Pedreira investiga los contratos de Aguirre con empresas del G¨¹rtel

El magistrado que instruye el caso G¨¹rtel, Antonio Pedreira, ha solicitado a la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria que investigue los contratos adjudicados entre los a?os 2004 y 2008 por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre y por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP) a empresas que el cerebro de la trama, Francisco Correa, utilizaba como pantalla. El l¨ªder de la red corrupta recurri¨® a estas sociedades para que sus firmas no aparecieran como adjudicatarias del Ejecutivo auton¨®mico.

La vinculaci¨®n de la Comunidad con las empresas de la trama, que llegaron a facturar de forma directa e indirecta a la Administraci¨®n regional unos cuatro millones de euros en cuatro a?os, pone de manifiesto la importancia de esta red de corrupci¨®n destapada con la operaci¨®n G¨¹rtel, que inici¨® el juez Baltasar Garz¨®n tras una denuncia del ex concejal de Majadahonda Jos¨¦ Luis Pe?as. Hasta el momento casi un centenar de personas permanecen imputadas en la regi¨®n por el juez Pedreira, que encabeza la investigaci¨®n de la mayor trama de corrupci¨®n de la democracia espa?ola ligada a un partido: el PP.

El Grupo Rafael pag¨® en cuatro a?os 900.000 euros a la red corrupta

En este sentido, un informe que obra en el sumario destaca que solo las cantidades pagadas por el Ejecutivo de Aguirre a estas empresas intermediarias de Correa superaron el mill¨®n de euros. Se trata en concreto del Grupo Rafael (Tecnimagen Rafael, Fotomec¨¢nica Rafael, Kilda Producciones y Fotomec¨¢nica Doble), as¨ª como otras firmas, denominadas Decoraciones CMR, Sagitour 2000 y MQM.

Estas sociedades abonaron en el mismo periodo a Correa unos 900.000 euros, en pago de unos servicios que finalmente pudieron no haberse prestado, seg¨²n la polic¨ªa. Por eso la investigaci¨®n trata de demostrar que estas firmas pantalla trabajaban para la red a cambio de una comisi¨®n. Asimismo, llama la atenci¨®n que las intermediarias pagaran altas cantidades a las sociedades de Correa a cambio de servicios y suministros que ellos mismos realizaban de forma corriente, ya que eran proveedores de las empresas de la red.

En el Gobierno de Aguirre, seg¨²n la investigaci¨®n, el encargado de gestionar el cobro de estos contratos era el viceconsejero de Presidencia Alberto L¨®pez Viejo, tambi¨¦n imputado como presunto autor de 11 delitos, entre ellos los de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, cohecho y malversaci¨®n.El informe de la polic¨ªa acerca de las actividades de las empresas pantalla de Correa incorpora un documento de Hacienda que pone de manifiesto los numerosos desequilibrios existentes entre las cantidades que pagaba la Comunidad de Madrid y el dinero que aseguraban haber recibido las sociedades privadas vinculadas a la red corrupta. Las cantidades declaradas por la Comunidad y las de las empresas del Grupo Rafael, que actuaba como pantalla de la trama G¨¹rtel, no coinciden.

El ejemplo m¨¢s evidente de estos desequilibrios es el de la sociedad del Grupo Rafael Kilda Producciones. En 2006 la Academia de Polic¨ªa Local de la Comunidad de Madrid le abon¨®, seg¨²n consta en Hacienda, 8.560 euros; la Agencia Regional de Inmigraci¨®n, 10.624 euros; la Comunidad de Madrid de forma directa, 79.329 euros; la empresa municipal del suelo de Boadilla, 32.397 euros, y la de Arganda del Rey, 9.433 euros. Sin embargo, esta sociedad no incluy¨® ninguna de estas cantidades. Kilda tampoco incluy¨® facturas en su declaraci¨®n de sociedades por los 23.594 euros que dice haberle pagado la Comunidad, tal y como refleja la Agencia Tributaria. La declaraci¨®n de Fotomec¨¢nica Doble, tambi¨¦n del Grupo Rafael, deja ciertas dudas sobre sus cuentas si se cotejan con las del Ejecutivo de Aguirre. En 2007 asegur¨® haber recibido del Gobierno regional 123.566 euros, mientras que la Comunidad eleva esta cantidad hasta los 152.056 euros.

La investigaci¨®n de la polic¨ªa ha logrado demostrar tambi¨¦n que Correa ejerc¨ªa de facto un estrecho control de las empresas pantalla detectadas, que no eran propiedad suya, pero cuyos empleados hac¨ªan trabajos para la trama. Distintos correos electr¨®nicos interceptados en los ordenadores de Correa durante los registros a sus empresas ponen de manifiesto que los empleados de la trama establec¨ªan objetivos al Grupo Rafael en su facturaci¨®n a la Comunidad: "Conf¨ªo en haber logrado los objetivos esperados", aseguraba en una misiva una de las responsables de esta empresa pantalla a los cabecillas de la red corrupta. De hecho, en algunos casos realizaban directamente gestiones que no les concern¨ªan, ya que afectaban a las empresas de Correa, pero no al Grupo Rafael.

Cuando Correa detectaba que se acumulaban facturas de las empresas intermediarias sin cobrar procedentes de los diferentes departamentos de la Comunidad, los empleados de Correa recurr¨ªan a varios empleados de la viceconsejer¨ªa de Presidencia, que dirig¨ªa uno de los principales imputados: Alberto L¨®pez Viejo. En concreto se trataba, seg¨²n la investigaci¨®n de la polic¨ªa, de Pedro Rodr¨ªguez Pend¨¢s, Mar¨ªa del Carmen Garc¨ªa y Julia L¨®pez Valadares. El primero de ellos ha sido imputado por el juez Pedreira como presunto autor de 11 delitos, entre los que se encuentran los de cohecho, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y negociaciones prohibidas.