Los ¨¦xitos de la justicia

El debate se suscita entre la cr¨ªtica a la evoluci¨®n, o "involuci¨®n", del papel de la jurisdicci¨®n para resolver los conflictos sociales y garantizar los derechos fundamentales y no fundamentales; y otra postura m¨¢s optimista, que considera meramente mejorable la situaci¨®n que hoy en d¨ªa presenta el sistema jurisdiccional espa?ol. Como siempre, nos hallamos ante un problema de enfoque, que viene fuertemente predeterminado por la ideolog¨ªa desde la que se plantea el an¨¢lisis. As¨ª, desde una perspectiva cr¨ªtica, avances como que tengamos c¨¢maras de grabaci¨®n en las salas de los tribunales gallegos -algo que en el siglo pasado ya ten¨ªan la mayor parte de pa¨ªses primermundistas- no pasan de ser meramente anecd¨®ticos.

En un Estado de derecho, los t¨¦rminos jurisdicci¨®n y poder judicial suelen utilizarse indistintamente cuando nos referimos a la funci¨®n del Estado destinada a administrar justicia. Pero s¨®lo despu¨¦s de hechos significados como los que tuvieron por protagonista al juez Tirado y a las huelgas de jueces, se ha conseguido algo de concienciaci¨®n ciudadana y de exigencia a un servicio p¨²blico -la justicia- que desde siempre ha sido v¨ªctima del fen¨®meno de huida y desprestigio de lo p¨²blico. En este sentido, lo que interesa es el control del podercillo judicial, su acentuada jibarizaci¨®n y su mantenimiento en un nivel de servicio p¨¦simo, que desincentive cualquier esperanza de los ciudadanos en obtener una tutela judicial r¨¢pida y eficaz en un entorno en el que la mayor litigiosidad no es sino un emblema de la injusticia social y de la creciente exigencia ciudadana por los derechos, dentro del que tambi¨¦n, por desgracia, el pleitista tiene su h¨¢bitat natural.

En la nueva oficina judicial, panacea para el caos, se produce el fen¨®meno de la atomizaci¨®n competencial, de forma que hasta tres administraciones -Xunta de Galicia, ministerio y CGPJ- son incapaces de ponerse de acuerdo en un sistema inform¨¢tico homologado, ¨²til y compatible para poder ordenar inform¨¢ticamente los "manifiestamente mejorables" resultados del servicio judicial en Galicia.

En Espa?a, se siguen haciendo leyes sin estudios de impacto en la planta judicial y los gobernantes de turno se apuntan al carro del "Montesquieu ha muerto!", parang¨®n judicial del exabrupto "muera la inteligencia!", que le espet¨® Mill¨¢n Astray a Unamuno. Hay un control muy deficiente y difuso sobre el personal de la oficina, existe una notable sobrecarga de trabajo, la respuesta sigue siendo todav¨ªa m¨¢s lenta cuando el demandado es la Administraci¨®n, y ya nos acostumbramos a ver a jueces que cantan sus dramas particulares por medio de manifiestos.

Para el ministro Caama?o desde que ¨¦l lleg¨® al cargo todo es un ¨¦xito, un gran ¨¦xito, para la justicia espa?ola, y ahora quiere cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no sin intentar que a cada paso que se da camino de la modernidad, la separaci¨®n de poderes se hunda un poco m¨¢s en la tumba del citado Bar¨®n de Secondat. Porque eso s¨ª, qu¨¦ duda cabe que la instrucci¨®n para fiscales jer¨¢rquicamente dependientes del Ejecutivo en temas de cohecho, malversaci¨®n, tr¨¢fico de influencias..., es un paradigma de modernidad democr¨¢tica y de independencia, eso s¨ª, apoyada en el ¨²nico, s¨®lido y gran argumento de que en todos los pa¨ªses de nuestro entorno la instrucci¨®n la lleva el fiscal.

Pero, ?aqu¨ª se gasta mucho en justicia!, dir¨¢ indignado el conselleiro Rueda. En efecto, as¨ª es. No obstante nadie controla la calidad y eficiencia del gasto, y como en tantas otras cosas en este pa¨ªs, lo que en realidad se hace es malgastar. El control de la justicia gratuita (la de los gallegos menos pudientes) es nulo. S¨®lo se controla si se tiene acceso o no, pero no si se presta con suficiente calidad. Los datos hablan solos. ?Qui¨¦n no ha visto las estelares intervenciones letradas en los juicios r¨¢pidos a 350 euros/conformidad? Aunque me consta el inter¨¦s de N¨²?ez Feij¨®o por los problemas de la justicia, ?alguien le ha explicado al presidente de la Xunta con qu¨¦ ¨¦xito fue acogida la singularidad territorial de Galicia en los estudios del ministerio para la nueva demarcaci¨®n judicial?

Alfonso Villag¨®mez es magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia