Aguirre consuma su gran recorte de derechos sindicales
La Comunidad rebaja un 40% las horas de representaci¨®n de los trabajadores - Crea un registro para controlar a los liberados
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hace tiempo que libra una guerra contra los sindicatos. Ayer gan¨® la ¨²ltima batalla. Aprob¨® una ley para reducir casi a la mitad las horas de representaci¨®n sindical. La presidenta ha utilizado la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos, conocida como ley escoba, para rebajar el n¨²mero de liberados sindicales mediante la reducci¨®n de 75 a 40 horas mensuales del tiempo de representaci¨®n sindical. Seg¨²n sus c¨¢lculos, supondr¨¢ eliminar unos 2.000 de los 3.400 liberados (trabajadores equivalentes en horas sindicales) que estiman que hay en la Comunidad de Madrid para ahorrar unos 73 millones.
Aguirre se ha aferrado al mismo ardid que us¨® el Gobierno de Zapatero para rebajar el sueldo de los funcionarios, el art¨ªculo 38 del Estatuto del Empleado P¨²blico, que permite suspender los acuerdos p¨²blicos por la crisis econ¨®mica. La Comunidad de Madrid y los sindicatos acordaron a lo largo de los a?os multitud de convenios que han ido consolidando los derechos sindicales, elevando a 75 horas mensuales el tope legal de 40 que establece el Estatuto. Para controlar estos acuerdos, el Ejecutivo tambi¨¦n ha creado un registro en el que llevar la cuenta de las horas sindicales y recoger todos los pactos.
UGT y CC OO calificaron la medida como "atentado democr¨¢tico" y anunciaron que acudir¨¢n a los tribunales. El recorte de liberados sacudi¨® ayer la C¨¢mara regional. La portavoz socialista acus¨® al Gobierno popular de lanzar "un ataque a los derechos de representaci¨®n de los trabajadores p¨²blicos". Gregorio Gordo (IU) advirti¨® de que el recorte de liberados puede ser inconstitucional. Adem¨¢s del plan para reducir liberados sindicales, Esperanza Aguirre ha utilizado la ley escoba para aprobar otras medidas de ¨²ltima hora. Antes de que el plan regional entre en vigor, requiere un informe previo del Consejo Econ¨®mico y Social (CES) y debe ser ratificado por la Asamblea. Otras medidas que contiene el plan son:
- Adelgazar el sector p¨²blico. Bajo el nombre de Plan de racionalizaci¨®n del sector p¨²blico, el Gobierno auton¨®mico ha suprimido 19 empresas p¨²blicas y otros 83 organismos colegiados o consultivos, con lo que pretende ahorrar 23 millones. El plan supone prescindir de 24 cargos directivos. Adem¨¢s, se privatizar¨¢n algunas de las empresas regionales como Desarrollo Internacional de Madrid, Promomadrid, Centro de Transportes de Coslada, Gesti¨®n y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid (Gedesma) y Tecnoalcal¨¢.
Entre los organismos que se suprimen est¨¢ el Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud o el Instituto de Nutrici¨®n y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, entre otros. Otras de las empresas que se eliminan son Aeropuertos de Madrid, que planeaba la construcci¨®n del aer¨®dromo de El ?lamo; o el Campus de la Justicia, sin actividad tras su fracaso.
Aguirre asegur¨® ayer que la "inmensa mayor¨ªa" del personal que trabaja en estos entes p¨²blicos son funcionarios "y como tal, al suprimirse esa entidad pasan a disposici¨®n de personal para las necesidades que se produzcan". Pero ni Aguirre, ni fuentes de su Gabinete garantizaron que todos los empleados fueran a mantener su puesto. Por eso, la diputada socialista Maru Men¨¦ndez carg¨® contra la ley escoba, que calific¨® como "el plan Cameron [primer ministro brit¨¢nico que ha aprobado un recorte sin precedentes del Estado de bienestar] aplicado a la Comunidad".
- Descuentos para los colegios privados. La Comunidad de Madrid fue la primera regi¨®n en 2009 en permitir deducciones para los gastos asociados a la ense?anza obligatoria no gratuita. Ayer dio un paso m¨¢s y ampli¨® los tramos de renta y la cuant¨ªa que recibir¨¢n los padres atendiendo a las quejas de la patronal de los centros privados (Acade), que siempre le ha dicho que los l¨ªmites existentes hasta ahora dejaban fuera a su p¨²blico. Aguirre anunci¨® a finales de octubre que estudiaba ampliar las deducciones para "los padres que sufragan por una parte la ense?anza de sus hijos y, por otra, pagan impuestos". En la nueva ley ha triplicado los 10.000 euros anuales de renta por miembro de la familia a 30.000, lo que supone que una familia de tres miembros con ingresos de 90.000 euros anuales tendr¨¢ deducciones. Y ha incrementado las ayudas anuales de 500 a 900 euros por hijo. Acade consider¨® ayer "insuficiente" el apoyo de Aguirre. La patronal reclama que se aumente el tramo de renta por miembro de la familia hasta 40.000 y que la deducci¨®n por hijo sea "como m¨ªnimo" de 1.000 euros.
- Mantiene la desgravaci¨®n por vivienda. La Comunidad de Madrid mantiene la deducci¨®n, en el tramo auton¨®mico, por adquisici¨®n de vivienda que el Gobierno estatal suprime este a?o. Los madrile?os se deducir¨¢n de media unos 350 euros.
- Ayuntamientos m¨¢s aut¨®nomos en materia de urbanismo. La ley escoba incluye tambi¨¦n modificaciones en la Ley del Suelo para facilitar a los Ayuntamientos las recalificaciones. Se agilizan los tr¨¢mites para realizar modificaciones puntuales de los planes generales de urbanismo. Es decir, las ciudades podr¨¢n cambiar el uso urban¨ªstico de un solar sin necesidad de un informe de impacto territorial, ni del preceptivo avance de modificaci¨®n. Lo que agiliza los tr¨¢mites.
Puntos clave de la 'ley escoba'
- Reducci¨®n del tiempo de representaci¨®n sindical de 75 a 40 horas mensuales. Supone un ahorro de 73 millones.
- Se eliminan 19 empresas p¨²blicas y 83 organismos colegiados o consultivos para ahorrar 23 millones.
- Se crea un registro para inscribir los acuerdos sindicales y con el fin de controlar las horas de representaci¨®n sindical y a los liberados.
- Se ampl¨ªa la deducci¨®n en el IRPF para los gastos educativos, lo que favorece a los padres con hijos en colegios privados.
- Modifica la Ley del Suelo para dar m¨¢s autonom¨ªa a los Ayuntamientos. Podr¨¢n realizar modificaciones puntuales, sin necesidad de elaborar avances del plan, ni informes de impacto territorial.
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