?Ciberactivistas o ciberdelincuentes?

Convencer a miles de personas de que se re¨²nan en un lugar unidos por una causa es, como m¨ªnimo, un quebradero de cabeza. La gente es reacia a manifestarse, y m¨¢s si el clima no acompa?a. Adem¨¢s, la efectividad de estas convocatorias suele ser m¨¢s que discutida. En Internet no ocurre lo mismo. La pasada semana, miles de internautas lanzaron desde sus PC millones de ataques contra las webs de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el Ministerio de Cultura y la patronal discogr¨¢fica Promusicae. Los convocantes, que protestaban contra el canon digital y la ley que perseguir¨¢ a las p¨¢ginas de descargas no autorizadas, consiguieron su objetivo de tirar abajo durante horas las webs atacadas y una repercusi¨®n medi¨¢tica que pocas manifestaciones callejeras merecen.

Algunos defienden que el bloqueo es leg¨ªtimo si tiene un fin pol¨ªtico

La relevancia p¨²blica de la protesta justifica a sus autores

El ataque "es delictivo se mire por donde se mire", dice la SGAE

Estas acciones se castigar¨¢n con hasta tres a?os desde diciembre

Los organizadores, el grupo de ciberactivistas Anonymous, que act¨²an en su mayor parte desde Estados Unidos, plantearon el ataque a trav¨¦s de foros como 4chan y redes sociales, dentro de una campa?a internacional contra las corporaciones que "coartan la creatividad" y la pol¨ªtica de los "lobbies de los derechos de autor", que le han llevado a tumbar anteriormente las webs de las asociaciones cinematogr¨¢fica (MPAA) y discogr¨¢fica (RIAA) de EE UU, del Reino Unido (BPI) y a bufetes de abogados que las representan. La embestida contra las webs se realiz¨® mediante los llamados ataques de denegaci¨®n de servicio (DDoS), consistente en el env¨ªo masivo y simult¨¢neo de peticiones a las p¨¢ginas para bloquear los servidores.

Al margen de sus reivindicaciones, los ataques han provocado un inflamado debate entre los que consideran que estos actos son puro vandalismo y ciberdelincuencia y los que, por el contrario, los ven como una nueva forma de protesta, tan leg¨ªtima como una manifestaci¨®n o una huelga. La disputa se ampl¨ªa porque hay quienes consideran que la legitimidad de estas ciberprotestas depende de los fines que persigan. Pero, ?qui¨¦n decide cu¨¢ndo est¨¢n justificados?

La discusi¨®n no es nueva. La novedad esta vez es que la divisi¨®n ha llegado incluso a la comunidad internauta que se ha mostrado m¨¢s activa en combatir la legislaci¨®n de los derechos de autor y a las organizaciones como la SGAE que la amparan.

El caso m¨¢s paradigm¨¢tico de esta dicotom¨ªa es el de Julio Alonso, propietario de Weblogs, una empresa de blogs que vive de la publicidad. El empresario sufri¨® hace dos a?os un ataque DDoS contra su blog Genbeta, que hab¨ªa publicado una entrada sobre los m¨¦todos que utilizaban ciertas webs para apropiarse de las claves y de los ordenadores de los usuarios con fines il¨ªcitos. En respuesta, los due?os de algunas de las webs aludidas tumbaron la p¨¢gina de Genbeta durante casi una semana. Alonso, que denunci¨® los hechos a la Guardia Civil y consider¨® "ciberdelincuentes" a sus protagonistas, manifiesta ahora su compresi¨®n hacia los que protagonizaron el ciberataque contra la SGAE.

En una entrada en su blog Merodeando titulada ?Es siempre reprobable un ataque de denegaci¨®n de servicio?, explica: "Los lobbies del copyright est¨¢n usando el sistema legal a su antojo para defender sus posiciones. Y esa batalla, que juegan en terreno propio, la est¨¢n ganando. Desgraciadamente es as¨ª. Aqu¨ª y en todo el mundo [...] Ante esto, ?qu¨¦ opciones quedan? Recordemos por un momento que la mayor parte de los m¨¦todos de protesta pac¨ªficos han sido inicialmente ilegales. La huelga lo fue durante mucho tiempo".

