La pol¨ªtica catalana de Zapatero

A Zapatero se le ha llegado a reprochar haber metido en un l¨ªo al socialismo catal¨¢n con su compromiso, en 2003, de respaldar el Estatuto que saliera del Parlament. La idea ser¨ªa que, ante esa oferta, el PSC no tuvo m¨¢s remedio que pedir la luna. Tal vez ten¨ªa en mente el compromiso planteado en su momento por Felipe Gonz¨¢lez a los vascos: que avalar¨ªa el m¨¢ximo com¨²n al que llegasen. Pero precisando: el m¨¢ximo que quepa en la Constituci¨®n.

Seguramente no incluy¨® esa cautela porque no pod¨ªa imaginar que los dirigentes del PSC fueran a tomarle la palabra tan literalmente e impulsar un proyecto que desbordaba los l¨ªmites constitucionales por muchos costados, pese a que lo presentaron como de "impecable adecuaci¨®n a la Constituci¨®n y a sus valores" (Maragall).

El mayor error es haber dejado la defensa de la Constituci¨®n en manos de la derecha

De lo que s¨ª fue responsable Zapatero es del acuerdo con Artur Mas para que se incorporase al consenso del tripartito en torno a su proyecto de Estatuto, en 2005, y luego (enero de 2006) para pactar con ¨¦l las enmiendas a aceptar en el Congreso a fin de eliminar los rasgos m¨¢s visibles de inconstitucionalidad y desatascar su tramitaci¨®n. Casi 150 art¨ªculos hubieron de ser modificados, sin evitar que quedasen algunos restos de probable inconstitucionalidad y puntos ambiguos, susceptibles de interpretaciones diversas. El condicionamiento que supuso el acuerdo con Mas resta peso al argumento de que un Estatuto votado en Cortes y refrendado no deber¨ªa poder ser recurrido.

El acuerdo Zapatero-Mas inclu¨ªa el compromiso de forzar la retirada de Maragall a fin de despejar el acceso del l¨ªder de CiU a la presidencia catalana. Lo que fue considerado una genialidad t¨¢ctica de Zapatero se revelar¨ªa como su segundo error m¨¢s grave. Por una parte, radicaliz¨® la posici¨®n del propio Maragall, que acabar¨ªa abandonando el PSC; por otra, la agilidad de su sucesor, Jos¨¦ Montilla, para adelantarse a pactar la continuidad del tripartito, privando a Artur Mas de la presidencia tras haber ganado las elecciones, hizo que se sintiera enga?ado, lo que radicaliz¨® su discurso.

Ahora, tras el largo rodeo del Estatut, el l¨ªder convergente ha regresado al punto de partida: se presentar¨¢ a las elecciones reclamando un concierto a la vasca. Es decir, la soberan¨ªa fiscal como respuesta a lo que se consider¨® insuficiencia de la financiaci¨®n catalana, especialmente en el cap¨ªtulo de inversiones del Estado. Montilla ha argumentado que ese planteamiento no tiene encaje constitucional. Pero eso ahora importa muy relativamente a Mas porque el otro punto central de su programa es el reconocimiento del derecho a decidir, formulaci¨®n que a partir de Ibarretxe significa que una naci¨®n no tienen por qu¨¦ someterse a cortapisas constitucionales. La definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n tendr¨ªa un fundamento no solo ideol¨®gico sino funcional: justificar un tratamiento fiscal tan singular como los de los territorios forales.

Se habr¨ªa repetido lo que ocurri¨® en el Pa¨ªs Vasco en los comienzos de la Transici¨®n: la adopci¨®n por los partidos que no se defin¨ªan como nacionalistas de la ret¨®rica, y a veces el programa, nacionalista hizo que quienes lo eran genuinamente se vieran impulsados a radicalizar su propio discurso. En Catalu?a, un efecto de la radicalizaci¨®n del PSC en torno al Estatut -incluyendo su discurso de considerar la sentencia del Constitucional una "ofensa" al pueblo catal¨¢n- puede ser el pase del nacionalismo c¨ªvico representado por Pujol padre al soberanismo de Pujol hijo, que ya ha insinuado la posibilidad de promover la insumisi¨®n fiscal de Catalu?a si no se reconocen sus derechos.

Las encuestas pronostican un triunfo amplio de CiU en las auton¨®micas, pero un empate t¨¦cnico con el PSOE si hubiera ahora elecciones generales (seg¨²n el bar¨®metro de junio del Centre d'Estudis d'Opini¨® de la Generalitat). Este ¨²ltimo dato invita a relativizar otras tendencias tambi¨¦n registradas por los sondeos. Por ejemplo, el crecimiento del independentismo, tan visible como compatible con el hundimiento en las mismas encuestas del voto al ¨²nico partido parlamentario expl¨ªcitamente independentista, ERC, y con la participaci¨®n decreciente en los sucesivos referendos soberanistas registrados esta temporada.

El contraste entre elecciones generales y auton¨®micas es m¨¢s llamativo a la vista de la participaci¨®n: en las generales la media de las celebradas hasta ahora es del 73%, muy similar a la media espa?ola; en las catalanas es mucho menor, del 60%, seis puntos por debajo de la media de las auton¨®micas en el conjunto de comunidades. Hay una cierta contradicci¨®n en el ¨¦nfasis con que se afirma que los espa?oles ignoran la realidad profunda de la naci¨®n catalana y esa pasividad electoral a la hora de ejercer su autogobierno; como si les interesase m¨¢s quien Gobierna desde La Moncloa que quien dirige la Generalidad.

Son datos a tomar en cuenta a la hora de realizar un balance de la operaci¨®n pol¨ªtica que se inicia con el pacto que da origen al tripartito sobre la base de un nuevo estatuto de factura confederal. Sin embargo, ning¨²n error anterior es comparable con el que supone que un partido de Gobierno en Catalu?a y en toda Espa?a haya dejado, tras la sentencia del TC, la defensa de la Constituci¨®n en manos de la derecha.