Reducir el gasto p¨²blico tambi¨¦n es de izquierdas
En tiempo y forma, el Gobierno present¨® el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 (PGE-11). En total, estamos hablando de casi 300.000 millones de euros (el 27,5% del PIB) en operaciones no financieras consolidadas, es decir, descontadas las transferencias cruzadas que se hacen entre s¨ª los distintos entes afectados. De esta cifra, un 40% corresponde al Estado; otro 40%, a la Seguridad Social, y el 20% restante, a los organismos. A su vez, buena parte de los gastos del Estado no los ejecuta ¨¦l directamente, sino que son transferencias a las administraciones territoriales como parte de su sistema de financiaci¨®n (28.034 millones), que son las que hacen el gasto final.
Lo que algunos llaman la dictadura de los mercados es sentido com¨²n: hay que gestionar bien la econom¨ªa
El principal riesgo es que el PIB crezca menos del 1,3% y que comunidades y ayuntamientos gasten m¨¢s
Los Presupuestos para 2011 se empezaron a dise?ar el pasado mes de mayo, cuando, ante el estallido de la crisis de la deuda soberana, los Gobiernos europeos tuvieron que dar un giro a su pol¨ªtica fiscal y tomar medidas para sanear las cuentas p¨²blicas, cuyos d¨¦ficit hab¨ªan alcanzado niveles hist¨®ricos e insostenibles financieramente. El Gobierno espa?ol adopt¨® medidas que, por un lado, aseguraban el cumplimiento del objetivo de reducci¨®n del d¨¦ficit del conjunto de las administraciones p¨²blicas del 11,1% en 2009 al 9,3% en 2010 y, por otro, intensificaban este proceso de ajuste para 2011 al corregir a la baja el d¨¦ficit previsto para ese a?o del 7,5% del PIB inicial al 6%. Por tanto, en las grandes l¨ªneas directrices de los Presupuestos no ha habido novedades. Esta senda de ajuste fiscal, que tantas ampollas est¨¢ levantando en la sociedad espa?ola, es totalmente necesaria no solo porque lo impongan los mercados financieros o los socios de la zona euro, sino porque es buena para nuestra econom¨ªa. Seguir manteniendo d¨¦ficit tan abultados habr¨ªa llevado a una situaci¨®n de quiebra y de ruina al pa¨ªs. El debate deber¨ªa centrarse en c¨®mo sanear las cuentas p¨²blicas, si reduciendo los gastos -y cu¨¢les-, aumentando los impuestos o mediante una combinaci¨®n de ambas v¨ªas.
El Gobierno ha optado por la v¨ªa intermedia haciendo m¨¢s hincapi¨¦ en el gasto, con lo que parece indicarnos que no solo reducir los impuestos, sino recortar el gasto p¨²blico, incluso su componente social, tambi¨¦n es de izquierdas. Al final, hasta los Gobiernos m¨¢s ideologizados se rinden a lo que es obvio: que, por encima de todo y para el bien de todos, la econom¨ªa debe gestionarse bien. Algunos llaman a esto la dictadura de los mercados, cuando no es sino una regla de sentido com¨²n. Por el lado de los ingresos, los PGE-11 contienen medidas de aumento de impuestos en la l¨ªnea que ya se viene haciendo desde 2009. Con tales medidas, la recaudaci¨®n habr¨¢ aumentado en 2010 en 5.780 millones y se espera que lo haga en otros 4.890 millones en 2011. En total, aproximadamente la cuarta parte de la reducci¨®n del d¨¦ficit entre 2009 y 2011 se habr¨¢ debido a medidas discrecionales de subidas de impuestos por parte del Gobierno central y del resto de administraciones; otra cuarta parte se habr¨¢ debido a la recuperaci¨®n aut¨®noma de los ingresos tras el batacazo de 2008 y 2009, especialmente del IVA, y la mitad restante cabe atribuirla a la reducci¨®n del gasto. No parece una mala composici¨®n, si no fuera porque la reducci¨®n del gasto se ha basado en demas¨ªa en lo que es m¨¢s f¨¢cil, un recorte dr¨¢stico de la inversi¨®n p¨²blica y una reducci¨®n indiscriminada de los sueldos de los funcionarios. Se echan en falta medidas y reformas que hagan menos costosa la provisi¨®n de los servicios p¨²blicos y que aumenten la productividad del sector.
La reducci¨®n del d¨¦ficit al 6% del PIB en 2011 debe constituir una de las piedras angulares de la pol¨ªtica econ¨®mica. La credibilidad y la recuperaci¨®n de la confianza de las familias, empresas e inversores est¨¢n en juego. Hay dos riesgos principales para que no se alcance este objetivo. El primero, que la econom¨ªa crezca menos del 1,3% previsto por el Gobierno y ello produzca menores ingresos y mayores gastos. El riesgo parece alto, pues en estos momentos el consenso de analistas da un crecimiento del PIB del 0,6%. Esta diferencia supone unas tres d¨¦cimas m¨¢s de d¨¦ficit. El otro riesgo es que las comunidades aut¨®nomas y los municipios, envueltos en un a?o electoral, no cumplan sus compromisos. El Gobierno deber¨¢ estar vigilante y adoptar las medidas de ajuste necesarias si llegara el caso.
?ngel Laborda es director de coyuntura de la Fundaci¨®n de las Cajas de Ahorros (Funcas).
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