El Constitucional condena al PP de Camps por negar informaci¨®n de G¨¹rtel

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia que condena a las Cortes Valencianas por la "vulneraci¨®n de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo de Comprom¨ªs, cuyas iniciativas sobre el caso G¨¹rtel fueron rechazadas por la Mesa de la C¨¢mara. El alto tribunal ordena "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participaci¨®n pol¨ªtica" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa, seg¨²n adelant¨® ayer el diario Levante. La sentencia, dictada el 26 de julio sin ning¨²n voto particular, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Arag¨®n Reyes. La sala estaba compuesta adem¨¢s por la presidenta del TC, Mar¨ªa Emilia Casas, y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodr¨ªguez-Zapata y Pablo P¨¦rez Tremps.

La sentencia ha sido aprobada sin ning¨²n voto particular

En el caso G¨¹rtel, que estall¨® a principios de febrero de 2009, fueron imputados inicialmente el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, el ex vicepresidente del Consell V¨ªctor Campos, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, y el ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo Rafael Betoret, por recibir presuntamente regalos de las empresas de la trama corrupta que dirig¨ªa Francisco Correa. La actual presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Mart¨ªnez, que adjudic¨® contratos a empresas de la trama cuando era consejera de Turismo, tambi¨¦n recibi¨® regalos.

Semanas despu¨¦s de que estallara el caso, los diputados de Comprom¨ªs presentaron una bater¨ªa de preguntas dirigidas a las diferentes consejer¨ªas del Gobierno de Camps. Quer¨ªan saber si hab¨ªan firmado contratos con las empresas de la trama corrupta. La Mesa de las Cortes rechaz¨® la tramitaci¨®n de las iniciativas escud¨¢ndose en el art¨ªculo 153.2 del reglamento de la C¨¢mara, que permite vetar las preguntas "que se refieran a persona f¨ªsica o jur¨ªdica que no tenga una trascendencia p¨²blica en el ¨¢mbito de la Comunidad Valenciana". El posterior recurso de reposici¨®n presentado por Comprom¨ªs para que la Mesa reconsiderara su decisi¨®n fue desestimado y los diputados recurrieron en amparo ante el Constitucional.

Y el alto tribunal les ha dado plenamente la raz¨®n, en una sentencia que supone un varapalo a la forma de actuar del PP en las Cortes. El TC considera que la limitaci¨®n que establece el reglamento de la C¨¢mara al derecho a formular iniciativas -algo que, seg¨²n recuerda, forma parte del "n¨²cleo de la funci¨®n representativa" del diputado- solo puede justificarse con "una motivaci¨®n expresa, suficiente y adecuada".

El alto tribunal desmonta por completo la excusa reglamentaria del PP al se?alar que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten absolutamente de personas sin trascendencia p¨²blica", puesto que se pregunta sobre "si se hab¨ªan celebrado contratos p¨²blicos entre las consejer¨ªas del Ejecutivo valenciano y una serie de empresas relacionadas con la investigaci¨®n judicial sobre el conocido como caso G¨¹rtel". Es m¨¢s, el TC ve en las preguntas una "innegable vinculaci¨®n con la actividad de control del Gobierno, que integra la esencia de la actividad parlamentaria". Y a?ade que la "obligaci¨®n de interpretar las normas parlamentarias del modo m¨¢s favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habr¨ªa obligado, en principio, a su admisi¨®n a tr¨¢mite".

Esta es la tercera sentencia del TC contra la falta de transparencia del Parlamento valenciano, que es la C¨¢mara auton¨®mica con m¨¢s condenas por vulnerar los derechos de los diputados. Las dos anteriores tambi¨¦n se refer¨ªan a iniciativas vetadas por la Mesa, aunque eran de la anterior legislatura, por lo que constituyeron una reparaci¨®n moral. Ahora, en cambio, las Cortes deber¨¢n tramitar de nuevo las preguntas de Comprom¨ªs. Queda por saber qu¨¦ responder¨¢ el Consell. La oposici¨®n tiene pocas dudas, a la vista de las reiteradas evasivas del PP desde que estall¨® el caso G¨¹rtel.