La inspecci¨®n detecta irregularidades masivas en la visita del Papa a Valencia

Es una de las derivadas del caso G¨¹rtel que m¨¢s esc¨¢ndalo caus¨® en el PP, sobre todo en los dirigentes m¨¢s vinculados a posiciones cercanas a la Conferencia Episcopal, pero judicialmente a¨²n no ha avanzado. Se trata de la visita que realiz¨® el Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006. La investigaci¨®n ha detectado que Francisco Correa se llev¨® en comisiones presuntamente corruptas al menos un mill¨®n de euros de esa visita, en concepto de su mediaci¨®n frente al Gobierno valenciano para una constructora con la que ¨¦l estaba relacionado, Teconsa, se llevara el principal contrato de esa visita, 7,5 millones de euros para para colocar las pantallas de v¨ªdeo, sonido y megafon¨ªa para la visita que le adjudic¨® Canal 9, presidida por Pedro Garc¨ªa, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo ¨ªntimo de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia.

La polic¨ªa hall¨® que Correa se llev¨® un mill¨®n en comisiones por la sonorizaci¨®n

La oferta de Teconsa doblaba a la m¨¢s barata y no era solvente, pero gan¨®

El juez Antonio Pedreira, que investiga el caso G¨¹rtel, ha pedido a la inspecci¨®n general del Estado que analice los contratos de esa visita. Y el informe resultante firmado por el inspector Juan Carlos G¨®mez Condado el pasado 7 de octubre, es demoledor. En la documentaci¨®n entregada por Canal 9 se han detectado irregularidades masivas en los diferentes contratos. De hecho Pedro Garc¨ªa abandon¨® Canal 9, oficialmente por motivos personales -Camps no reconoce siquiera la existencia del caso G¨¹rtel- poco despu¨¦s de que Pedreira reclamara estos contratos, en agosto de 2009.

La visita del Papa, en solo dos d¨ªas y en lo que se refiere a los contratos que depend¨ªan de Canal 9, supuso un gasto de 14,7 millones de euros en diferentes conceptos, todos ellos relacionados con la cobertura del evento para la televisi¨®n p¨²blica valenciana, una de las m¨¢s endeudadas.

De esos 14,7 millones, un mill¨®n se fue en contratos peque?os y claramente troceados de manera irregular, seg¨²n el informe, y los otros 13 millones se fraccionaron en 11 contratos de los que el m¨¢s importante es precisamente el que se llev¨® Teconsa, una constructora que no ten¨ªa experiencia en sonorizaci¨®n y que subcontrat¨® con otras empresas ese pelotazo millonario.

Seg¨²n los documentos encontrados a Francisco Correa, la red G¨¹rtel gestion¨® directamente este contrato. El informe es claro: "En resumen si comparamos la oferta m¨¢s baja para el v¨ªdeo y para el sonido, que ascienden a 3,5 millones de euros, con la oferta conjunta de Teconsa, que es de 6,5 millones [al final fueron 7,5], la diferencia es de 3 millones de euros, que con el IVA asciende a 3,4 millones". Esto es, la oferta de Teconsa, adem¨¢s de las dudas t¨¦cnicas, era con mucho la m¨¢s cara, pero se llev¨® el contrato.

"Queda acreditado que en al menos dos expedientes, se adjudica el servicio a empresas en las que existen grandes dudas sobre la posibilidad de acreditar la necesaria solvencia t¨¦cnica y profesional para contratar", se?ala el informe. Uno de ellos es el de Teconsa. Tambi¨¦n reprocha que esta empresa subcontratara pr¨¢cticamente la totalidad del trabajo, cuando el l¨ªmite legal es del 50%. Seg¨²n la investigaci¨®n, lo subcontrat¨® todo por 3,5 millones, el resto fue ganancia para Teconsa, que reparti¨® un mill¨®n con Correa.

Una de las irregularidades m¨¢s evidentes es la de la innecesaria declaraci¨®n de urgencia. "De los 11 expedientes analizados, 10 se tramitan por el procedimiento de urgencia. En ninguno la declaraci¨®n de urgencia est¨¢ debidamente motivada. RTVV conoc¨ªa al menos desde febrero de 2006 que ten¨ªa en exclusiva la producci¨®n y distribuci¨®n de la se?al institucional", se?ala el texto.

Para demostrar el descontrol absoluto de los contratos, el informe detalla seis, por un total de 487.000 euros, comprueba que ninguno se ajusta a la normativa y concluye: "Se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos para que ninguno de ellos fuera superior al l¨ªmite fijado por la propia abogac¨ªa de la Generalitat".

La conclusi¨®n es demoledora: "En general la actuaci¨®n desarrollada por el ¨®rgano gestor ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad".