr¨¢ticos no sabr¨ªan responder. No hay un ¨²nico instrumento razonablemente elaborado y con preguntas que atestig¨¹en la integraci¨®n, como unos conocimientos m¨ªnimos de la lengua, y otras cuestiones exigibles a un espa?ol sin formaci¨®n acad¨¦mica. Al no existir, depende del juez que sea m¨¢s o menos f¨¢cil adquirir la nacionalidad. Y ¨¦sa es la peor de las soluciones".

Jos¨¦ Mar¨ªa Bento, responsable del Registro Civil de Madrid, defiende la importancia de la percepci¨®n del juez para valorar cada solicitud: "La intervenci¨®n judicial es espec¨ªfica de nuestra legislaci¨®n. Soy partidario de que no se suprima porque ayuda a detectar matrimonios de conveniencia. Para un juez puede ser suficiente ver c¨®mo la persona se expresa, pero para otro no. El sentido com¨²n es importante y este juez se ha podido exceder en su celo".

Los m¨¦todos de Celem¨ªn -que no ha querido hablar con EL PA?S- han saltado las alarmas de las asociaciones de inmigrantes, que ven en sus preguntas m¨¢s que exceso de celo. "Se refleja un af¨¢n de poner trabas a un proceso que est¨¢ durando cuatro a?os y antes se hac¨ªa en dos", dice Ra¨²l Jim¨¦nez, de la Asociaci¨®n de Ecuatorianos Rumi?ahui. "Las preguntas son dif¨ªciles incluso para los aut¨®ctonos. Se nota un deseo de obstaculizar un proceso al que tienen derecho las personas que cumplen los requisitos. Se est¨¢ acosando a la inmigraci¨®n".

El 20 de julio, AESCO interpuso una denuncia contra el juez Celem¨ªn por sus m¨¦todos y retrasos. "Los doce casos de Getafe que estamos siguiendo est¨¢n pendientes de resoluci¨®n. En todos ellos hay, cuando menos, un retraso burocr¨¢tico respecto a la media", dice Rois, de AESCO, que critica lo arbitrario del asunto: "En los pa¨ªses donde hay que pasar un examen para obtener la ciudadan¨ªa ¨¦ste est¨¢ reglado. Uno no se presenta a una oposici¨®n sin conocer el temario. Es necesario conocer las reglas del juego. Este juez lo mismo pregunta la receta de la tortilla espa?ola (como de hecho ha sucedido) como por los poetas de posguerra". "Adem¨¢s", prosigue, "para ver el grado de integraci¨®n de una persona se deben pedir requisitos objetivos. Contratos de trabajo, si pertenece a organizaciones sociales... Desde luego no se comprueba preguntando que pas¨® en 1802 o en 1605. Uno no es m¨¢s espa?ol por saber eso".

"El problema no son las preguntas", dice Gustavo Fajardo, abogado de AESCO. "Preguntar por la reina Isabel La Cat¨®lica no es ilegal. En derecho hablamos de preguntas 'pertinentes'. Lo que se quiere con las preguntas es comprobar si la persona ha echado ra¨ªces en Espa?a, y las ra¨ªces se echan en el sitio en el que est¨¢ uno, no en el de la cultura, la ciencia o la tecnolog¨ªa. No parece que el juez vaya a comprobar las ra¨ªces de una se?ora que est¨¢ trabajando en una cocina de ocho a seis con preguntas de bachillerato o de acceso a la universidad", dice Fajardo, que pone un ejemplo: "Los ayuntamientos hacen informes de arraigo social, y ya est¨¢ establecido que el arraigo se mide por: 1.El trabajo. 2. Si la persona est¨¢ afiliada a la Seguridad Social. 3. Si sus hijos est¨¢n escolarizados y van al m¨¦dico cuando enferman. 5. Si dispone de abono de transporte (lo que demuestra que se mueve). 6. Si tiene tiene el piso asegurado a terceros. Es decir, si su vida cotidiana es igual a la de un ciudadano de a pie y no a un cient¨ªfico de la NASA".

Y contin¨²a: "Arraigo social es que la persona sepa qu¨¦ medios de transporte hay en una localidad, sus normas de conducta, que no puede orinar en la calle. En fin, normas corrientes. Lo que hace este juez es una desconsideraci¨®n", a?ade, indignado. "Se mofa. Los inmigrantes nos hablan de la manera socarrona en que se r¨ªe con las respuestas. Mofarse de la alegada ignorancia de la persona es sancionable, por eso le hemos denunciado". Al margen de la denuncia presentada por AESCO, hasta el CGPJ ha llegado una queja de un particular que desaprueba los m¨¦todos de Celem¨ªn. La queja est¨¢ en el servicio de inspecci¨®n de la instituci¨®n. Si prospera, llegar¨¢ a la comisi¨®n disciplinaria. Mientras tanto, y ante la falta de un temario al que encomendarse, los inmigrantes que residen en Getafe siguen pas¨¢ndose unos a otros ejemplos de las preguntas del juez, como este: "?En qu¨¦ consisti¨® la Revoluci¨®n de 1868? A. Fue un levantamiento que supuso el destronamiento de Carlos V y el inicio de la Primera Rep¨²blica. B. Fue un levantamiento que supuso el destronamiento de la reina Isabel II y el inicio del Sexenio Democr¨¢tico. C. Fue un levantamiento que supuso el destronamiento de Fernando VI y el inicio de la Segunda Rep¨²blica'.