Vivienda social hasta que la muerte nos separe

"No va a estar todo el mundo de acuerdo y creo que vamos a generar una buena pol¨¦mica". El primer ministro brit¨¢nico, el conservador David Cameron, ha avisado de que su pr¨®ximo paso va a molestar a mucha gente. Si su propuesta sale adelante, las viviendas sociales dejar¨¢n de ser vitalicias. Las Administraciones llevar¨¢n a cabo inspecciones cada ciertos a?os y los beneficiarios con un sueldo suficiente para pagar un alojamiento a precio de mercado tendr¨¢n que mudarse. Adi¨®s a aquellos council homes a los que uno acced¨ªa con el convencimiento de que se podr¨ªa morir en ellos, sin importar el dinero que fuera a ganar el resto de su vida. E incluso que en muchos casos heredar¨ªan sus hijos.

El PP y CC OO rechazan abandonar el apoyo a la propiedad

La rehabilitaci¨®n y el alquiler son ahora prioridades del Gobierno

M¨¢s del 30% de las familias brit¨¢nicas vive de alquiler. En Espa?a, solo el 11%

El fraude se hace frecuente en torno a las casas de protecci¨®n oficial

No tendr¨¢ f¨¢cil Cameron salirse con la suya. En primer lugar, porque sus socios de Gobierno, los liberal-dem¨®cratas, han recibido de u?as el globo sonda que el premier lanz¨® a principios de agosto. Adem¨¢s, iniciativas similares ya chocaron con una fuerte oposici¨®n en Reino Unido. El ex primer ministro laborista Gordon Brown calific¨® de "dinamita pol¨ªtica" una propuesta parecida de su ministra de Vivienda. "Supone un paso m¨¢s tras 30 a?os de deliberada marginaci¨®n de las casas sociales y de las personas que viven en ellas. Cameron considera que cualquier persona que tenga un trabajo decente no deber¨ªa aspirar a uno de esos pisos", sosten¨ªa hace poco la articulista Lynsey Halen en el peri¨®dico de centro-izquierda The Guardian.

Es cierto que las pol¨ªticas de vivienda de Reino Unido son radicalmente distintas de las espa?olas, y que el parque p¨²blico de alquiler espa?ol es rid¨ªculo respecto al brit¨¢nico. Pero un grupo de expertos de la Fundaci¨®n de Estudios de Econom¨ªa Aplicada (Fedea) present¨® el a?o pasado un cat¨¢logo de recetas que guarda alg¨²n parecido con la que ahora defienden los conservadores brit¨¢nicos. Entre ellas estaba la de suprimir la vivienda de protecci¨®n oficial (VPO) en propiedad y reorientar todas las ayudas sociales hacia el alquiler.

El documento critica que la VPO, con un volumen muy limitado y una demanda muy amplia, se haya convertido en una especie de loter¨ªa en la que muy pocos beneficiados reciben una subvenci¨®n muy elevada. Una vez que se obtiene esta ayuda, aunque los ingresos de la familia se disparen, nunca se perder¨¢. Es m¨¢s: el r¨¦gimen de protecci¨®n suele tener un periodo fijo de 30 a?os, a partir del cual el piso se puede descalificar y pasar al mercado libre.

Los economistas de Fedea se agarraban a que la VPO no hab¨ªa ayudado en los ¨²ltimos a?os a contener los precios en el mercado libre y a que este r¨¦gimen generaba numerosos fraudes para argumentar por qu¨¦ se deber¨ªa suprimir la creaci¨®n de nueva vivienda protegida en propiedad y dedicar los recursos disponibles a financiar ayudas al alquiler en el mercado libre para personas con escasos recursos.

Es importante se?alar que entre la idea brit¨¢nica y la espa?ola hay una diferencia radical: la propuesta de Cameron implicar¨ªa la salida de muchas familias que ahora viven en los cuatro millones de council homes, mientras que la paralizaci¨®n de la VPO en propiedad no perjudicar¨ªa a los que ya tienen una, sino que impedir¨ªa que m¨¢s personas disfrutaran de ellas a partir de ahora. El peso del alquiler en Reino Unido es much¨ªsimo mayor que en Espa?a: as¨ª viven un 30% de las familias brit¨¢nicas frente a un 11% en Espa?a, tasa que se mantiene pr¨¢cticamente invariable desde hace d¨¦cadas. Pese a que ni los grandes partidos ni los sindicatos comparten la idea de abandonar con car¨¢cter inmediato la VPO en propiedad, la pol¨ªtica de austeridad del Gobierno ha forzado al ministerio a volcar sus escasos recursos en dos grandes prioridades: el alquiler y la rehabilitaci¨®n. La dura realidad de las cuentas del Estado ha obligado al Gobierno, por ejemplo, a eliminar la ayuda directa a la entrada para comprar un piso a partir del pr¨®ximo 1 de enero, que el a?o pasado absorbi¨® del presupuesto 300 millones de euros.

