Pi?era dice que no habr¨¢ impunidad

El presidente de Chile, Sebasti¨¢n Pi?era, anunci¨® ayer que no habr¨¢ impunidad para los responsables del derrumbe de la mina San Jos¨¦, que mantiene sepultados a 33 trabajadores . La empresa propietaria de la mina, San Esteban, no ha participado en las labores de rescate y tard¨® en avisar del accidente, adem¨¢s de vulnerar normas de seguridad y no pagar el seguro social de los mineros, seg¨²n las denuncias. Un abogado de San Esteban afirm¨® ayer que la empresa podr¨ªa declararse en quiebra, porque carece de liquidez para pagar los gastos que se avecinan.

La C¨¢mara de Diputados inici¨® hace d¨ªas una investigaci¨®n del derrumbe, mientras ayer se esperaba que 24 de las 33 familias de los mineros interpusieran una querella contra los propietarios de la mina y el Estado. "Vamos a investigar las responsabilidades y sancionar a los que tengan culpabilidad", afirm¨® Pi?era ayer.

El historial de la mina San Jos¨¦ registra m¨¢s de 80 accidentes

El Gobierno quiere reforzar las medidas de protecci¨®n de los trabajadores

La mina San Jos¨¦, cuyo historial registra m¨¢s de 80 accidentes y que hab¨ªa sido clausurada tras la muerte de un minero, consigui¨® de un modo todav¨ªa no aclarado ser reabierta en 2008. El Servicio Nacional de Geolog¨ªa y Miner¨ªa (Sernageomin), el ¨®rgano estatal que fiscaliza la seguridad de las operaciones mineras, le hab¨ªa exigido que instalara una escalera en el conducto de ventilaci¨®n para que los trabajadores pudieran salir en caso de accidente.

Sin cumplir esta condici¨®n, la empresa logr¨® reabrir la instalaci¨®n. El jefe del Sernageomin, depuesto por Pi?era, sostuvo ante la comisi¨®n investigadora que la autorizaci¨®n la dio un subordinado suyo, sin que ¨¦l se enterara.

Los ¨®rganos fiscalizadores trabajan con una pobreza franciscana de medios y personal. Para vigilar la seguridad de 1.000 instalaciones mineras en la regi¨®n de Atacama, donde se encuentra la mina San Jos¨¦, el Sernageomin cuenta con solo dos inspectores. Los sindicatos han denunciado adem¨¢s las precarias condiciones de seguridad en las minas peque?as y medianas, que las empresas sobreexplotan en los periodos de buenos precios de los metales.

Una de las consecuencias que deja el derrumbe es la decisi¨®n del Gobierno de mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de distintos sectores. Pi?era form¨® ayer una comisi¨®n de expertos, que encabeza la ministra del Trabajo, Camila Merino, para que en 90 d¨ªas entregue propuestas para ampliar las atribuciones de los organismos fiscalizadores del Estado y las sanciones a las empresas que vulneran las normas en la miner¨ªa, construcci¨®n, agricultura e industria.

En la actualidad, a muchas empresas les resulta m¨¢s econ¨®mico pagar una multa por incumplir una norma de seguridad que invertir para mejorar las condiciones en las que est¨¢n los trabajadores. Pi?era dijo confiar en que el derrumbe en la mina San Jos¨¦ sirva para dar un "gigantesco salto adelante en la dignidad, la seguridad y las condiciones" en las que se desempe?an los trabajadores.

El accidente, que pudo ser evitado si la empresa y el organismo estatal que la fiscalizaba hubiesen cumplido con las normas, ha provocado una indignaci¨®n general. Y tambi¨¦n una reacci¨®n de unidad de todos los sectores pol¨ªticos, simbolizada por el abrazo que se dieron el domingo, junto a la mina, el presidente Pi?era, de derecha, y la senadora socialista Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende, cuando se pudo establecer que los mineros estaban vivos.