Exceso de partidismo

El Partido Popular ha tomado como pretexto el rechazo a su candidato Enrique L¨®pez, por incumplir la exigencia legal de llevar 15 a?os de juez en activo, para insistir en su boicoteo a la renovaci¨®n de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional correspondientes al Senado. En diciembre har¨¢ tres a?os que se arrastra esa situaci¨®n que, de no corregirse de inmediato, se solapar¨¢ con el fin del mandato en noviembre de los cuatro magistrados que designa el Congreso. La situaci¨®n que se produzca entonces podr¨ªa poner al tribunal en serias dificultades para ejercer las funciones que tiene encomendadas.

Si se mantiene el boicoteo a la renovaci¨®n de magistrados por designaci¨®n del Senado surgir¨ªan dificultades para alcanzar un acuerdo para la renovaci¨®n de los cuatro designados por el Congreso. Habr¨ªa entonces un Tribunal Constitucional cuya mayor¨ªa estar¨ªa formada por magistrados en pr¨®rroga de funciones, una situaci¨®n excepcional que, por m¨¢s legal que sea, restar¨ªa solvencia y credibilidad a sus decisiones. El boicoteo ya ha producido un da?o: haber trastocado el dise?o perge?ado por la Constituci¨®n para el acceso al tribunal de sus magistrados, que establece que "ser¨¢n designados por un periodo de nueve a?os y se renovar¨¢n por terceras partes cada tres". La renovaci¨®n de los magistrados designados por el Senado y el Congreso llegar¨¢ a ser, en el mejor de los casos, casi simult¨¢nea, con lo que esa previsi¨®n constitucional dejar¨¢ de cumplirse.

Queda todav¨ªa la esperanza de que el sentido de responsabilidad se imponga y que los intereses partidistas no primen sobre los compromisos institucionales. El aplazamiento durante una semana, a petici¨®n del PP, de la reuni¨®n de la Comisi¨®n de Nombramientos del Senado hace pensar que la decisi¨®n no est¨¢ tomada y que el sector m¨¢s integrista y ultramontano del partido, especialmente interesado en que no se renueve el Constitucional por considerar que su actual composici¨®n favorece su pretensi¨®n de abolir la ley del aborto, no ha ganado la partida.

Que el tercio de magistrados del Senado lleve casi tres a?os cesado y en pr¨®rroga de funciones no es responsabilidad del tribunal. Pero si la situaci¨®n se agravara podr¨ªa hacer inevitable alg¨²n tipo de reacci¨®n o toma de posici¨®n de sus miembros. La pr¨®rroga de funciones, prevista en la ley hasta el momento en que tomen posesi¨®n los nuevos magistrados, no puede perpetuarse a voluntad de las fuerzas mayoritarias que dominan el Congreso y el Senado. Un Constitucional formado mayoritariamente por magistrados en esa situaci¨®n plantear¨ªa dudas sobre la legitimidad de ejercicio en su actividad jurisdiccional. De la responsabilidad de todos, y en especial del PP, depende que no se llegue a esa situaci¨®n: habr¨ªa motivos para que los magistrados afectados presentaran su renuncia, conforme al art¨ªculo 23 de la Ley Org¨¢nica del TC. Por dignidad personal y por el respeto debido a su funci¨®n.