La reforma es ahora
La evoluci¨®n demogr¨¢fica aconseja negociar ya los cambios en el c¨¢lculo de las pensiones
Los dos asuntos centrales del debate sobre la reforma de las pensiones iniciado en la comisi¨®n del Pacto de Toledo (el aumento del periodo laboral para el c¨®mputo de la pensi¨®n y el retraso en la edad de jubilaci¨®n) han sido aplazados con la esperanza de que los acuerdos que se consigan en los aspectos menos espinosos faciliten un acercamiento sobre esos temas. La necesidad de la reforma deriva de que si no se modifican las bases de c¨¢lculo de las pensiones ni se ajusta la percepci¨®n a las nuevas condiciones de vida media de la poblaci¨®n, el sistema comenzar¨¢ a acumular d¨¦ficits cada vez mayores a partir de 2020 y se convertir¨¢ en inviable en el periodo de los 10 a?os siguientes.
Los sindicatos y los partidos pol¨ªticos deber¨ªan ponerse de acuerdo sobre los datos de base: si son correctas las estimaciones que aseguran que el gasto en pensiones se duplicar¨¢ en las pr¨®ximas d¨¦cadas (del 8% del PIB al 15%) y si, como consecuencia de los cambios demogr¨¢ficos, la relaci¨®n entre la poblaci¨®n en edad de trabajar y la poblaci¨®n jubilada pasar¨¢ de cuatro a menos de dos en los pr¨®ximos 30 a?os. Si tales proyecciones son correctas y los negociadores las aceptan, es inevitable actuar, con prudencia, pero sin demora.
Las soluciones se conocen. El Pacto de Toledo baraja ampliar el periodo de c¨®mputo de la pensi¨®n desde los ¨²ltimos 15 a?os actuales a 20 a?os; y el Gobierno sostiene que la edad de jubilaci¨®n debe pasar desde los 65 a los 67 a?os. Otras propuestas son m¨¢s radicales. El documento del grupo de los 100 economistas, difundido ayer, recomienda que el periodo de c¨¢lculo se ampl¨ªe a toda la vida laboral, si bien de forma gradual, para evitar traumas a los perceptores actuales; y que se flexibilice la edad de jubilaci¨®n y el modo en el que cada trabajador desea percibir su pensi¨®n.
La reforma tropieza con la oposici¨®n de los partidos y sindicatos que entienden las condiciones actuales como derechos adquiridos, con independencia de la solvencia financiera del sistema de reparto. De nada sirve el argumento de que en caso de crisis del sistema, esos derechos deber¨¢n financiarse con cargo a las finanzas p¨²blicas; es decir, con m¨¢s impuestos pagados por los trabajadores. En todo caso, el momento de la reforma es ahora, no dentro de cinco o 10 a?os; porque cuanto antes se negocie con mayor gradualidad y menos da?os podr¨¢ aplicarse. Es el momento de demostrar la utilidad del Pacto de Toledo.
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