Solo tres funcionarias gestionan los abortos que cubre la sanidad p¨²blica

Un cartel pegado a la pared de la exigua sala de espera informa de que la hora de la cita es solo orientativa. No es f¨¢cil cumplir los horarios en la Unidad de IVE, la oficina de la Consejer¨ªa de Sanidad por la que tienen que pasar obligatoriamente todas las mujeres que pretenden que su interrupci¨®n voluntaria del embarazo (IVE) la pague la sanidad p¨²blica. La unidad consiste en tres despachos, situados en la planta baja de una de las sedes de la Consejer¨ªa, en Sagasta, 6. En cada uno de ellos, una funcionaria atiende a las mujeres que demandan informaci¨®n o que presentan la documentaci¨®n necesaria para tramitar la prestaci¨®n con cargo a los Presupuestos. Tres funcionarias para toda la Comunidad de Madrid.

Las trabajadoras adelantan los casos que no pueden esperar

Gestionar todas las peticiones de la regi¨®n con semejante plantilla ha dado como resultado demoras de hasta tres y cuatro semanas en las citas. Las funcionarias, simplemente, no dan abasto. Adem¨¢s, al volumen de trabajo habitual se suman los casos especiales. Chicas menores, mujeres que han sufrido violencia de g¨¦nero, casos de malformaci¨®n del feto... En esas situaciones, las trabajadoras tratan de encontrar huecos en las apretadas agendas para adelantar las citas. Hay casos que no pueden esperar.

Pero no es necesario ponerse en situaciones extremas. Desde la aprobaci¨®n de la nueva ley de salud sexual y reproductiva, que entr¨® en vigor el 5 de julio pasado, el aborto es libre en las 14 primeras semanas de gestaci¨®n. Tres o cuatro semanas de espera solo para conseguir una cita pueden suponer un retraso crucial en embarazos que se acercan al primer trimestre. Las cl¨ªnicas privadas, que son las que realizan el 98% de los abortos, llevan semanas recibiendo quejas. "Supone una desigualdad en el acceso a la prestaci¨®n", afirma Francisca Garc¨ªa, vicepresidenta de la asociaci¨®n de cl¨ªnicas acreditadas para la interrupci¨®n voluntaria del embarazo (ACAI). En otras comunidades, asegura, no se est¨¢n produciendo estos retrasos.

"Cuando una mujer decide no seguir adelante con su embarazo, ver pasar las semanas provoca mucho estr¨¦s emocional. Esto no es como operarse de un menisco", a?ade. La nueva ley del aborto constata que la intervenci¨®n est¨¢ incluida en la cartera de servicios de la sanidad p¨²blica. Antes tambi¨¦n lo estaba, pero muchas mujeres lo desconoc¨ªan.La interrupci¨®n voluntaria del embarazo ya estaba incluida en las prestaciones del sistema nacional de salud. Sin embargo, muchas mujeres desconoc¨ªan que ten¨ªan ese derecho y muchas comunidades no lo publicitaban lo suficiente. De hecho, antes de la entrada en vigor de la ley, los sistemas auton¨®micos de salud financiaban, de media, el 30% de las intervenciones. El 70% restante corr¨ªa a cargo de las propias mujeres.

En Madrid, acceder a la prestaci¨®n de forma gratuita significa pasar por la Unidad de IVE de la calle de Sagasta, 6 y por los despachos en los que trabajan las tres funcionarias, dos esta semana al estar una de vacaciones. El circuito, tal y como lo ha dise?ado la Consejer¨ªa de Sanidad, empieza en el centro de atenci¨®n primaria. La mujer pide cita con su m¨¦dico de familia, que comprueba su embarazo. All¨ª le entregan un sobre con informaci¨®n, tal y como exige la ley (en muchas ocasiones son las cl¨ªnicas las que lo entregan). Cuando lo recibe empiezan a contar los tres d¨ªas que, a modo de periodo de reflexi¨®n, deben mediar entre su intenci¨®n de abortar y la intervenci¨®n. El siguiente paso es acudir a una de las siete cl¨ªnicas privadas acreditadas en la regi¨®n.

Suelen ser estos centros los que, a su vez, piden cita a la mujer en la Unidad de IVE para que solicite la tramitaci¨®n con cargo al Servicio Madrile?o de Salud. Es en este punto donde el proceso se dilata. Muchas veces, para no retrasar m¨¢s la intervenci¨®n, las cl¨ªnicas la programan al d¨ªa siguiente o incluso horas despu¨¦s de haber pasado por la Unidad de IVE. En esta oficina, las funcionarias piden el DNI o pasaporte y la tarjeta sanitaria. Cuando comprueban que la mujer tiene derecho a la prestaci¨®n, le entregan una carta de pago. Con ella, ya puede someterse a la intervenci¨®n de forma gratuita, ya que es la cl¨ªnica la que despu¨¦s remite esa carta al Servicio Madrile?o de Salud para que le abone la intervenci¨®n.

Al recoger de forma expl¨ªcita la gratuidad para la mujer de la IVE -"esta prestaci¨®n estar¨¢ incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud", dice literalmente el art¨ªculo 18- las comunidades aut¨®nomas est¨¢n empezando a recibir m¨¢s solicitudes para financiar la intervenci¨®n. Las cl¨ªnicas de abortos calculan que del 30% anterior a la ley se ha pasado a un 60% de media en toda Espa?a.

