Cultura desv¨ªa a los imputados la responsabilidad del 'caso Retablo'

El ex restaurador de la Xunta Carlos G¨®mez-Gil tuvo durante a?os manos libres para adjudicar contratos directos a las empresas que rehabilitaban arte sacro -con financiaci¨®n de la Conseller¨ªa de Cultura- en las provincias de Pontevedra y Ourense e incluso para seleccionar a las firmas de restauraci¨®n cuando se trataba de procedimientos negociados sin publicidad a los que deben concurrir tres ofertas. Eso fue lo que cont¨® al juez el jefe de servicio de Arquitectura e Etnograf¨ªa de la Conseller¨ªa de Cultura, Juan Antonio Naveira Seoane, el pasado 16 de septiembre.

En su declaraci¨®n como testigo del caso Retablo, una red de corrupci¨®n generalizada en la rehabilitaci¨®n de patrimonio art¨ªstico eclesi¨¢stico que suma ya 11 imputados -con G¨®mez-Gil y el arquitecto del Xacobeo, Jos¨¦ Manuel Pichel Pichel, como supuestos cabecillas a los que el fiscal atribuye los delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, prevaricaci¨®n y cohecho- el representante de la Xunta se?al¨® el papel protagonista de G¨®mez-Gil en las adjudicaciones.

El t¨¦cnico decid¨ªa los monumentos que se rehabilitaban y las empresas

Un cura admiti¨® que la Xunta no sufragaba obras si no eleg¨ªa a las firmas

Detall¨® que, como t¨¦cnico restaurador de Cultura, G¨®mez-Gil no s¨®lo decid¨ªa los monumentos que se rehabilitaban en las provincias de Ourense y Pontevedra: tambi¨¦n eleg¨ªa a las empresas que se contrataban de forma directa y las que deb¨ªan concurrir a los procedimientos negociados para obtener los contratos. "Era el t¨¦cnico el que hac¨ªa el estudio en el que se daba la puntuaci¨®n a las empresas que participaban y despu¨¦s se lo pasaba al dicente [el propio Naveira Seoane] y era el mismo t¨¦cnico el que conformaba el informe, y la adjudicaci¨®n la hac¨ªa la mesa de contrataci¨®n". Y a?adi¨® "que el control sobre las empresas que iban a licitaci¨®n lo hac¨ªa el t¨¦cnico [G¨®mez-Gil] que era el que comprobaba si la empresa ten¨ªa capacidad para hacer la obra".

Y eso es precisamente lo que estudia el juzgado n¨²mero 3 de Santiago, despu¨¦s de que la anterior Conseller¨ªa de Cultura presentase una denuncia en la fiscal¨ªa, una vez que detect¨® que los contratos en Lugo y Ourense reca¨ªan sobre un pu?ado de empresas. Los informes policiales concluyen que las firmas eran seleccionadas por G¨®mez-Gil y Jos¨¦ Manuel Pichel Pichel, que a cambio de adjudicar obras recibieron cantidades econ¨®micas y prebendas.

El jefe de servicio de la Xunta distingui¨® entre dos tipos de intervenciones, las que adjudica la Conseller¨ªa de Cultura directamente y las que financia a trav¨¦s de convenios con otras entidades. En este ¨²ltimo caso eran las parroquias y conventos los que encargaban los trabajos. Tambi¨¦n en este tipo de procedimientos ha hallado irregularidades la brigada de delitos econ¨®micos del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, siempre con G¨®mez-Gil y Pichel Pichel como intermediarios, a la postre los que decid¨ªan qu¨¦ actuaciones subvencionaban la Xunta y el Xacobeo.

El relato del alto cargo de Cultura ante el juez apuntala esa tesis cuando recuerda la queja de un empresario que comunic¨® a la Xunta la confesi¨®n de un p¨¢rroco en la que admit¨ªa que "hab¨ªa que adjudicar a otra empresa la restauraci¨®n porque si no la conseller¨ªa no le financiar¨ªa la parte de obra correspondiente".

Ante el juez, Naveira Seoane desvel¨® que la conseller¨ªa abri¨® una investigaci¨®n interna cuando empez¨® a recibir denuncias de empresas que sistem¨¢ticamente se quedaban fuera de las adjudicaciones y que entonces se detect¨® que una firma, CBC, concentraba gran parte de los contratos. Tambi¨¦n cont¨® que las invitaciones a los distintos licitadores se enviaban por escrito, un extremo que niega la unidad de delincuencia fiscal de la polic¨ªa tras analizar los expedientes de la Conseller¨ªa de Cultura. El atestado policial se?ala que hubo falta de control en el Xacobeo para fiscalizar estas contrataciones.