La Xunta abandona la batalla judicial contra el urbanismo de Barreiros
"Elegimos la v¨ªa administrativa en vez de los tribunales", alega Medio Ambiente
En Barreiros un alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, dio en un solo a?o licencia para edificar 5.800 pisos, para cuadruplicar la poblaci¨®n de un municipio con 3.300 habitantes. Lo hizo, junto a dos de sus concejales, tambi¨¦n del PP, en una junta de gobierno y, sabiendo que comet¨ªa una ilegalidad, porque as¨ª se lo hab¨ªa transmitido en sus informes la secretaria municipal. La mayor¨ªa de los suelos donde los constructores pronto empezaron a levantar edificios ten¨ªa la condici¨®n de urbano no consolidado, seg¨²n establece la Lei de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica e de Protecci¨®n do Medio Rural de Galicia, puesto que las obsoletas normas subsidiarias de Barreiros no se adaptaron a la norma y las fincas carec¨ªan de servicios b¨¢sicos.
El juez advierte de que los recursos se archivan por un plazo de dos a?os
El Gobierno espera a que caduquen para legalizar as¨ª las licencias
Pese a todo lo anterior, el gobierno del PP sigui¨® adelante con el procedimiento, hasta que el bipartito, tras advertir reiteradamente al alcalde- impugn¨® en los tribunales 44 de esas licencias -para levantar 3.174 pisos- y suspendi¨® las normas subsidiarias de este municipio de A Mari?a lucense que la publicidad de las constructoras empezaba a vender como localidad de veraneo. Tras analizar el proceso y recabar la informaci¨®n de la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica, el fiscal jefe de Lugo decidi¨® presentar una denuncia por la v¨ªa penal contra el alcalde popular, sus tres ediles y la arquitecta municipal que aval¨® los planos. Todos est¨¢n acusados de prevaricaci¨®n urban¨ªstica en un caso que estudia un juzgado de Mondo?edo.
La Xunta de Alberto N¨²?ez Feij¨®o y su conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, est¨¢n dispuestos a legalizarlo todo. Primero destituyeron al director de la APLU que hab¨ªa capitaneado la lucha contra el caos inmobiliario de Barreiros. Casi al mismo tiempo frenaron cuatro de los contenciosos que la agencia iba a presentar con el aval de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica de la Xunta y solicitaron la suspensi¨®n de los recursos que la anterior conselleira de Pol¨ªtica Territorial, Mar¨ªa Jos¨¦ Caride, hab¨ªa interpuesto contra las licencias adjudicadas por la junta de gobierno de Barreiros. Meses despu¨¦s, la nueva Xunta firm¨® un convenio a tres, junto al propio alcalde denunciado por la fiscal¨ªa y la Diputaci¨®n de Lugo, que preside el socialista Jos¨¦ Ram¨®n G¨®mez Besteiro, para dotar de servicios a las pol¨¦micas urbanizaciones con un coste para las arcas p¨²blicas de 14 millones de euros y regularizar el descontrol urban¨ªstico del municipio. En virtud de este acuerdo, la Xunta aportar¨¢ 5,6 millones, la instituci¨®n provincial 1,2 y el Ayuntamiento otros 7,2 millones que espera recaudar de los promotores inmobiliarios, si bien este ¨²ltimo detalle no figura en ning¨²n acuerdo escrito.
Entretanto, el juzgado de lo Contencioso Administrativo n¨²mero 2 de Lugo, que estudiaba buena parte de las 44 impugnaciones realizadas por el bipartito contra los permisos para edificar que concedi¨® Fuente Parga, acaba de remitir 20 escritos a la Xunta en los que advierte de que ya ha transcurrido el plazo de 60 d¨ªas desde que el Gobierno gallego pidi¨® suspender los recursos que hered¨® de sus antecesores. En otros tantos autos, el juez acuerda el archivo provisional del proceso promovido por el letrado de la Xunta en nombre y representaci¨®n de la Conseller¨ªa de Medio Ambiente. Y advierte de que "los autos permanecer¨¢n en esa situaci¨®n mientras no se solicite la continuaci¨®n del proceso o se produzca la caducidad de la instancia".
Y eso es precisamente lo que ha decidido el actual Gobierno gallego: dejar morir de inanici¨®n el proceso en los tribunales, con lo que en a?o y medio esas urbanizaciones estar¨¢n legalizadas. El plazo caducar¨ªa en marzo de 2012, pero mucho antes Hern¨¢ndez y Feij¨®o ya han planeado subsanar la problem¨¢tica por la v¨ªa administrativa. Eso es al menos la respuesta que ha dado la Conseller¨ªa de Medio Ambiente a este peri¨®dico. "En Barreiros existen dos v¨ªas: la administrativa y la judicial, y tanto el Ayuntamiento como la Xunta y la Diputaci¨®n trabajamos en la primera de ellas", aclara un portavoz autorizado de la Xunta. La misma fuente sostiene que en la suspensi¨®n de los contenciosos se ha actuado por coherencia porque seguir con ellos "ser¨ªa una contradicci¨®n con lo acordado conjuntamente con las tres administraciones".
Sin noticias de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica
Hasta tres veces ha solicitado formalmente la oposici¨®n el preceptivo informe de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica de la Xunta que debe avalar el convenio que legaliza el caos urban¨ªstico de Barreiros. La Conseller¨ªa de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras se niega a entregar ese dictamen y la petici¨®n del PSOE para obtenerla por los cauces reglamentarios en el Parlamento ha ca¨ªdo en saco roto. Preguntado por el aval de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica a este pol¨¦mico proyecto, el propio presidente, Alberto N¨²?ez Feij¨®o dud¨® de que este pudiese ser entregado a la oposici¨®n y los medios de comunicaci¨®n puesto que fue remitida al Consello de la Xunta para que deliberase.
La respuesta es inaudita -este mismo Gobierno ha entregado a la prensa informes de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica desde que lleg¨® al poder en varias ocasiones- y la kafkiana soluci¨®n propuesta por Feij¨®o no acaba de dar resultados. El presidente aleg¨® en sede de Gobierno que se pedir¨ªa un segundo dictamen al mismo organismo para pedirle opini¨®n sobre si se pod¨ªa hacer p¨²blico el primero de los informes. Varios meses despu¨¦s de que se solicitase esta informaci¨®n, no se conoce ninguno de los dict¨¢menes pese a las repetidas solicitudes de este peri¨®dico a la conseller¨ªa de Agust¨ªn Hern¨¢ndez.
La postura de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica es clave, puesto que el convenio de Barreiros prev¨¦ legalizar actuaciones que este mismo organismo impugn¨® en los tribunales hace menos de dos a?os. La regularizaci¨®n que prev¨¦ llevar a cabo el Gobierno gallego parte de la declaraci¨®n de incidencia supramunicipal, un mecanismo excepcional previsto para salvaguardar el inter¨¦s p¨²blico que permite a la Xunta arrogarse las competencias municipales.
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