La fiscal¨ªa acusa de prevaricaci¨®n al ex director de Sanidad de Vizcaya
Concluye que Elorriaga se salt¨® el procedimiento legal de forma exagerada
El caso Marg¨¹ello se acelera en su vertiente judicial. La Fiscal¨ªa de la Audiencia de Vizcaya ha acusado al ex director de Sanidad en este territorio, Jos¨¦ Ram¨®n Elorriaga, de un delito de prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n injusta a sabiendas) por conceder la autorizaci¨®n de funcionamiento a una de las empresas implicadas en las adjudicaciones irregulares de contratos p¨²blicos sanitarios durante 11 a?os. Seis compa?¨ªas, relacionadas con el ex director de Calidad del Hospital de Cruces Jos¨¦ Carlos Marg¨¹ello, recibieron contratos de la Administraci¨®n vasca por un total de 33,5 millones, de los que 28 millones proced¨ªan de adjudicaciones en los que se cometieron graves irregularidades, seg¨²n la consejer¨ªa.
El ministerio p¨²blico quiere comprobar si se cometieron m¨¢s delitos
Un Juzgado de Instrucci¨®n de Bilbao recibe la querella
El caso, destapado hace poco m¨¢s de un a?o, empez¨® con una investigaci¨®n interna de Sanidad sobre las adjudicaciones, en las que se constat¨® la supuesta implicaci¨®n de otros ex altos cargos del departamento, dirigido esos a?os por Gabriel Incl¨¢n. Fue el caso del ex director de Sanidad en Vizcaya Jos¨¦ Ram¨®n Elorriaga, quien autoriz¨® en junio de 2006 a contratar con la Administraci¨®n a la empresa Gesti¨®n Servicios Sanitarios XXI, de la que Marg¨¹ello es apoderado desde febrero de 2006 "con plenitud de competencia y atribuciones", seg¨²n ha constatado el Tribunal Vasco de Cuentas. La autorizaci¨®n se concedi¨® el mismo d¨ªa en que la empresa la solicit¨®, algo muy inusual, y sin que se realizase una inspecci¨®n previa de la firma.
La fiscal¨ªa, que investiga desde abril pasado estas actuaciones administrativas, ha confirmado las consideraciones de Sanidad y el Tribunal de Cuentas. La pasada semana, envi¨® a los juzgados de Bilbao una querella por prevaricaci¨®n contra Elorriaga. El escrito recalca que el ex alto cargo se salt¨® el procedimiento legal de una manera exagerada, seg¨²n se?alaron a EL PA?S fuentes jur¨ªdicas. Adem¨¢s, alude a la falta de inspecci¨®n y control que debe existir en el caso de un funcionario p¨²blico.
La querella ha correspondido por reparto al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Bilbao, que, al encontrarse su titular de vacaciones, a¨²n no ha adoptado medidas. La fiscal¨ªa pide al juzgado que realice una serie de diligencias para comprobar si Elorriaga pudo cometer otros delitos, seg¨²n dichas fuentes.
La investigaci¨®n interna de Sanidad concluy¨® que "resulta evidente la ausencia de todo procedimiento" en las concesiones de los contratos a Gesti¨®n Servicios Sanitarios XXI y que la autorizaci¨®n sanitaria de funcionamiento se otorg¨® en junio de 2006 con la simple "presentaci¨®n incompleta de documentaci¨®n".
Dicha empresa form¨® adem¨¢s una uni¨®n temporal con la Cl¨ªnica Indautxu y Rehabilidom, creada para derivar pacientes de Osakidetza, y pas¨® de recibir 212.800 euros por sus servicios a 2,7 millones por igual trabajo.
Gesti¨®n Servicios Sanitarios XXI pidi¨® la autorizaci¨®n para poder contratar con Sanidad en febrero de 2006, el mismo mes desde el que tiene como apoderado a Marg¨¹ello, como ha comprobado el Tribunal de Cuentas, pero no la obtuvo. El 9 de junio, la present¨® de nuevo y fue aceptada y resuelta el mismo d¨ªa por la direcci¨®n territorial de Sanidad.
