El cuerpo del gatillo f¨¢cil

B. J. vive en un barrio de casas bajas en la periferia de Buenos Aires, en el municipio de Lomas de Zamora. No hace mucho un agente de seguridad privada ofreci¨® sus servicios a los vecinos: patrullar¨ªa la zona para ahuyentar a ladrones y avisar a la polic¨ªa en caso de sospecha. B. J. no acept¨® el servicio; otros vecinos s¨ª. Dos meses despu¨¦s, se registraron tres robos en casas en solo 10 d¨ªas. Dos de esas tres viviendas pagaban la seguridad privada. B. J. y otros vecinos se quejaron de inmediato al comisario de la zona: tem¨ªan que su tranquilo barrio se hubiera convertido en una zona liberada, es decir, desprotegida por las fuerzas de seguridad para que delincuentes, en connivencia con ellas, cometan delitos.

Los asesinatos a manos de agentes crecieron un 15% el a?o pasado

246 polic¨ªas fueron expulsados en julio en la provincia de Buenos Aires

Cuando los vecinos le comunicaron sus inquietudes, el comisario se hizo el sorprendido. Pero en cuesti¨®n de horas el agente de seguridad privada dej¨® de trabajar en el barrio y, en pocas semanas, el comisario fue trasladado a otro distrito (uno de los vecinos contaba con buenos contactos pol¨ªticos).

Casi todas las semanas se leen en la prensa uno o varios casos de miembros de las fuerzas de seguridad de Argentina involucrados en delitos, desde torturas y asesinatos de presuntos delincuentes hasta robos, narcotr¨¢fico, secuestros, proxenetismo y contrabando. Los casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad -en casos de gatillo f¨¢cil (fusilamiento en tiroteos), represi¨®n de manifestaciones, en c¨¢rceles y comisar¨ªas (muchas veces por torturas), en conflictos entre uniformados o con sus familiares, o desapariciones- han crecido s¨²bitamente en 2009: de las 209 muertes en 2008, cuando se registr¨® una cifra similar a a?os anteriores, se pas¨® a 241, un 15% m¨¢s, seg¨²n los datos de la Coordinadora Contra la Represi¨®n Policial e Institucional.

Tambi¨¦n se repiten con frecuencia los casos de polic¨ªas muertos en cumplimiento de su deber. A¨²n as¨ª, Argentina contin¨²a siendo considerado un pa¨ªs moderadamente seguro dentro de Latinoam¨¦rica. La tasa de homicidios es de 5,27 por cada 100.000 habitantes, menor a la de Estados Unidos (5,4), pero superior a la de Espa?a (1,2). Lejos est¨¢ Argentina de pa¨ªses de su regi¨®n como El Salvador (71), Venezuela (49), Brasil (25,2) o M¨¦xico (14).

Uno de los casos m¨¢s emblem¨¢ticos de los ¨²ltimos tiempos que demuestra la connivencia de la polic¨ªa argentina con el delito y la represi¨®n ilegal es el de Luciano Arruga, un adolescente pobre de 16 a?os que desapareci¨® en febrero pasado despu¨¦s de haber estado detenido en una comisar¨ªa del municipio de La Matanza, al suroeste de Buenos Aires. Organizaciones de derechos humanos sospechan que Arruga fue torturado por negarse a convertirse en un ladr¨®n a sueldo de los polic¨ªas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales advirti¨® en su ¨²ltimo informe sobre los derechos humanos en Argentina que aument¨® "el uso de la fuerza por partes de las polic¨ªas y otras fuerzas de seguridad". EL PA?S consult¨® al respecto a los ministerios de Seguridad de Argentina y de la provincia de Buenos Aires, pero no obtuvo respuesta.

En julio, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, ech¨®, al mes de llegar al cargo, a 246 polic¨ªas porque estaban investigados por robos, corrupci¨®n y hasta un homicidio. En abril, el Ayuntamiento de Buenos Aires hab¨ªa destituido a ocho de los 16 jefes de la nueva polic¨ªa metropolitana, que se estren¨® en enero, porque se descubri¨® que ten¨ªan antecedentes de cuando serv¨ªan en otros cuerpos.

Al repasar la prensa argentina desde enero hasta ahora se suceden las noticias de polic¨ªas investigados, procesados o detenidos por delitos. Homicidios, robos a cajeros autom¨¢ticos, supermercados, bancos o camiones... los delitos son de todo tipo. Hace poco, cinco agentes fueron expulsados por extorsionar a una persona a la que amenazaban con montarle una causa falsa para acusarle de tr¨¢fico de drogas. Tambi¨¦n ha habido acusaciones de violaci¨®n. Un comisario fue relevado de su puesto por denunciar que dos de sus agentes vend¨ªan drogas a presos en su dependencia. Hace poco, nueve agentes fueron procesados por exigir dinero a comerciantes a cambio de seguridad.

Pero, pese a las expulsiones masivas de polic¨ªas, los pol¨ªticos argentinos no logran controlar el problema.