La falta de dinero impide al Consell abrir 15 nuevos juzgados

La Generalitat no tiene dinero para poner en marcha los 15 juzgados que deb¨ªan entrar en funcionamiento el pr¨®ximo 31 de diciembre. Ha pedido una moratoria al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y este se la ha concedido. El Consell podr¨¢ aplazar solo hasta el pr¨®ximo julio la puesta en marcha de esas nuevas oficinas judiciales. La falta de dinero en la Administraci¨®n auton¨®mica valenciana vuelve a lesionar a un servicio fundamental.

El consejero Rafael Blasco, responsable de Justicia desde que hace tres meses sustituy¨® a Paula S¨¢nchez de Le¨®n, portavoz del Consell, tras ser nombrada coordinadora de la campa?a electoral del PP, ha guardado silencio al respecto. Blasco, el pasado d¨ªa 25 de octubre, inaugur¨® la Ciudad de la Justicia de Elche. Y en ese evento, con la petici¨®n ya cursada al CGPJ, se jact¨®: "Este mismo a?o vamos a crear 22 nuevos juzgados, lo que refleja nuestro compromiso por ofrecer a los ciudadanos una justicia m¨¢s ¨¢gil, m¨¢s accesible y de m¨¢s calidad". No van a ser 22 los juzgados nuevos este a?o 2010 en la Comunidad Valenciana. Quedan los 15 pendientes para el 31 de diciembre. De ellos, al menos ocho, no van a entrar en vigor por falta de recursos de la Administraci¨®n del presidente Francisco Camps.

La Generalitat ha callado que envi¨® una petici¨®n al CGPJ para no inaugurar esos juzgados. Esa petici¨®n fue remitida por el CGPJ al Ministerio de Justicia y este, a su vez, la devolvi¨® al CGPJ para que informara. Lo ha hecho poniendo un plazo a esa demora pero lamentando la situaci¨®n, expresando su "preocupaci¨®n" por la imposibilidad de ejecutar un acuerdo aprobado hace un a?o. El CGPJ se pronunci¨® de forma id¨¦ntica para las comunidades de Madrid, Andaluc¨ªa y Canarias. Curiosamente, las cuatro autonom¨ªas, con la Comunidad Valenciana al frente, participaron el pasado julio en una reuni¨®n de 11 comunidades aut¨®nomas, para pedir m¨¢s jueces y menos juzgados. Los jueces y los secretarios judiciales los paga el Ministerio de Justicia. Los funcionarios de los juzgados, las autonom¨ªas.

El silencio del Consell en el aplazamiento en la puesta en marcha de nuevos juzgados choca, tambi¨¦n, con el mensaje repetitivo, especialmente por la actual portavoz del Gobierno de Camps y ex responsable de Justicia, de cr¨ªtica a la Administraci¨®n central por "falta de sensibilidad" y "discriminaci¨®n" en el n¨²mero de juzgados que se hab¨ªan aprobado para la Comunidad Valenciana. El secretario auton¨®mico de Justicia, Jorge Cabr¨¦, dijo el pasado abril que "la Comunidad Valenciana es la tercera por la cola desde hace a?os en n¨²mero de jueces por habitante" y que "esa responsabilidad, como todo el mundo sabe, depende del Gobierno central". Ahora, es el Gobierno auton¨®mico el que no es capaz de asumir la creaci¨®n de un n¨²mero de juzgados que le pareci¨® escaso.

No es el ¨²nico problema. Si de los 15 nuevos juzgados pendientes de poner en marcha finalmente siete entran en funcionamiento, lo har¨¢n, seg¨²n fuentes sindicales, sin que se convoquen plazas de funcionarios, como ocurri¨® en la Audiencia de Alicante. La consejer¨ªa ya le ha dicho a los sindicatos que se mover¨¢n funcionarios de donde ahora est¨¢n destinados. Esto supondr¨¢, en la pr¨¢ctica, una reducci¨®n de alrededor de 190 funcionarios. Ser¨¢, seg¨²n la Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos de CC OO, el "hundimiento" de la Justicia. Pero adem¨¢s, est¨¢ la reducci¨®n de interinos, que empez¨® hace m¨¢s de un a?o por rebajar el tiempo de sus contratos. "No hay una orden de no renovar a los interinos", justific¨® el director general de Justicia, Antonio Gastaldi, que argument¨® la falta de personal actualmente existente en numerosos juzgados alegando "un retraso en la provisi¨®n de los puestos que quiz¨¢ s¨ª haya producido una disfunci¨®n". Gastaldi admiti¨® la existencia de un "atasco en la gesti¨®n" de estas plazas pero rechaz¨® que se vaya a reducir la plantilla de interinos. La interinidad, sin embargo, alcanza porcentajes muy altos en partidos como Vinar¨°s, Requena, Ontinyent, Orihuela y Torrevieja, donde llega al 80%, seg¨²n las mismas fuentes sindicales.