La fiscal¨ªa deber¨¢ tambi¨¦n analizar en breve el asunto central de este caso -las contrataciones irregulares con seis empresas relacionadas con Marg¨¹ello- despu¨¦s de que el PSE anunciase que remitir¨¢ a los tribunales el informe del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas que ha constatado irregulariddades en los expedientes. La parlamentaria socialista Blanca Roncal asegur¨® a finales de julio que existe "un abrumador c¨²mulo de irregularidades de Sanidad" cometidas durante los 11 a?os (entre 1999 y 2009) en que estuvo dirigido por Incl¨¢n.
Una autorizaci¨®n nula
La querella de la fiscal¨ªa llega dos semanas despu¨¦s del informe definitivo del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas sobre el caso Marg¨¹ello, que consider¨® "nula de pleno derecho" la autorizaci¨®n concedida por Jos¨¦ Ram¨®n Elorriaga a la empresa ligada al ex director de Calidad de Cruces. El ¨®rgano fiscalizador cuestion¨® tambi¨¦n la variaci¨®n de precios en la adjudicaci¨®n a Gesti¨®n Servicios Sanitarios XXI, en cuyo expediente se hablaba de la posibilidad de pactar "precios de mutuo acuerdo". El tribunal concluye que esa actuaci¨®n es contraria a la ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas.
El informe agrega que, al revisar las facturas, un 20% del importe no corresponde a las tarifas previstas y, en un caso de sesiones de rehabilitaci¨®n, duplica lo establecido.
El ¨®rgano auditor concluye que la contrataci¨®n de esta empresa "no fue realizada con la debida transparencia", al usar el procedimiento de urgencia y no existir publicidad ni concurrencia para la provisi¨®n de los servicios sanitarios. "Se han prestado servicios no contemplados ni en el contrato ni en la orden", dice el texto, en referencia a un informe de la Seguridad Social, que no tiene inscrita a esa firma, "lo que indica que no dispon¨ªa de personal para llevar a cabo el servicio".
Una ex letrada de Sanidad asegur¨® ante la comisi¨®n de investigaci¨®n del Parlamento que sus instalaciones se limitaban a una sala en la que una persona atend¨ªa el tel¨¦fono y derivaba pacientes.
La comisi¨®n espera a Churiaque
La comisi¨®n del Parlamento vasco que desde marzo pasado investiga las supuestas irregularidades en contrataciones con Sanidad, ante la que ya han comparecido entre otros el ex consejero Gabriel Incl¨¢n, espera ahora la preencia del presidente del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas, Jos¨¦ Ignacio Mart¨ªnez Churiaque.
Ser¨¢ ¨¦l quien reinicie el turno de comparecencias el pr¨®ximo septiembre, a la vuelta de las vacaciones, y es un testimonio esperado para analizar m¨¢s en detalle el contundente informe del ¨®rgano fiscalizador.
El texto incluye las alegaciones de los implicados: Marg¨¹ello y otros dos m¨¦dicos, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga. Los tres niegan la existencia de incompatibilidades porque no eran administradores de las empresas cuestionadas. El Tribunal de Cuentas ha recordado que ello no es necesario, ya que la ley lo proh¨ªbe tambi¨¦n en empresas donde "sus propietarios o trabajadores incurran en incompatibilidad". Todos ellos limitaban su participaci¨®n en las compa?¨ªas a un mejor asesoramiento y pidieron una "interpretaci¨®n m¨¢s cabal de la legislaci¨®n".
El ex consejero Gabriel Incl¨¢n, quien tambi¨¦n present¨® alegaciones al informe, ha negado que exista "ninguna trama" en este caso. Justifica los procedimientos de emergencia empleados en las contrataciones debido a un mandato del Parlamento para reducir las listas de espera.
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