La Ley de Dependencia se estanca entre acuerdos que no se cumplen

La nueva ministra de Sanidad, Pol¨ªtica Social e Igualdad, Leire Paj¨ªn, se encontrar¨¢ con varios frentes abiertos entre su ministerio y las comunidades por la Ley de Dependencia, adem¨¢s de acuerdos que no se cumplen, como los plazos de espera para recibir una ayuda o la puesta en marcha del nuevo sistema de informaci¨®n estad¨ªstica, que ya deb¨ªa ser p¨²blico. La ministra se enfrenta hoy a su primer Consejo Territorial con los responsables de asuntos sociales de las comunidades.

En el caso de la teleasistencia, ese dispositivo electr¨®nico que llevan los ancianos para avisar si sufren alg¨²n percance, el ministerio no quiere pagar a las comunidades por los dependientes severos y graves a los que solo se les atienda con ese dispositivo. Consideran que "son personas que requieren cuidados y recursos durante muchas horas al d¨ªa, y el servicio de teleasistencia que se presta en la actualidad es insuficiente".

Los ciudadanos esperan por su ayuda una media de 18 meses

Pero esta batalla le ha costado al ministerio un recurso judicial presentado por La Rioja, que dej¨® de percibir dinero por esta circunstancia. En esta comunidad dicen que su teleasistencia es m¨¢s avanzada, "los ciudadanos la piden y la ley lo permite". Otras, como Andaluc¨ªa, tienen miles de ayudas de teleasistencia concedidas, pero si van o no acompa?adas de otros servicios son datos que no se publican.

Lo que no se ha conseguido con los dependientes graves se quiere regular ahora con los moderados. El documento que el Gobierno lleva hoy al Consejo Territorial sobre los dependientes moderados, que entrar¨¢n en el sistema en enero, solo permite conceder teleasistencia si se acompa?a de otros servicios para los graves, pero no para los moderados. Tampoco habr¨¢ residencias para estos ¨²ltimos, pero s¨ª paga para el familiar cuidador, aunque condicionada a requisitos m¨¢s estrictos.

Otro de los asuntos que no acaban de cerrarse es el sistema de informaci¨®n, cuyas modificaciones aprobaron los consejeros el a?o pasado y deb¨ªan haber entrado en vigor este verano. El ministerio dice que "el trabajo est¨¢ muy avanzado y ser¨¢ publicado en breve". Tratan de recabar datos que hasta ahora no prestaban las comunidades aut¨®nomas: no se conocen los motivos de las bajas, ni la diferencia entre solicitudes nuevas o de revisi¨®n, cu¨¢ntas prestaciones y de qu¨¦ tipo tiene cada persona, el tiempo que se emplea en cada tr¨¢mite y muchos otros que permitir¨ªan establecer comparaciones entre comunidades, y, lo m¨¢s importante, impedir¨ªan a las Administraciones hacer trampas con la estad¨ªstica: por ejemplo, que no se vuelquen las solicitudes de los ciudadanos cuando ya se les ha valorado, porque impide saber qu¨¦ tiempo se emple¨® en ese tr¨¢mite. Y los tiempos en esta ley son importantes.

Importantes, porque los consejeros y el Gobierno se comprometieron a que no pasaran m¨¢s de seis meses en conceder la ayuda al ciudadano, pero no se cumple en muchas regiones. La media es de 18 meses.

El Gobierno elimin¨® los pagos con retroactividad para los nuevos dependientes que entraran al sistema despu¨¦s del mes de julio, pero las comunidades tienen que pagar por los retrasos de los anteriores a esa fecha. Pues bien, todav¨ªa no hay acuerdo aunque se negocia un modelo com¨²n desde la primavera de 2009. Unas comunidades pagan los atrasos desde la solicitud del ciudadano, otras, desde que se concede la ayuda. "Las comunidades aut¨®nomas son las competentes, as¨ª que se ha optado, por consenso, por mantener la situaci¨®n actual", dicen en el ministerio.

Los decretos o acuerdos que no se cumplen y la informaci¨®n que no se hace p¨²blica hacen pensar a la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un "un pacto de silencio que impide que la ley avance". "Desde junio parece metida en la nevera", asegura el presidente, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez.