La primera sentencia ya dio la raz¨®n al bipartito
El Gobierno desiste de una guerra en la que ya hab¨ªa ganado una primera y trascendental batalla. Pese a que el presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, repite que todas las sentencias han ca¨ªdo del lado del Ayuntamiento de Barreiros, lo cierto es que el ¨²nico fallo conocido da la raz¨®n a su Gobierno. El 11 de diciembre de 2009 el juzgado de lo contencioso administrativo n¨²mero 1 de Lugo anul¨® la licencia concedida en julio de 2006 por el Gobierno municipal del PP a Promociones Nord¨¦s SL para que esta inmobiliaria levantase cuatro edificios con 173 pisos en el lugar de San Miguel de Reinante. El juez establece que la autorizaci¨®n de la administraci¨®n local no es conforme a Derecho.
Y no lo es, explica, porque "en el momento en que se concedi¨® la licencia", el suelo donde se pretend¨ªan erigir los mamotretos "no tiene la condici¨®n de solar ni puede llegar a serlo a trav¨¦s de un proceso de urbanizaci¨®n que supera la consideraci¨®n de obras de peque?a entidad". El juez cita jurisprudencia del Tribunal Supremo: "Debe recordarse que los solares cumplen entre otros unos requisitos, a saber, acceso por v¨ªa p¨²blica pavimentada, el agua abastecida debe ser potable, la evacuaci¨®n de aguas tendr¨¢ que realizarse a la red de saneamiento, el suministro de energ¨ªa el¨¦ctrica y el alumbrado p¨²blico deber¨¢n tener condiciones de caudal y potencia adecuada a los usos permitidos". Como ninguno de estos servicios estaba garantizado en aquel suelo, la sentencia determina que "la licencia impugnada no debi¨® otorgarse pues era exigible que los terrenos donde estaban proyectadas las viviendas hubiesen previamente admitido un proceso de urbanizaci¨®n para la dotaci¨®n de los servicios urban¨ªsticos a que se vino haciendo menci¨®n".
"Circunstancias similares"
El fallo alude a una de las 44 licencias impugnadas, pero los juristas consultados aseguran que el resto de fallos hubieran corrido la misma suerte puesto que "los permisos se dieron en circunstancias id¨¦nticas o similares", si la Xunta no hubiese desistido de los recursos ante los tribunales.
Entretanto, Feij¨®o insiste en que no legaliza nada, pese a que su convenio propone regularizar la situaci¨®n de cuatro suelos. Esa decisi¨®n resultar¨¢ especialmente rentable para los promotores, que por ley est¨¢n obligados a dar servicios a las zonas donde construyan con cargo a sus plusval¨ªas. Tres administraciones de distinto color pol¨ªtico pagar¨¢n, en el mejor de los casos, la mitad de los 14 millones de euros que deb¨ªan abonar los constructores.
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