Hacienda investiga los ayuntamientos en busca de fraudes urban¨ªsticos
La Agencia Tributaria ha pedido informaci¨®n a unos 150 municipios en los que hay indicios de irregularidades
Recalificaciones, adjudicaciones de suelo, promociones que se multiplican en sitios remotos... Los ayuntamientos son responsables de la actividad que m¨¢s riqueza ha generado en los ¨²ltimos a?os, el urbanismo. Pero al calor de esa riqueza han surgido tambi¨¦n fraudes monumentales. Consciente de esa realidad, la Agencia Tributaria rastrea los desarrollos urban¨ªsticos de numerosos municipios con indicios de irregularidades. Esa informaci¨®n resulta clave para desentra?ar casos graves de fraude inmobiliario.
Desde el a?o 2006, la Agencia ha pedido informaci¨®n a 55 municipios de forma directa, seg¨²n explica un portavoz. Otras fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que esa cifra se puede "duplicar o triplicar" si se tienen en cuenta las peticiones que realizan por su cuenta las delegaciones auton¨®micas de este organismo. As¨ª, la cifra m¨¢s optimista elevar¨ªa esos requerimientos de informaci¨®n por encima de 150.
Andaluc¨ªa encabeza la lista de corporaciones inspeccionadas
Le siguen la Comunidad Valenciana, Madrid y Catalu?a
La Vila Joiosa (Alicante) es el ¨²nico nombre que se conoce de la lista
Andaluc¨ªa encabeza la lista de comunidades con m¨¢s municipios rastreados por la Agencia Tributaria. La intensa actividad urban¨ªstica de los ¨²ltimos a?os, especialmente en la Costa del Sol, ha situado a los ayuntamientos andaluces en el foco de la Inspecci¨®n. Este organismo recuerda que grandes operaciones de corrupci¨®n, como Malaya o Ballena Blanca, con Marbella como tel¨®n de fondo, se originaron a ra¨ªz de datos suministrados por la Agencia Tributaria. Y esos datos provienen en buena parte de estas pesquisas a los ayuntamientos.
Adem¨¢s de Andaluc¨ªa, la Comunidad Valenciana, Madrid y Catalu?a constituyen los territorios m¨¢s investigados. De la Comunidad Valenciana es el ¨²nico ayuntamiento concreto al que se sabe que Hacienda ha pedido informaci¨®n, el de La Vila Joiosa. Este municipio alicantino pr¨®ximo a Benidorm ha experimentado un desenfrenado desarrollo urban¨ªstico, con adjudicaciones dudosas (m¨¢s de la mitad de los sectores del planeamiento urbano se encargaron a sociedades de promotores y empresas pr¨®ximas al Partido Popular, seg¨²n public¨® este diario). La Agencia Tributaria rechaza facilitar los nombres del resto de ayuntamientos bajo la lupa.
Para seleccionar los consistorios, Hacienda identifica los de "mayor riesgo fiscal" por el volumen de actividad inmobiliaria que hayan experimentado. Este criterio descarta a la mayor¨ªa de municipios y centra las pesquisas en muy pocos, en muchos casos costeros. "No es tan relevante el n¨²mero de ayuntamientos como las actuaciones que de ah¨ª se derivan", aseguran en la Agencia Tributaria.
Con la informaci¨®n solicitada, Hacienda investiga las modificaciones de planeamientos urban¨ªsticos municipales, la clasificaci¨®n, el uso y la edificabilidad del suelo, los nuevos instrumentos de planeamiento municipal, las adjudicaciones de suelo... El objetivo es revisar si lo que hay sobre el papel se corresponde con el desarrollo urban¨ªstico real.
Un portavoz de la Agencia Tributaria aclara que las irregularidades detectadas no siempre son imputables a los ayuntamientos. A veces el proceso municipal se ajusta a la legalidad, pero las promotoras se exceden (por ejemplo, construyendo m¨¢s, subcontratando irregularmente...). En cualquier caso, los supuestos de fraude cl¨¢sicos suelen implicar tanto corrupci¨®n de cargos p¨²blicos como ilegalidades empresariales.
