La suspensi¨®n del reglamento del catal¨¢n reabre el debate ling¨¹¨ªstico

?En qu¨¦ idioma se escribir¨¢ el acta del pleno de ma?ana en el Ayuntamiento de Barcelona? En catal¨¢n, como siempre, sostienen en el Consistorio. En esa instituci¨®n y en el conjunto de los partidos pol¨ªticos catalanes, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que suspende de forma cautelar siete art¨ªculos del reglamento municipal del uso del catal¨¢n -porque entienden que excluye el castellano- ha provocado todo un embrollo pol¨ªtico y jur¨ªdico sobre el fondo del asunto y su alcance real. Es decir, sobre qu¨¦ efectos tiene.

Este es el primer pronunciamiento judicial que se acoge a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anul¨® parte del Estatuto catal¨¢n. En concreto, los preceptos que hac¨ªan referencia al uso preferente del catal¨¢n dentro de las Administraciones.Para algunos, la suspensi¨®n no tiene efectos pr¨¢cticos. Otros, en cambio, advierten que esa suspensi¨®n es de obligado cumplimiento. De los siete art¨ªculos, cuatro de ellos hacen referencia al idioma que utilizar en comunicaciones internas y los otros tres se circunscriben a la relaci¨®n con el ciudadano.

El reglamento del uso del catal¨¢n en el Ayuntamiento de Barcelona se aprob¨® en febrero pasado con los votos a favor de todos los partidos menos el PP, que lo recurri¨® ante los tribunales. Se trataba de una hist¨®rica reivindicaci¨®n de CiU y ERC a la que el PSC e ICV nunca dieron prioridad por dos motivos: porque el uso del catal¨¢n y el castellano no hab¨ªa representado conflicto y para evitar un asunto espinoso. Pero, finalmente, los cuatro llegaron a un acuerdo. Ese reglamento precisa en su articulado el uso del catal¨¢n y lo declara lengua preferente.

Antes de que existiera, el Consistorio se reg¨ªa por la Ley de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica, que es la que establece, por ejemplo, que el idioma de las comunicaciones y los procedimientos de las Administraciones en Catalu?a sea el catal¨¢n, sin perjuicio "del derecho de los ciudadanos a presentar documentos, hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en castellano", seg¨²n puntualiza el art¨ªculo 10.

Y a esa norma -que es de rango superior a la del reglamento municipal- se acoge el alcalde, Jordi Hereu, para dejar claro que el auto del Tribunal Superior no tendr¨¢ "ninguna trascendencia". Hereu est¨¢ convencido, adem¨¢s, de que en la relaci¨®n del ciudadano con el Consistorio no hay problemas, por lo menos ling¨¹¨ªsticos. De hecho, los impresos biling¨¹es son los que se entregan al ciudadano en las oficinas, antes y despu¨¦s del reglamento. En cualquier caso, el Ayuntamiento anunci¨® ayer que recurrir¨¢ el auto del Tribunal Superior.

El presidente de la Generalitat, Jos¨¦ Montilla, coment¨® ayer en una conversaci¨®n informal con periodistas que el auto del Tribunal Superior no va a cambiar nada y que lo que hace es contribuir a "enrarecer" el clima. M¨¢s contundente se mostr¨® el consejero de Innovaci¨®n, Josep Huguet (ERC), que llam¨® a la "insumisi¨®n legal". Y en opini¨®n del vicepresidente del Gobierno catal¨¢n, Josep Llu¨ªs Carod Rovira (ERC), el auto "es una ofensiva judicial que m¨¢s que judicial es pol¨ªtica". En las ant¨ªpodas de esa tesis, el portavoz de Ciutadans, Jordi Ca?as, asegur¨® estar muy satisfecho porque con el reglamento "el Ayuntamiento buscaba expulsar el castellano".

Entre los grupos municipales se dibujaron dos bandos. Los que est¨¢n enfadados por el auto del Tribunal Superior -CiU, ERC, ICV-EUiA y el PSC- y, al otro lado, el Partido Popular, que est¨¢ encantado. Los nacionaalistas, adem¨¢s, a?aden que se trata de un auto de suspensi¨®n cautelar y que, entienden, hace falta el pronunciamiento sobre el fondo. Los populares, por el contrario, lanzaron ayer algo que sonaba a advertencia: los autos judiciales se deben acatar.