Consultado por este diario, Alonso aclara su postura: "No he dicho que considere l¨ªcito que Anonymous pueda bloquear p¨¢ginas. Lo que he dicho es que entiendo que se produzcan esos ataques, que es bastante distinto". La diferencia es que, seg¨²n este empresario, en el caso del ataque contra Weblogs "hay una motivaci¨®n econ¨®mica y en el otro hay un m¨®vil pol¨ªtico".

La SGAE sostiene la postura opuesta. Para su director general, Jos¨¦ Neri, se trata de una "acci¨®n delictiva se mire por donde se mire" y denuncia "el cinismo ol¨ªmpico de quienes piden que se persiga con toda la fuerza de la ley los ataques contra sus webs y comprenden que se bloquee otras en nombre de la libertad de expresi¨®n".

Neri se?ala que hubo un "claro perjuicio econ¨®mico", no solo por las "costos¨ªsimas medidas de seguridad" que tuvo que afrontar la SGAE para poner en pie de nuevo su web, sino "por el lucro cesante" causado, por ejemplo, por los miles de socios que realizan su relaci¨®n por Internet y no pudieron hacerlo. La SGAE y Alonso mantienen un conflicto en los tribunales. El empresario fue condenado por un juzgado de primera instancia a pagar 9.000 euros por atentado al honor contra la SGAE por unos comentarios denigratorios alojados en sus blogs, aunque la sentencia est¨¢ recurrida.

Frente a la opini¨®n de unos y otros, lo cierto es que en un Estado de derecho la decisi¨®n sobre qui¨¦n es delincuente y qui¨¦n no est¨¢ en manos de los jueces encargados de aplicar las leyes. Y seg¨²n la ley vigente, ni los que protagonizaron el ataque contra Weblogs ni los que lo hicieron contra la SGAE han cometido ning¨²n delito. El primer caso ya est¨¢ archivado y el segundo tiene muy pocas probabilidades de prosperar. Una situaci¨®n que est¨¢ a punto de cambiar, ya que en la reforma del C¨®digo Penal que entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo mes de diciembre se tipifica este tipo de acciones como delito con penas de seis meses a tres a?os de prisi¨®n.

"El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema inform¨¢tico ajeno, introduciendo, transmitiendo, da?ando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos inform¨¢ticos, cuando el resultado producido fuera grave, ser¨¢ castigado, con la pena de prisi¨®n de seis meses a tres a?os", dice la redacci¨®n del nuevo C¨®digo Penal que entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo 23 de diciembre.

Carlos S¨¢nchez Almeida, el abogado que represent¨® a Weblogs en el proceso contra los que atacaron su web, asegura en su blog que, aunque interrumpir el funcionamiento de un sistema inform¨¢tico no sea delito ahora, "no quiere decir que no sea un il¨ªcito civil, y por encima de todo, un grav¨ªsimo error ¨¦tico, medi¨¢tico, pol¨ªtico y estrat¨¦gico". "Tirar abajo las websde la SGAE o del Ministerio de Cultura no es una haza?a: es una cobard¨ªa y una estupidez. Durante mucho tiempo, una lenta y tenaz labor de debate y combate -jur¨ªdico, pol¨ªtico e ideol¨®gico- ha conseguido desgastar la imagen p¨²blica de la SGAE. Y de golpe y precisamente en el momento en que se debate la Ley Sinde de censura de webs en el Parlamento, se les ofrece un inesperado bal¨®n de ox¨ªgeno: la posibilidad de aparecer como v¨ªctimas ante la clase pol¨ªtica y la opini¨®n p¨²blica".

Una opini¨®n parecida a la que trasladaba a trav¨¦s de Twitter el abogado David Bravo, que ha defendido a los due?os de p¨¢ginas de enlaces frente a las denuncias de discogr¨¢ficas, estudios y la propia SGAE: "SGAE, dibujada generalmente y a su pesar como el verdugo, habr¨¢ celebrado como regalo ca¨ªdo del cielo que la vistan de v¨ªctima por un d¨ªa".

