Agroisle?a pide diplomacia
Los due?os espa?oles de la firma expropiada reclaman compensaciones a Venezuela
Cuando en las ¨²ltimas semanas se habla de las relaciones entre Espa?a y Venezuela, es f¨¢cil acordarse de un nombre: el del presunto etarra Arturo Cubillas. Pero de forma m¨¢s discreta, al menos en el lado europeo del Atl¨¢ntico, hay otros temas que se cuelan en la agenda. Uno de ellos es la expropiaci¨®n de la empresa agr¨ªcola Agroisle?a, que una vez en manos p¨²blicas ha sido rebautizada y ha pasado a llamarse Agropatria.
Hasta que el presidente venezolano, Hugo Ch¨¢vez, orden¨® en su programa dominical Al¨®, Presidente que Agroisle?a pasara a manos p¨²blicas, esta empresa pertenec¨ªa en un 42% a los descendientes del fundador Enrique Fraga, un inmigrante canario que constituy¨® la firma en 1958. El resto del capital de esta empresa dedicada fundamentalmente a los suministros agr¨ªcolas a cr¨¦dito tambi¨¦n era propiedad de espa?oles o de hijos de inmigrantes espa?oles.
La empresa factura 900 millones de euros anuales y ocupa a 2.450 trabajadores
La nacionalizaci¨®n de una empresa espa?ola en Venezuela no es una situaci¨®n nueva. Ya la padeci¨® el Banco Santander hace un par de a?os. Pero en esta ocasi¨®n, a diferencia de entonces, Ch¨¢vez no abri¨® ning¨²n proceso de negociaci¨®n. "Agroisle?a est¨¢ expropiada. Se acab¨® el tiempo", anunci¨® el pasado 4 de octubre, por sorpresa. Y, seg¨²n apuntan fuentes de la empresa, al d¨ªa siguiente las autoridades venezolanas ya estaban visitando la compa?¨ªa. Y un d¨ªa despu¨¦s dictaron "la medida de ocupaci¨®n temporal".
Para justificar la decisi¨®n, Ch¨¢vez acus¨® a la antigua Agroisle?a de ser un oligopolio. Y a rengl¨®n seguido el Gobierno de Caracas empez¨® una campa?a en los medios de comunicaci¨®n acusando a los propietarios de Agroisle?a de comercializar productos transg¨¦nicos -algo que ellos niegan- , de vender fertilizantes y otros productos con m¨¢rgenes abusivos y de "envenenar" a la poblaci¨®n. Desde el entorno de los hasta ahora propietarios de la empresa se niegan las acusaciones, se rechaza haber vendido transg¨¦nicos y se desmiente el resto de los desmanes que se les atribuyen.
Siguiendo el ejemplo de Banco Santander, que tras negociar con Ch¨¢vez logr¨® una compensaci¨®n, los fundadores de Agro¨ªnsula reclaman una soluci¨®n pactada. "Nuestro deseo es que se abra un camino de di¨¢logo por la v¨ªa diplom¨¢tica para lograr que se les d¨¦ a los propietarios de Agroisle?a el mismo trato que se ha dispensado a otras empresas espa?olas", explica su hasta ahora presidente, Enrique Fraga. Y para lograrlo representantes de la compa?¨ªa han cruzado el Atl¨¢ntico, y han comenzado un rosario de reuniones con responsables pol¨ªticos y del Gobierno venezolano.
El primer argumento que esgrimen es que el capital de la matriz de la compa?¨ªa intervenida es espa?ol en un 92% -tanto fundadores como socios tienen constituida una sociedad tenedora en Canarias- y que se trata de una de las principales inversiones hispanas en el pa¨ªs latinoamericano, no en vano su facturaci¨®n anual ronda los 1.250 millones de d¨®lares (unos 900 millones de euros) y su plantilla la integran 2.450 trabajadores.
De momento, Agroisle?a ya ha despertado la solidaridad de los pol¨ªticos canarios. El senador de Coalici¨®n Canaria Alfredo Belda interpel¨® al ex ministro de Asuntos Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, que prometi¨® "trabajar para lograr una soluci¨®n satisfactoria". A Belda, no solo le preocupa este caso, tambi¨¦n teme que se abra la veda para la expropiaci¨®n de otros intereses canarios en Venezuela.
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