En Madrid los datos oficiales tambi¨¦n muestran un incremento, aunque bastante menor. Dado que la ley entr¨® en vigor el 5 de julio, la comparaci¨®n se establece entre los meses de julio y agosto de 2009 y el mismo periodo de 2010. El a?o pasado, la Unidad de IVE atendi¨® en esos meses 1.041 solicitudes de mujeres que ped¨ªan que su intervenci¨®n la pagara la sanidad p¨²blica. En julio y agosto de este a?o, se registraron 1.121, seg¨²n datos de la Consejer¨ªa de Sanidad. El aumento, por tanto, ha sido del 7,7%.

ACAI, que agrupa a m¨¢s de 30 cl¨ªnicas acreditadas para la interrupci¨®n del embarazo en toda Espa?a, est¨¢ preparando un balance sobre la aplicaci¨®n de la nueva ley del aborto en las diferentes comunidades aut¨®nomas. Entre otras cosas, quiere recoger el porcentaje de intervenciones que paga la sanidad p¨²blica y el que pagan las propias mujeres, y cu¨¢nto ha variado esa proporci¨®n ahora que est¨¢ m¨¢s claro que las mujeres tienen derecho a que se lo financien sus sistemas de salud. En Madrid, seg¨²n c¨¢lculos de profesionales de las cl¨ªnicas, solo entre un 20 y un 25% de los abortos los pagaba el Servicio Madrile?o de Salud.

Entre los profesionales cunde la sospecha de que el retraso en las citas para pasar por la Unidad de IVE es un obst¨¢culo intencionado para disuadir a las mujeres. "Algunas no pueden soportar seguir esperando y deciden pag¨¢rselo", explica Victoria Virtudes, experta en salud sexual y reproductiva de la cl¨ªnica El Bosque. "Sin embargo, una gran mayor¨ªa no tiene m¨¢s remedio que esperar porque no cuenta con recursos para pagarlo de su bolsillo", a?ade. Un aborto en una cl¨ªnica privada cuesta entre 350 y 450 euros.

Con la nueva ley, la factura p¨²blica del aborto -no as¨ª el n¨²mero de abortos, seg¨²n las previsiones del Ministerio de Sanidad, que cree que disminuir¨¢- crecer¨¢. Por eso varias comunidades pidieron m¨¢s dinero al departamento de Trinidad Jim¨¦nez en el ¨²ltimo Consejo Interterritorial de Sanidad antes del verano. El Ministerio respondi¨® que no tiene previsto ampliar el presupuesto y record¨® que el aborto ya era una prestaci¨®n reconocida antes de la entrada en vigor de la nueva norma. Es decir, que si las comunidades pagaban pocas IVE era porque incumpl¨ªan la ley.

A falta del informe que ACAI prepara para octubre, lo que s¨ª constatan las cl¨ªnicas es que en ninguna otra comunidad se est¨¢n produciendo retrasos tan llamativos como en Madrid. Su vicepresidenta compara la situaci¨®n con la de Andaluc¨ªa, donde trabaja. All¨ª la sanidad p¨²blica concierta los abortos con cl¨ªnicas privadas desde 1985 y aproximadamente un 80% de las intervenciones las paga el sistema p¨²blico. "Aqu¨ª la ley no ha supuesto un gran cambio, porque existe mucha conciencia de que es una prestaci¨®n que paga la Seguridad Social", explica. La mujer va directamente a la cl¨ªnica con un papel que le entregan en el centro de salud, como si fuera un volante para el especialista.

El real decreto 831/2010 complementa a la ley del aborto e incide en el derecho a acceder a la prestaci¨®n. Su objetivo es, seg¨²n afirma, "garantizar a todas las mujeres por igual el acceso a la prestaci¨®n, con independencia del lugar donde residan". El esp¨ªritu de la normativa es que solicitar la intervenci¨®n -y su financiaci¨®n p¨²blica- sea un proceso sencillo y, una vez la mujer est¨¢ decidida despu¨¦s de haberse informado convenientemente, r¨¢pido. No faltan las comunidades que est¨¢n poniendo trabas a la ley. Navarra env¨ªa a las mujeres a abortar fuera de sus fronteras alegando que el 100% de sus m¨¦dicos son objetores. En Catalu?a, las mujeres adelantan el importe de la IVE a menos que puedan demostrar falta de recursos.

Madrid suma al peregrinar obligado de las mujeres (centro de salud, cl¨ªnica privada, oficina de la administraci¨®n, vuelta a la cl¨ªnica privada) y el retraso de tres semanas la imposibilidad de elegir un centro p¨²blico para realizar la intervenci¨®n. En el protocolo que Sanidad ha repartido no existe la opci¨®n de solicitar cita en un hospital de la red p¨²blica. Madrid tampoco aplica el art¨ªculo de la ley en el que se establece que la informaci¨®n que se entrega a las mujeres debe ser "clara, objetiva y comprensible". Siete de cada diez puntos de informaci¨®n a los que las remite son de organizaciones autodenominadas provida.

Madrid es la tercera comunidad con la tasa m¨¢s alta de abortos de Espa?a: 15,79 por cada mil mujeres entre 15 y 44 a?os. Bastante por encima de la media estatal, que est¨¢ en 11,78, seg¨²n los ¨²ltimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que corresponden al a?o 2008. En n¨²meros absolutos, en Madrid se practicaron 22.126 interrupciones voluntarias del embarazo.