Responsabilidad y justicia

La Constituci¨®n espa?ola establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades aut¨®nomas y garantiza expl¨ªcitamente la autonom¨ªa de los municipios. Estas afirmaciones, que pueden parecer nimias, se est¨¢n convirtiendo en el basti¨®n m¨¢s dif¨ªcil de proteger para el mundo local. Nuestra autonom¨ªa no solo se ve debilitada por la ausencia de financiaci¨®n, sino que adem¨¢s la legislaci¨®n invade repetidamente dicha autonom¨ªa, cuando no la anula directamente. Se legisla sobre aspectos que afectan directamente a la organizaci¨®n y gobierno de los municipios y, por el contrario, no se nos tiene en cuenta ni siquiera como parte afectada. Esto coloca a los cargos electos en una preocupante situaci¨®n de indefensi¨®n.

En ocasiones, como en las imputaciones penales de alcaldes por motivos medioambientales, chocamos con una legislaci¨®n que nos hace responsables de hechos que no nos competen o que no dependen solo de nuestras decisiones. El fiscal considera que algunos alcaldes est¨¢n incumpliendo sus obligaciones en materia de saneamiento. ?Cu¨¢l es la situaci¨®n real? Que la construcci¨®n de las plantas depuradoras, necesarias para garantizar que no se produzcan los vertidos, son competencia de otra Administraci¨®n. Resultado: alcaldes imputados penalmente por decisiones y actuaciones que no dependen de ellos. Por ello, desde la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a hemos trasladado al Gobierno de la Generalitat la necesidad de que se complete el sistema de saneamiento de los municipios y, paralelamente, hemos trasladado a la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente la voluntad de trabajar conjuntamente para buscar soluciones que pongan fin a este tipo de situaciones e imputaciones.

El caso se repite si hablamos de la ley de protecci¨®n de los animales. El Parlament aprob¨® por unanimidad que no se puedan sacrificar animales abandonados. Anualmente se abandonan unos 23.000 animales de compa?¨ªa en Catalu?a y el coste medio de mantenimiento por cada uno es de 11 euros al d¨ªa. As¨ª pues, el mundo local tendr¨ªa que destinar unos 92 millones de euros anuales para aplicar dicha ley. Nuevamente el Parlament aprueba una ley, pero no dota econ¨®micamente a los municipios para su cumplimiento, y otra vez el C¨®digo Penal responsabiliza al alcalde de forma indirecta de abandono o maltrato de animales en su municipio. Y esto, en una situaci¨®n de precariedad econ¨®mica y de falta de financiaci¨®n como la actual, nos plantea un dilema imposible: ?tenemos que gastar m¨¢s recursos en la aplicaci¨®n de la ley de protecci¨®n de animales que en los servicios sociales o en la asistencia a las personas de nuestro municipio? ?C¨®mo se resuelve esta dicotom¨ªa?

Hay m¨¢s: imposiciones en la autorizaci¨®n de prost¨ªbulos, injerencias en la ubicaci¨®n de mezquitas, imposibilidad de obtener cr¨¦dito, condiciones de pago m¨¢s exigentes para los Ayuntamientos que para las empresas... ?No ser¨ªa m¨¢s adecuado establecer un modelo de financiaci¨®n local y definir claramente las competencias que tiene que asumir cada uno con los recursos necesarios? As¨ª, los cargos electos podr¨ªan asumir las responsabilidades que realmente tuvieran. Responsabilidades, todas; injusticia, ninguna.

Manuel Bustos es alcalde de Sabadell y presidente de la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a.