Deforestadores impunes en la Amazonia

Brasil se prepara para conceder una amnist¨ªa general a los responsables de los desastres ecol¨®gicos cometidos en su vasto territorio. Y lo hace despu¨¦s de que una Comisi¨®n Especial del Congreso haya aprobado por aplastante mayor¨ªa (trece votos a favor y cinco en contra) una reforma del C¨®digo Forestal brasile?o que regula los niveles m¨¢ximos de destrucci¨®n. Los diputados ruralistas, aquellos que defienden los intereses del sector agropecuario, a veces incluso en detrimento del medio ambiente, son numerosos en el Congreso y en el Senado. Y todo apunta a que su conveniencia se convertir¨¢ pronto en ley.

El nuevo c¨®digo tambi¨¦n reduce las m¨¢rgenes preservadas de los r¨ªos y da m¨¢s poder a los Gobiernos de los Estados brasile?os a la hora de aplicar las normas medioambientales. El conjunto no puede ser m¨¢s desolador para los sectores ecologistas, que califican el nuevo c¨®digo de "retroceso hist¨®rico". Obviamente, en el ojo del hurac¨¢n se sit¨²a el Amazonas.

El 'lobby' agrario est¨¢ presente igual en la izquierda como en la derecha

Las multas que se van a perdonar superan los 3.500 millones de euros

La ecuaci¨®n es b¨¢sica: los diputados ruralistas tienen el control del Congreso ya que no pertenecen a ning¨²n partido en concreto: tienen amplia presencia en todas las formaciones, ya sean de izquierdas o de derechas. Haciendo uso de esta fuerza han conseguido aprobar en primera instancia la reforma del C¨®digo Forestal. Las elecciones presidenciales brasile?as se celebrar¨¢n el pr¨®ximo 3 de octubre, y el voto de agricultores y ganaderos vale su peso en oro en Brasil, donde el sector agropecuario es muy poderoso. Una reforma legislativa que implique flexibilizar las normas medioambientales en beneficio de la productividad y que establezca una amnist¨ªa general para los que hayan atentado contra el ecosistema es moneda de cambio valiosa a la hora de pedir votos.

"El escenario electoral es fundamental para entender lo que est¨¢ pasando. En este momento no existen las condiciones para abordar este asunto con mesura. Nosotros pedimos que se atrasara la votaci¨®n hasta despu¨¦s de las elecciones. Ellos (los ruralistas) quer¨ªan que se celebrara antes. De momento, han ganado", explica a EL PA?S Paulo Adario, director de la campa?a para el Amazonas de Greenpeace. "Esta discusi¨®n no puede llevarse a cabo en periodo electoral. Es nefasto para el medio ambiente que esta reforma se haya votado en este momento", abunda Paula Moreira, del Instituto de Investigaci¨®n Ambiental del Amazonas (IPAM).

El texto aprobado en la Comisi¨®n Especial proviene del diputado Aldo Rebelo, del Partido Comunista de Brasil (PSDOB), que defiende la reforma forestal asegurando que "el 90 % de las propiedades son irregulares y por lo tanto no consiguen establecer las ¨¢reas de reserva". Es cierto que el nuevo marco legal urge, ya que durante la ¨²ltima d¨¦cada la regulaci¨®n de las ¨¢reas protegidas brasile?as se desarrolla en una suerte de limbo legal que ha dado pie a numerosos desmanes. "Los ruralistas han escogido muy bien el momento y a la persona (Aldo Rebelo), que le ha dado un barniz ideol¨®gico a un discurso puramente econ¨®mico. Es curioso observar c¨®mo la izquierda ha consolidando el discurso de la derecha", relata Adario.

"En el texto no hay ninguna propuesta de amnist¨ªa", replica Rebelo en una conversaci¨®n telef¨®nica con este diario. "Lo que esta reforma hace es copiar un decreto del Gobierno Federal que ya existe y que suspende las multas administrativas para que los propietarios puedan regularizar su situaci¨®n", a?ade. "S¨ª es una amnist¨ªa desde un punto de vista t¨¦cnico. Pero lo m¨¢s grave es que desde el punto de vista simb¨®lico o pol¨ªtico, esta reforma beneficia a todo aquel que deforest¨® ilegalmente hasta julio de 2008. Y esto servir¨¢ de est¨ªmulo para nuevas deforestaciones", le contradice Andr¨¦ Lima, candidato a diputado por el Partido Verde (PV).

Rebelo no oculta que su propuesta tambi¨¦n recoge motivaciones de car¨¢cter econ¨®mico: "Existen las cuestiones medioambiental y de producci¨®n rural. Pero tambi¨¦n existe una guerra comercial. ONG financiadas por Europa y EE UU apoyan los intereses de la agricultura subvencionada en sus pa¨ªses. Evidentemente, estos intereses existen y yo, como legislador, defiendo el medio ambiente, pero teniendo en cuenta los intereses de la agricultura brasile?a".

Seg¨²n los c¨¢lculos de Greenpeace, la amnist¨ªa que se pretende extender a todos los delitos contra la vegetaci¨®n cometidos antes de 2008 (a?o en que el Gobierno brasile?o aprob¨® un marco legal consolidado para regular los cr¨ªmenes medioambientales) supondr¨ªa la condonaci¨®n de una deuda con el Estado por valor de 8.000 millones de reales (m¨¢s de 3.500 millones de euros). El Ministerio de Medio Ambiente eleva esta cifra a 10.000 millones de reales (m¨¢s de 4.400 millones de euros). Esto quiere decir que aquellas personas o empresas que fueron condenadas por deforestar ilegalmente quedar¨ªan impunes tras regularizar la situaci¨®n de sus propiedades en un plazo de cinco a?os. Despu¨¦s, sus procesos ser¨ªan archivados definitivamente. "Para entendernos: estas personas ganaron mucho dinero con esos delitos y ahora van a ganar el doble, ya que se van a ahorrar la multa. Es una tremenda injusticia con los agricultores, que hacen enormes esfuerzos para adaptarse y cumplir la legislaci¨®n medioambiental", afirma Moreira.

El nuevo C¨®digo Forestal tambi¨¦n establece que en r¨ªos de menos de cinco metros de ancho las m¨¢rgenes de preservaci¨®n forestal se reduzcan de 30 a 15 metros, y hasta a 7,5 metros si as¨ª lo deciden las autoridades del Estado. "Hemos calculado que 86 millones de hect¨¢reas de selva podr¨¢n ser deforestadas legalmente si el texto sale adelante. Es una superficie que supera todo lo destruido en la historia de la Amazonia", alerta Adario. "Es una mentira m¨¢s de Greenpeace y de otras ONG. Si son capaces de demostrar que mi texto autoriza a deforestar una sola hect¨¢rea en el Amazonas, renunciar¨¦ a mi mandato de diputado", promete Rebelo.

El texto tambi¨¦n deja en manos de los Estados brasile?os la posibilidad de flexibilizar la aplicaci¨®n del nuevo c¨®digo en funci¨®n de las caracter¨ªsticas de la regi¨®n. "La l¨®gica indica que los Estados tienen mayor agilidad a la hora de aplicar la norma, pero tambi¨¦n est¨¢n m¨¢s sujetos a las presiones de los lobbies y a casos de corrupci¨®n", alerta el responsable de Greenpeace.