El prolongado ocaso de las viviendas protegidas

El primer ministro brit¨¢nico, David Cameron, ha anunciado el prop¨®sito de su Gobierno de revisar la situaci¨®n de las viviendas sociales de alquiler, promovidas por los Ayuntamientos. Se trata de que los tenedores las abandonen si sus ingresos hubiesen mejorado significativamente respecto de la situaci¨®n de origen y superasen determinados m¨ªnimos.

La medida tiene claros ecos thatcherianos. El amplio parque p¨²blico brit¨¢nico de viviendas sociales en alquiler, creado en el mandato del laborista Clement Atlee (1945-1951), se vio sustancialmente reducido en los a?os de Margaret Thatcher. Esta forz¨® a los Ayuntamientos, al final de los a?os ochenta, a que vendiesen tales viviendas seg¨²n la ley de derecho a comprar (right to buy). Numerosos adquirentes pasaron del alquiler a la calle ante las fuertes elevaciones de los tipos de inter¨¦s del comienzo de la d¨¦cada de los noventa. No fue este un periodo brillante en la historia social del Reino Unido y algo tuvieron que ver dicha medida y el poll-tax con la ca¨ªda de la premier conservadora.

Los recortes de gasto p¨²blico puestos en marcha en Espa?a desde 2010 pueden afectar a la baja a la demanda de nuevas viviendas protegidas. El Ministerio de Vivienda tiene comprometida casi la mitad del gasto p¨²blico disponible en subsidios y subvenciones a los pr¨¦stamos a largo plazo de anteriores adquirentes de viviendas protegidas. El margen de maniobra se limita a los subsidios y subvenciones de las actuaciones protegidas que van a ponerse en marcha al calor del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitaci¨®n 2009-2012.

De disponer de financiaci¨®n crediticia e iniciarse nuevas viviendas protegidas, sus adquirentes disfrutar¨ªan casi en exclusiva de un precio de venta reducido. Disminuir¨ªan sustancialmente las ayudas adicionales a compradores de menores ingresos, entre las que la m¨¢s relevante es la correspondiente a la ayuda al pago de entrada.

En 2009-2010, dicho ministerio puso en marcha nuevas ayudas para la venta de viviendas procedentes del stock de viviendas libres terminadas y no vendidas, asimiladas a viviendas protegidas. El Gobierno ha simultaneado el ejercicio de la medida tradicional socialdem¨®crata consistente en ayudar a los adquirentes de nuevas viviendas protegidas con bajos ingresos y a la vez ha pretendido facilitar la salida del stock no vendido, una actuaci¨®n de signo diferente.

Un tiempo de escasez y de restricciones como el presente viene a ser un momento adecuado para acelerar las reformas. Las ayudas al acceso del ministerio deben concentrarse en los hogares con menos ingresos, que no pueden acceder a una vivienda en condiciones de mercado. No han bajado mucho los precios de venta en Espa?a a pesar de lo profundo de la crisis. Adem¨¢s, resulta complicado encontrar financiaci¨®n crediticia para las VPO de alquiler, pues bancos y cajas no ven en estas promociones la posibilidad de efectuar "ventas cruzadas".

Las ayudas directas al alquiler y a la rehabilitaci¨®n deben ser el destino final del gasto p¨²blico para el acceso a la vivienda en Espa?a, aunque parece dif¨ªcil hacer el cambio de forma abrupta. La rehabilitaci¨®n precisa, adem¨¢s, del desarrollo de pol¨ªticas urban¨ªsticas coherentes con los objetivos perseguidos por parte de Ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas. La VPO de nueva construcci¨®n deber¨¢ reducir su presencia, de forma equivalente a lo sucedido en el resto de Europa Occidental, donde los Gobiernos no construyen nuevas viviendas, pero en los que las ayudas directas a los arrendatarios de menores ingresos siguen teniendo una presencia significativa.

Julio Rodr¨ªguez L¨®pez es vocal del CES de Madrid y ex presidente del Banco Hipotecario.