No es una utop¨ªa

Habr¨ªa menos corrupci¨®n si hubiera m¨¢s transparencia: si los poderes p¨²blicos estuvieran obligados a facilitar los documentos sobre la utilizaci¨®n de fondos p¨²blicos, contratos urban¨ªsticos, actas de reuniones, contenido de dict¨¢menes pagados a precio de oro y otras informaciones a cualquier ciudadano que lo solicitase. Tambi¨¦n habr¨ªa menos falsos debates.

No es una utop¨ªa: las deliberaciones de la Reserva Federal de EE UU son p¨²blicas unas semanas despu¨¦s de producirse, lo que permite conocer el fundamento de sus decisiones, y el Gobierno de Reino Unido ha tenido que facilitar el coste de los coches oficiales que utilizan sus miembros. Pero no es una pr¨¢ctica espont¨¢nea: han tenido que aprobarse leyes que obligan a las administraciones a facilitar la informaci¨®n que se les solicite para que se rompa la tendencia espont¨¢nea de todo poder a la opacidad. Espa?a se sumar¨¢ pronto a los pa¨ªses que cuentan con una legislaci¨®n de ese tipo.

La Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Informaci¨®n P¨²blica se incorpora con retraso. Casi todos los pa¨ªses de la UE tienen normas que obligan a las administraciones y todo tipo de fundaciones y organismos financiados con fondos p¨²blicos a responder a las demandas de informaci¨®n de los ciudadanos. Zapatero llevaba en su programa de 2004 el compromiso de hacer lo mismo, y su partido lo reafirm¨® con ¨¦nfasis en una ponencia de su 37? congreso, en 2008. Finalmente, existe ya un anteproyecto que est¨¢ previsto someter al Consejo de Ministros en su primera reuni¨®n tras las vacaciones.

El texto, cuyas l¨ªneas maestras adelant¨® ayer EL PA?S, sigue las recomendaciones del Consejo de Europa, empezando por el principio de que la norma es la publicidad de la informaci¨®n, y la excepci¨®n, las restricciones a facilitarla. Es decir, lo contrario de lo que ha venido siendo habitual. Un efecto de ese principio es acabar con la pr¨¢ctica de pedir explicaciones a quien pregunta: para qu¨¦ quiere esa informaci¨®n. El ciudadano no estar¨¢ obligado a justificar su demanda, mientras que ser¨¢ la Administraci¨®n afectada la que tendr¨¢ que motivar, en su caso, su negativa a responderla.

Y las causas para hacerlo est¨¢n tasadas. Las limitaciones principales son las relacionadas con la seguridad nacional, la prevenci¨®n de actividades criminales, los secretos comerciales y la protecci¨®n de la intimidad. En conjunto parece una norma que respeta los principios de sencillez en el procedimiento, rapidez y gratuidad, sin los que el derecho proclamado ser¨ªa papel mojado. Ese derecho es universal, de cualquier ciudadano, incluyendo, por supuesto, a los periodistas.

Es de esperar que la nueva ley acabe con la opacidad de la Administraci¨®n y los pol¨ªticos, que se resume en esa costumbre de que, cada vez que aparece una informaci¨®n comprometedora, su reacci¨®n sea averiguar qui¨¦n la ha filtrado y no si es verdadera y qui¨¦n es el responsable del hecho denunciado.