Lo que no se puede ni debe ceder
Treinta y dos a?os despu¨¦s de aprobada la Constituci¨®n, podemos afirmar que los espa?oles hemos sido los art¨ªfices de un gran ¨¦xito: en poco tiempo, hemos pasado de un Estado autoritario y centralista a uno de ciudadanos y descentralizado. El ritmo ha sido el adecuado y las consecuencias nos permiten compararnos favorablemente con cualquier Estado descentralizado. Tal ha sido el viaje, que algunos sienten v¨¦rtigo por la rapidez, mientras que otros quieren seguir caminando a¨²n m¨¢s deprisa en el proceso descentralizador. Estos ¨²ltimos parten de la tesis de que ya han pasado 32 a?os, y nos hemos quedado algo anticuados. Bien es cierto tambi¨¦n que algunos, para modernizarse, parecen querer regresar, parad¨®jicamente, al siglo XIX.
Debemos acordar qu¨¦ competencias del Gobierno de Espa?a son exclusivas e irrenunciables
La coordinaci¨®n y la cohesi¨®n son competencias del Gobierno central
Y si ha sido un ¨¦xito para Espa?a, para algunas regiones ha sido un aut¨¦ntico milagro. Los extreme?os, por ejemplo, no queremos ni o¨ªr hablar de la Espa?a centralista ni del nacionalismo econ¨®mico espa?ol; ese nacionalismo que fue desde la Restauraci¨®n del XIX hasta la Dictadura franquista, pasando por la Dictadura de Primo de Rivera. Para los extreme?os, y para otros territorios, ese nacionalismo signific¨® la ruina econ¨®mica y la hemorragia de la emigraci¨®n. El sistema fue la protecci¨®n arancelaria del nacionalismo espa?ol, reservando el mercado interior para los productos textiles catalanes y sider¨²rgicos vascos (el arancel de 1826, el de 1849, el de 1869). Con Primo de Rivera se reservaron las cuotas de producci¨®n para los que ya produc¨ªan, de tal manera que nadie pod¨ªa fabricar en otro territorio lo que ya se hac¨ªa en las zonas protegidas.
Frente a los que quieren o a?oran una Espa?a uniforme, defiendo la libertad de cada uno para sentirse espa?ol como mejor le parezca o a no sentirse espa?ol. Entiendo el derecho a definir a Espa?a como quieran. Lo ¨²nico que no puede ser Espa?a es aquello que vaya quedando despu¨¦s de un proceso continuado de reforma de los estatutos de autonom¨ªa. Espa?a no puede ser un residuo. Si cada uno piensa en su trozo, alguien tiene que pensar en el todo, y ese es el papel y la responsabilidad del presidente del Gobierno. Para ello, muchos estamos dispuestos a ayudarle desde la lealtad y desde la responsabilidad. Estamos dispuestos a colaborar en un proceso que nos permita saber que nuestros derechos de ciudadano van a seguir estando garantizados por el Gobierno espa?ol y que, sea como sea el proceso, no se ponga en riesgo lo que nos es com¨²n y lo que nos hace fuertes y diversos.
Espa?a, como dice Felipe Gonz¨¢lez, es un espacio p¨²blico que compartimos. Y ese espacio compartido, en su configuraci¨®n actual, es la resultante de laapuesta que hicimos los espa?oles en 1978, una apuesta que tuvo una virtud esencial, y es que concili¨® a los espa?oles desde el punto de vista fundamental de la democracia, devolvi¨¦ndonos la condici¨®n de ciudadanos y, por tanto, garantizando la pluralidad de ideas y la diversidad territorial. La apuesta sali¨® bien, el modelo resultante no hizo realidad los recelos de quienes aguardaban o profetizaban la desvertebraci¨®n o la ruptura de Espa?a.
Hasta ahora el proceso territorial se ha basado en un juego de resultantes, donde Espa?a como un todo y los territorios como partes, han salido ganando, han salido fortalecidos. El juego no consisti¨® nunca en decir: lo que yo me llevo a mi territorio lo pierde Espa?a como conjunto; cuando yo me fortalezco usted se debilita. No, no ha sido as¨ª. Ha sido siempre en positivo. El territorio se lleva como competencias lo que al ciudadano le viene bien, y el Estado mantiene, por su parte, las competencias que permiten la cohesi¨®n del conjunto y la igualaci¨®n de derechos en el espacio que compartimos y que se llama Espa?a. Ese es el camino que debemos seguir recorriendo para perfeccionar el sistema, para hacerlo m¨¢s eficaz y para que el proceso siga siendo de suma positiva para las partes y para el todo.
