Degradaci¨®n
La vida pol¨ªtica se va degradando en Espa?a de manera perceptible. Sin duda, la crisis econ¨®mica, la intensidad de la misma, que est¨¢ afectando de manera sustancial a buen n¨²mero de los componentes esenciales de la convivencia tiene mucho que ver con ello. Pero no es la crisis el factor determinante.
La crispaci¨®n pol¨ªtica empez¨® mucho antes de que se desatara la crisis; los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n y, sobre todo, la ausencia de reacci¨®n frente a los mismos, en particular por parte de la direcci¨®n del PP, tampoco tienen nada que ver con la crisis; las dificultades para llegar a acuerdos para la renovaci¨®n de ¨®rganos constitucionales tan importantes como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial no son atribuibles a la crisis; los abucheos al presidente del Gobierno en actos p¨²blicos y singularmente en el desfile del 12 de octubre empezaron antes de la crisis. La enumeraci¨®n es puramente ejemplificativa.
La democracia, dec¨ªa James Madison, es un sistema armonioso de frustraciones mutuas. Frustrar al adversario es la primera obligaci¨®n de quien participa activamente en la vida pol¨ªtica. Esto ocurre en cualquier tipo de competici¨®n y, cuanto m¨¢s colectivo es el deporte en el que se compite, m¨¢s visible resulta esa m¨¢xima del m¨¢s importante de los padres fundadores de la Constituci¨®n americana. En la pol¨ªtica todav¨ªa m¨¢s. Y en la frustraci¨®n del adversario, especialmente cuando el adversario ocupa el Gobierno, reside una de las garant¨ªas m¨¢s importantes de la libertad del ciudadano. El desarrollo de una oposici¨®n vigorosa es m¨¢s que un componente un presupuesto insoslayable de todo sistema pol¨ªtico democr¨¢tico digno de tal nombre. Tambi¨¦n, obviamente, entra dentro de la tarea del Gobierno frustrar a quienes est¨¢n en la oposici¨®n, tratando de evitar que puedan ganar las pr¨®ximas elecciones.
Pero la estrategia de frustrar al adversario tiene que encajar en un sistema arm¨®nico, es decir, en un sistema en el que todos los adversarios acepten que hay unas reglas comunes compartidas, que est¨¢n por encima de toda discusi¨®n, en las cuales descansa la posibilidad misma de que el enfrentamiento se produzca de manera civilizada, que no degenere en pura agresi¨®n.
La l¨ªnea que separa el enfrentamiento de la agresi¨®n no es f¨¢cil de establecer en la competici¨®n pol¨ªtica. En toda competici¨®n hay un ¨¢rbitro que debe simult¨¢neamente permitir el enfrentamiento y que el enfrentamiento no degenere en agresi¨®n. En la pol¨ªtica tambi¨¦n lo hay. Lo que ocurre es que el ¨¢rbitro es el cuerpo electoral, que sanciona las conductas de los competidores cada cuatro a?os. La posibilidad de que la agresi¨®n no sea sancionada no es desde?able.
Ciertamente, en el tiempo que media entre las decisiones del cuerpo electoral opera un arbitraje difuso de la opini¨®n p¨²blica. Para la calidad de la democracia este arbitraje difuso es tan importante o m¨¢s que el arbitraje cuatrienal del cuerpo electoral. La existencia de una opini¨®n p¨²blica constitucional que disuada a los actores de convertir el enfrentamiento en agresi¨®n y que sancione las conductas que son incompatibles con usos democr¨¢ticos que no tienen siquiera que estar normativizados, es un factor clave para que un sistema pol¨ªtico pueda ser considerado aut¨¦nticamente democr¨¢tico.
Este arbitraje difuso est¨¢ operando de manera extraordinariamente deficitaria tanto en el sistema pol¨ªtico espa?ol como en los subsistemas de las distintas comunidades aut¨®nomas. El coste empieza a ser alto. Y tal como est¨¢ el patio, puede ser todav¨ªa mayor. Ah¨ª tenemos ya como referencia el bot¨®n de muestra de la inmigraci¨®n y de su previsible tratamiento en las futuras campa?as electorales.
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