El Gobierno peruano, forzado a retirar una ley de amnist¨ªa

La creciente indignaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica peruana y extranjera ha llevado al Gobierno de Alan Garc¨ªa, tras un intenso debate de m¨¢s de 10 d¨ªas, a anunciar que derogar¨¢ un pol¨¦mico decreto que ha sido calificado por el escritor Mario Vargas Llosa como "una amnist¨ªa apenas disfrazada" para los acusados por la violaci¨®n de derechos humanos durante la guerra contra el terrorismo (1980-2000).

El cuestionado decreto 1097, preparado por el Ministerio de Defensa, abre la posibilidad de archivar los juicios contra militares y polic¨ªas acusados de violaciones a los derechos humanos si tras 36 meses no hay sentencia. Adem¨¢s, establece que no prescribir¨¢n los delitos considerados de lesa humanidad solo a partir de 2003, a?o en el cual Per¨² suscribi¨® la convenci¨®n internacional sobre la materia. Como muchos de los procesos judiciales sobre estos casos no han concluido -en parte debido a la lentitud del sistema judicial y a las continuas maniobras dilatorias de los abogados de los procesados-, las organizaciones de derechos humanos temen que los acusados por homicidio y lesiones graves salgan impunes. De hecho, uno de los primeros en presentar un recurso judicial para pedir el archivo de sus causas fue Santiago Mart¨ªn Rivas, militar acusado de haber liderado el grupo Colina, al que se atribuyen ejecuciones extrajudiciales.

El decreto permit¨ªa archivar f¨¢cilmente cr¨ªmenes de lesa humanidad

Nada m¨¢s entrar en vigor, la norma fue objeto de cr¨ªticas provenientes de diversos ¨¢mbitos, desde el ministro de Justicia y el Defensor del Pueblo hasta la Conferencia Episcopal peruana, pasando por Human Rights Watch y la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos. Empeor¨® todo con la revelaci¨®n, confirmada por el ministro de Defensa, Rafael Rey, de que durante la elaboraci¨®n del decreto se consult¨® a conocidos letrados de procesados por estos delitos, entre ellos C¨¦sar Nakazaki, representante del ex presidente Alberto Fujimori, de quien se sospecha que utilizar¨ªa el decreto para librarse de la condena de 25 a?os de prisi¨®n que se le impuso por las matanzas de Barrios Altos y en la Universidad La Cantuta, y que debe ser revisada por el Constitucional.

Finalmente, fue la opini¨®n de Vargas Llosa la que forz¨® al Ejecutivo a retractarse. El escritor present¨® su renuncia a la comisi¨®n encargada de organizar el Museo de la Memoria, una instalaci¨®n conmemorativa de las v¨ªctimas del conflicto, mediante una carta remitida desde Par¨ªs. "Hay, a mi juicio, una incompatibilidad esencial entre, por una parte, auspiciar la erecci¨®n de un monumento en homenaje a las v¨ªctimas de la violencia que desencaden¨® el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y, de otra, abrir mediante una triqui?uela jur¨ªdica la puerta falsa de las c¨¢rceles a quienes, en el marco de esa funesta rebeli¨®n de fan¨¢ticos, cometieron tambi¨¦n delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento la sociedad peruana", se?ala Vargas Llosa.