Ese es el desaf¨ªo y ese es el reto. Si digo que la experiencia ha sido buena, a?ado, a continuaci¨®n, que nunca un ¨¦xito ha dejado de tener problemas de ajuste e incluso insatisfacciones. Mi propuesta es, por tanto, que sobre el ¨¦xito de la experiencia vivida podemos mejorar y corregir, pero me opondr¨¦ a que los pasos que den debiliten a ese conjunto que llamamos Espa?a, a costa de fortalecer a las autonom¨ªas, porque todos saldr¨ªamos perdiendo y especialmente, los m¨¢s d¨¦biles. La experiencia sali¨® bien. Si la tocamos tiene que ser para mejorarla y para que la suma siga siendo m¨¢s positiva que antes. El ¨²nico camino que me parece negativo es el que pretende conseguir el fortalecimiento de las partes, de uno o de los 17 territorios, a costa de debilitar el conjunto.
Yo puedo hacer el esfuerzo de comprender las razones que le llevan a pretender adaptar la legislaci¨®n a las demandas ciudadanas de algunos territorios para quedarse con 20 o 30 competencias, que nos pertenec¨ªan a todos. Pero esas competencias no son del Gobierno, ni siquiera de las Cortes Generales. Esas competencias nos pertenec¨ªan a todos los espa?oles y a ellos no se les ha preguntado para que dejen de ser suyas y pasen a ser de unos cuantos. Sin duda, el Gobierno, al quedarse sin esas competencias, se debilitar¨ªa, pero en mi opini¨®n, todos saldr¨ªamos m¨¢s d¨¦biles de esa operaci¨®n. En ¨²ltima instancia, dando por supuesto que todos aceptamos que tiene que existir un Gobierno para todos, para Espa?a, lo m¨¢s sensato ser¨ªa ponernos de acuerdo en se?alar cu¨¢les son las competencias que debe ejercer el Gobierno de Espa?a en exclusiva e irrenunciables para representarnos a todos en ese espacio com¨²n.
Me parecer¨ªa un avance muy significativo y tranquilizador si, del debate surgido despu¨¦s de la sentencia del Tribunal Constitucional, el presidente del Gobierno de mi pa¨ªs hiciera el pronunciamiento firme de que la defensa nacional, la pol¨ªtica exterior, la garant¨ªa en materia de justicia y de seguridad, en definitiva, la igualdad ante la ley, la Hacienda p¨²blica com¨²n -la que nos trata como a ciudadanos y no como a territorios- con una fiscalidad que sea la consecuencia de nuestra condici¨®n de ciudadanos espa?oles y no del lugar en que vivimos, son competencias irrenunciables del Gobierno central.
La coordinaci¨®n general y la cohesi¨®n nacional deben ser competencias y funciones que jam¨¢s un Gobierno espa?ol debe perder. Si no fuera as¨ª, si esas competencias entran en la subasta auton¨®mica, me temo que ni este Gobierno, ni ning¨²n Gobierno futuro, estar¨ªan en condiciones de responsabilizarse y de garantizar los derechos ciudadanos en el espacio com¨²n que compartimos en Espa?a. Si no queda absoluta y convincentemente asumido y defendido que esas competencias son intocables, mucho me temo que empezar¨¢ la subasta y que todo el mundo comenzar¨¢ a pedir lo mismo. El resultado no ser¨¢ m¨¢s y mejor de lo que iniciamos en 1978, sino menos y peor. Esa es la responsabilidad del Gobierno espa?ol y por ella ser¨¢ juzgado.
Esta forma de entender Espa?a no es similar a la que defiende el PP, como se le ha dicho a Bono. Es el PP, que no vot¨® el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n, el que se ha aproximado a esta interpretaci¨®n. Lo incre¨ªble es que algunos socialistas se est¨¦n acercando a la interpretaci¨®n que de Espa?a hacen los nacionalistas perif¨¦ricos. Esta es la pen¨²ltima: "A diferencia de hace 30 a?os, ahora ya no hay riesgos de una represi¨®n militar", dijo el se?or Puigcerc¨°s la pasada semana en un ejercicio de cobard¨ªa y deslealtad.
Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.
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