"Los recursos p¨²blicos tienen que ir destinados a quienes m¨¢s lo necesiten, ya sean ayudas o creaci¨®n de parque p¨²blico. Y los esfuerzos del Gobierno van a ir en esa direcci¨®n", asegura el director general del ministerio, Javier Ramos, que prefiere no pronunciarse sobre el anuncio de Cameron ni sobre las propuestas de Fedea. El Plan de Vivienda 2009-2012 destinaba el 40% de las ayudas a alquiler, pero entre estas inclu¨ªa la opci¨®n de alquiler con opci¨®n a compra, iniciativa en la que hab¨ªa sido pionera la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP.

Ni desde la oposici¨®n ni desde los sindicatos se apoya la idea de volcarse exclusivamente en el alquiler como v¨ªa para favorecer la accesibilidad a un techo digno. "Es cierto que las viviendas sociales para alquiler permiten una mayor rotaci¨®n y por lo tanto pueden ser usadas por las personas que tienen m¨¢s necesidades en cada momento, pero tambi¨¦n crean distorsiones. Por ejemplo, si una familia con un miembro en paro supera los ingresos establecidos al encontrar trabajo, perder¨ªa el derecho al disfrute de esa vivienda. Pero si vuelve a perder su empleo, se tendr¨ªa que poner otra vez a la cola para recibir una nueva casa social. Esta medida exigir¨ªa un parque de viviendas p¨²blicas en alquiler monstruoso", se?ala Pablo Matos, portavoz del PP en la Comisi¨®n de Vivienda del Congreso. Los economistas de Fedea niegan la mayor: ellos reclaman que las ayudas se concedan al alquiler, pero no con un parque p¨²blico, sino en el mercado libre, a trav¨¦s de desgravaciones fiscales o instrumentos parecidos. Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, comparte esta opini¨®n: "Es una barbaridad seguir construyendo vivienda p¨²blica habiendo m¨¢s de un mill¨®n de casas sin vender".

CC OO defiende el alquiler subvencionado para algunos colectivos, como el de j¨®venes o solteros; pero tambi¨¦n, de forma paralela, mantener una red de casas protegidas en propiedad para los m¨¢s desfavorecidos. "Claro que consideramos imprescindible un amplio parque de viviendas en alquiler. Pero en una circunstancia como la actual, con m¨¢s del 20% de paro, sigue teniendo sentido que se facilite el acceso a la propiedad a muchas personas al borde de la exclusi¨®n social", se?ala Javier Jim¨¦nez, secretario de pol¨ªtica sectorial de CC OO.

Uno de los objetivos de los expertos que abogan por acabar con la propiedad en la VPO es acabar con el fraude habitual en este r¨¦gimen. Estas viviendas no pueden descalificarse ni venderse a precio libre antes de un plazo determinado, que suele ser de 30 a?os. Si el adjudicatario quiere deshacerse de ella antes de ese plazo, debe solicitar un permiso de venta anticipada a su comunidad aut¨®noma y devolver todas las ayudas o subvenciones directas que hubiese recibido al adquirirla, incluyendo los tipos de inter¨¦s subsidiados. No obstante, el precio al que puede vender la casa est¨¢ establecido, en correlaci¨®n por lo que pag¨® en su d¨ªa el beneficiario de la VPO y que, obviamente, est¨¢ muy por debajo del precio de venta libre (en torno a la mitad).

En realidad, la venta se hace en ocasiones a precio de mercado, porque el propietario escritura la transmisi¨®n por la cantidad que marca la Administraci¨®n, y el resto lo cobra en negro. As¨ª, no solo elude el pago de plusval¨ªas, sino que defrauda a Hacienda.

"Los mecanismos de inspecci¨®n contra el fraude y seguimiento han sido siempre exiguos. Pero esto no es un problema exclusivo de la VPO, sino de muchos otros ¨¢mbitos", justifica el dirigente sindical.

"Donde exista el fraude hay que controlarlo. Pero eso no invalida una pol¨ªtica", se?ala Matos. "Ser¨ªa una forma muy buena de luchar contra el fraude. Si se aprobara esta medida, no ser¨ªa posible lo que vi hace poco: un edificio de VPO en Sabadell con 40 familias, de las que solo 15 cumpl¨ªan los requisitos oficiales. Tambi¨¦n hay fraude en el alquiler, pero ah¨ª es m¨¢s f¨¢cil detectarlo", se?ala el catedr¨¢tico Jos¨¦ Garc¨ªa Montalvo, uno de los impulsores de la iniciativa de Fedea.

El diputado popular a?ade otro argumento a favor de las ayudas en propiedad frente al alquiler: que los beneficiarios cuidan mucho m¨¢s los bienes si saben que se los van a quedar a perpetuidad, y los costes de mantenimiento son mucho menores. Garc¨ªa Montalvo muestra su desacuerdo: "Si hay que gastar m¨¢s en rehabilitaci¨®n se gasta. Lo que no es justo es que se distribuyan los derechos como si fueran una loter¨ªa. Que a alguien le caiga el gordo y el resto de solicitantes se queden sin nada".