Y es que si algo no se le puede negar a Anonymous es la relevancia p¨²blica que alcanzan con sus acciones de protesta. Los medios no siempre se hacen eco de las reivindicaciones de los distintos colectivos. Pero las instrucciones para que cualquier internauta pudiera unirse al ataque fueron ampliamente difundidas por las ediciones digitales de los medios convencionales, que enlazaban con la p¨¢gina de Anonymous donde se detallaba el procedimiento a seguir.

De hecho, como reconoce Luis Corrons, director t¨¦cnico de Panda Labs, empresa de seguridad inform¨¢tica, la expectaci¨®n creada motiv¨® que el ataque que estaba programado por los organizadores para las 00.00 horas del 7 de octubre se adelantara varias horas. A la una de la tarde del d¨ªa 6 la web de la SGAE ya ten¨ªa problemas y a las seis de la tarde estaba ca¨ªda. La primera oleada de ataques no vino del exterior, sino de Espa?a. Solo desde un servidor de Alcobendas (Madrid) se lanzaron siete millones de peticiones ?Es l¨ªcito que los medios de comunicaci¨®n sirvan de altavoz a este tipo de acciones? ?C¨®mo reaccionar¨ªan si fueran ellos los atacados?

Anonymous no responde a esta pregunta, pero nadie le puede discutir una l¨®gica aplastante a la hora de servirse de los medios para sus fines y de justificar su activismo: "Espero que el futuro de las protestas sea la acci¨®n. No el andar en c¨ªrculos con pancartas in¨²tiles que todo el mundo ignora", se?alaba un miembro del grupo (no identificado) en una entrevista publicada por Corrons en su web. En la misma, se justifica el ataque como una respuesta (payback) a los ataques de DDoS que, seg¨²n Anonymous, est¨¢n llevado a cabo los lobbies de los derechos de autor para tumbar las p¨¢ginas de enlaces y de p2p, contratando para ello a empresas de seguridad inform¨¢tica como la india Aiplex.

Enrique Dans, profesor de IE Business School, saluda entusiastamente estos ciberataques que "nada tienen que ver con una chiquiller¨ªa, con ciberdelincuentes ni con convertir a nadie en v¨ªctima" sino con una "leg¨ªtima forma de protesta". "Esto es lo que hay: ciudadanos que no pueden m¨¢s y que reaccionan a los abusos uni¨¦ndose a una protesta masiva en la Red. Si quieres ver el poder de Internet, aqu¨ª lo tienes: un Ministerio y dos entidades privadas temporalmente de voz en la Red, y veremos si lo siguiente no es silenciar en la Red al Gobierno de la naci¨®n". Dans hace referencia a la disposici¨®n de la Ley de Econom¨ªa Sostenible que se est¨¢ tramitando en el Parlamento y en la que, por primera vez en Espa?a, se regula la persecuci¨®n de las p¨¢ginas de enlaces y de descargas de archivos protegidos por derechos de autor.

Su tramitaci¨®n ha provocado una revuelta digital al entender que la ley -ley Sinde o ley antidescargas- sustituye la tutela judicial en el control de los contenidos en Internet por un mecanismo al arbitrio de los lobbies y la industria cultural. Por eso, hay quienes piensan que no es coherente exigir garant¨ªas judiciales en el cierre de cualquier web y apoyar al mismo tiempo que se saboteen otras.

Ricardo Galli, del portal Men¨¦ame, que sufri¨® un ataque DDoS por defender a Genbeta, se muestra muy cr¨ªtico en su blog contra la acci¨®n de Anonymous. "Pens¨¦ que se trataba de construir la alternativa desde sus cimientos, no de destruir lo que criticamos usando sus mismos m¨¦todos. Menos a¨²n apoyar y festejar que lo hagan adolescentes extranjeros en nuestro nombre. Yo me bajo aqu¨ª".

Hay quienes apuntan tambi¨¦n a que la acci¨®n de Anonymous es s¨®lo una prueba de la banalizaci¨®n de Internet y su inmadurez. No siempre es as¨ª. La juventud francesa, por ejemplo, ha demostrado que puede ser combativa en la Red contra la ley Hadopi, la ley antidescargas gala, mucho m¨¢s dura que la espa?ola puesto que castiga directamente al usuario, y al mismo tiempo salir a la calle para reivindicar que no se d¨¦ un tajo a las pensiones de sus mayores. Internet pertenece al mundo real. Y sus protestas, tambi¨¦n.