La mayor parte de los casos de irregularidades urban¨ªsticas se salda con la apertura de un proceso inspector, la liquidaci¨®n de los impuestos defraudados (IVA, sociedades o tributos municipales, seg¨²n el caso) y la imposici¨®n de sanciones. Pero algunos de los supuestos destapan un fraude de mayor magnitud que Hacienda deriva a la fiscal¨ªa por indicios de delito fiscal (cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros y existe intenci¨®n de cometer fraude) o por otros como blanqueo de capitales o malversaci¨®n.
Hacienda comenz¨® a pedir informaci¨®n a los ayuntamientos en 2006, a ra¨ªz del plan de prevenci¨®n del fraude fiscal que constat¨® la "fuerte percepci¨®n social de que el fraude est¨¢ muy extendido en el sector inmobiliario". La Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, dise?a la estrategia de control de los ayuntamientos y da instrucciones a las delegaciones regionales de la Agencia para que escruten la informaci¨®n.
El fraude urban¨ªstico ha concentrado casi la mitad del trabajo de la Agencia Tributaria en los a?os del boom urban¨ªstico. El 40% de los inspectores se dedicaba a esas tareas. Con el declive del sector a partir de 2008, los recursos se reorientaron y ahora los esfuerzos dedicados al fraude inmobiliario son menores, aunque el volumen de evasi¨®n fiscal sigue siendo muy importante.
Un vivero de corrupci¨®n
- La herencia del GIL en Marbella. El caso Malaya, que oblig¨® a disolver la corporaci¨®n municipal en 2006, est¨¢ a punto de llegar a juicio. En el banquillo de los acusados se sentar¨¢n el pr¨®ximo 27 de septiembre el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, tres ex alcaldes y otros 90 procesados.
- Billetes en la basura del alcalde de Manilva. El juicio por la corrupci¨®n en Marbella interrumpir¨¢ la vista del caso Ballena Blanca en M¨¢laga. La fiscal¨ªa acusa de cohecho al ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado, en cuya casa la polic¨ªa encontr¨® una bolsa de basura con 762.000 euros, supuesto pago por una recalificaci¨®n.
- Urbanismo salvaje en Andratx. El ex alcalde del pueblo mallorqu¨ªn Eugenio Hidalgo (expulsado del PP) cumple cuatro a?os de c¨¢rcel por edificar un chal¨¦ en suelo protegido. Las penas firmes del ex director general balear del Territorio, Jaume Massot, suman ocho a?os. Y quedan 30 causas penales por juzgar de una investigaci¨®n que comenz¨® en 2006.
- El 'caso Pretoria' estalla en Santa Coloma. La corrupci¨®n hizo presa en la localidad barcelonesa. Una investigaci¨®n culminada en mayo pasado implica al ex alcalde socialista, Bartomeu Mu?oz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, Llu¨ªs Prenafeta y Maci¨¢ Alavedra, dos ex altos cargos de CiU, todos bajo la batuta de Luis Garc¨ªa Sa¨¦z, Luigi, ex diputado del PSC.
- Orihuela, epicentro del ¨²ltimo esc¨¢ndalo. Unas grabaciones realizadas por un empresario dieron origen al caso Brugal, que se dio a conocer hace apenas unas semanas y que releva una trama de corrupci¨®n en torno a las contratas de basura de esta localidad alicantina. El juez imputa a la c¨²pula del PP en Orihuela, incluida la alcaldesa, y al presidente de la Diputaci¨®n de Alicante, el tambi¨¦n popular Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll.
- La alargada sombra de El Pocero sobre Sese?a. La macrourbanizaci¨®n que promov¨ªa el constructor Francisco Hernando, El Pocero, en la localidad toledana fue uno de los s¨ªmbolos del boom inmobiliario. El constructor dej¨® su obra a medio hacer (5.600 de las 13.200 viviendas previstas), pero la investigaci¨®n contin¨²a. La fiscal¨ªa acus¨® al ex alcalde socialista, Jos¨¦ Luis Jim¨¦nez, que autoriz¨® el proyecto urban¨ªstico, de cohecho y prevaricaci¨®n.
- Boadilla, el frente urban¨ªstico de la trama G¨¹rtel. La red que consigui¨® contratas de los gobiernos auton¨®micos de Madrid y Comunidad Valenciana estuvo muy activa en la localidad madrile?a. La imputaci¨®n en el caso forz¨® la dimisi¨®n de Arturo Gonz¨¢lez (PP) y la polic¨ªa pidi¨® al juez la detenci¨®n de su sucesor en la Alcald¨ªa, Juan Siguero.
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