Castilla-La Mancha acepta que el m¨¦dico de familia objete al aborto

El primer registro oficial de m¨¦dicos objetores de conciencia ante la ley del aborto, el que ha puesto en marcha Castilla-La Mancha, ir¨¢ m¨¢s all¨¢ de lo previsto. El Gobierno auton¨®mico ha acordado con sus colegios profesionales que se permita declararse objetor a los m¨¦dicos de familia, los encargados de dar la primera informaci¨®n y derivar a las embarazadas al especialista.

La ley del aborto -en vigor desde el 5 de julio- determina que son los profesionales sanitarios "directamente implicados" en la interrupci¨®n voluntaria del embarazo quienes pueden objetar a la prestaci¨®n. Un concepto vago para algunos, que para el ministerio de Sanidad -aunque no sobre un papel- se traduce en ginec¨®logos, enfermeros o anestesistas. "Los que llevan a cabo directamente la prestaci¨®n, los que la practican", aclar¨® el secretario general de Sanidad, Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, hace algo m¨¢s de un mes. Una definici¨®n que contradice ahora la Junta de Castilla-La Mancha (gobernada por el PSOE).

La Junta dice que la objeci¨®n en atenci¨®n primaria no es una barrera

La decisi¨®n de esta regi¨®n -que concierta sus intervenciones con centros privadas- coincide con un auto del Tribunal Superior de Justicia auton¨®mico. En ¨¦l se dictamina de manera cautelar, tras la reclamaci¨®n del Colegio de M¨¦dicos de Toledo, que los profesionales de atenci¨®n primaria tambi¨¦n puedan inscribirse en el registro que la Junta reservaba a ginec¨®logos, enfermeros, anestesistas o matronas; ¨²nicos profesionales que, hasta ahora, consideraba "directamente implicados". Hasta el 14 de septiembre se hab¨ªan inscrito ya en el listado 338 personas.

Lo ocurrido en Castilla-La Mancha vuelve a subrayar las diferencias en la implantaci¨®n de la nueva ley en las distintas comunidades. Algunas, como Navarra -que deriva todas sus interrupciones a otras autonom¨ªas- o Madrid aseguran que permitir¨ªan tambi¨¦n que estos profesionales objeten. Ambas aclaran, sin embargo, que a¨²n no se ha dado ning¨²n caso, seg¨²n los portavoces de Sanidad. Otras, como Asturias o Andaluc¨ªa, sostienen que, con la ley en la mano, solo pueden objetar los profesionales que tengan relaci¨®n directa en la prestaci¨®n. En ese grupo, afirman, no entrar¨ªan los de atenci¨®n primaria.

Estas incertidumbres y divergencias se habr¨ªan evitado si el proyecto de regulaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia que preparaban Justicia y Sanidad -y que, de hecho, estaba previsto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva- no hubiera quedado aparcado en un caj¨®n. La normativa, sin embargo, no ver¨¢ por ahora la luz. El riesgo de que no pase el corte en el Tribunal Constitucional -que tiene pendiente pronunciarse sobre un recurso del PP y del Gobierno de Navarra sobre la ley del aborto- era demasiado grande.

Pero la carencia de una regulaci¨®n espec¨ªfica para un tema tan pol¨¦mico crea enormes problemas, seg¨²n ERC, IU e ICV. El grupo formado por estos tres partidos present¨® hace dos meses una proposici¨®n no de ley en el Congreso, en la que solicitaban que se desarrollase una normativa para reglamentar la objeci¨®n de conciencia m¨¦dica. Necesidad que comparte el presidente de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, Juan Jos¨¦ Rodr¨ªguez Send¨ªn. "La ley no deja claro quienes son los profesionales directamente implicados en la prestaci¨®n del aborto. Deber¨ªa regularlo porque la objeci¨®n de conciencia no puede suponer un l¨ªmite a los derechos que la ley da al ciudadano", cree.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, asegura, sin embargo, que su decisi¨®n, tomada tras reunirse con los representantes de los colegios de m¨¦dicos y previa al dictamen del TSJ de esa comunidad, no supone ning¨²n problema para la mujer, y que la prestaci¨®n seguir¨¢ desarroll¨¢ndose con normalidad. "Que un m¨¦dico de atenci¨®n primaria pueda objetar no crea barreras a la mujer, este la derivar¨¢ a otro colega que no tenga problema de conciencia para darle la informaci¨®n", dice Lamata.

El Ministerio de Sanidad, que dirige Trinidad Jim¨¦nez, no se pronunci¨® ayer sobre la decisi¨®n castellanomanchega. La directora general de Igualdad, Isabel Mart¨ªnez, declar¨® que ambos ministerios vigilan el cumplimiento de la nueva ley. "El esp¨ªritu de la ley defin¨ªa que la objeci¨®n era para los profesionales directamente implicados para que los que no lo estuvieran no pudieran intervenir para mermar los derechos de la mujer", afirm¨®.