"Yo dejar¨ªa la ley del matrimonio homosexual si la avalase el tribunal"

El alcalde de Madrid y candidato a ministro de Mariano Rajoy acepta una entrevista con EL PA?S para hablar de Espa?a a 200 kil¨®metros por hora. Subido a un tren de alta velocidad que arranca de Atocha a las nueve de la ma?ana, inicia una de sus jornadas catalanas para hacer campa?a por el PP en Tarragona. En Zaragoza, el vicepresidente Manuel Chaves se sube al mismo AVE camino de Barcelona y Alberto Ruiz-Gallard¨®n (Madrid, 1958) aplaza unos minutos sus respuestas para saludar a uno de los miembros del Gobierno que puede sacar al Ayuntamiento de Madrid del pozo financiero en el que anda metido, con unos impagos multimillonarios a las empresas que limpian y recogen la basura de la capital.

"Har¨¢ falta un nuevo contrato social, con derechos y deberes de cada sector"

"No est¨¢ en el programa del PP disminuir las ayudas sociales"

"Valoro que Garz¨®n extendiera la acci¨®n del Estado a toda la trama terrorista"

"Gonz¨¢lez debe dar explicaciones detalladas sobre su decisi¨®n sobre ETA"

"No aceptar¨ªa trajes de nadie, cualquier traje me lo comprar¨ªa yo"

"La Ley del Aborto suprime el derecho del concebido hasta las 14 semanas"

Pregunta. Cameron va a recortar 6.000 millones de euros de ayudas sociales en Reino Unido y otras muchas prestaciones. ?Si Rajoy gobierna, deber¨ªa hacer lo mismo en Espa?a?

Respuesta. No est¨¢ en el programa del PP disminuir las ayudas sociales, al contrario. Las mismas voces que en 1996 dec¨ªan que ¨ªbamos a acabar con la educaci¨®n p¨²blica, la sanidad p¨²blica y los servicios sociales, tienen que reconocer que el resultado, ocho a?os despu¨¦s, fue que se incrementaron todas y cada una de las prestaciones sociales. El PP puede gestionar eficazmente el Estado de bienestar, entre otras cosas porque este no es ni mucho menos patrimonio de la izquierda. Probablemente har¨¢ falta un nuevo contrato social, en el que quede claro qu¨¦ derechos y qu¨¦ deberes adquiere cada sector de la poblaci¨®n y a cambio de qu¨¦ esfuerzo. Y el resultado de ese nuevo contrato tiene que ser justo, equilibrado. Porque de lo contrario no nos ayudar¨¢ a salir de la crisis.

P. Usted, pese a la doctrina de su partido, subi¨® los impuestos. ?Por qu¨¦ lo hizo?

R. Madrid est¨¢ por debajo de la media de la presi¨®n fiscal de las grandes ciudades espa?olas. Podemos presumir de tener una presi¨®n fiscal un 21% inferior a la de Barcelona, o un 32% inferior a la de Sevilla. Le doy un dato, de cada 100 euros que paga un madrile?o de sus impuestos, siete se los da al Ayuntamiento, 56 al Gobierno de Espa?a y 37 a la Comunidad.

P. ?Entonces, subi¨® los impuestos porque estaban bajos?

R. Hemos establecido una tasa nueva, que es la tasa de basuras. Y el IBI, que es el impuesto que se utiliza como referente, no ha subido como consecuencia de una decisi¨®n del Ayuntamiento de Madrid, sino como consecuencia de una actualizaci¨®n de los valores catastrales que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda.

P. Usted duplic¨® la deuda que recibi¨® cuando lleg¨® al Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 1995, y ha triplicado la deuda que cogi¨® en el Ayuntamiento en 2003. ?Es usted un manirroto?

R. No. Al marcharme de la Comunidad de Madrid dej¨¦ una hacienda en equilibrio y saneada, como puede comprobar en el informe de la C¨¢mara de Cuentas. Adem¨¢s, la deuda hay que medirla siempre en relaci¨®n a los ingresos que se tienen. En estos momentos el porcentaje de los ingresos que necesitamos para mantener la deuda es el mismo que ten¨ªamos en 2003. Son 3,3 euros de cada 100, que es muy inferior del que le cuesta al Estado su deuda, que son casi 10 euros de cada 100. Si alguien cree que en el siglo XXI se puede mantener ese concepto antiguo de que los ayuntamientos son solo Administraciones prestadoras de servicios, se equivoca profundamente. Yo no he permanecido indiferente ante una ciudad que carec¨ªa de las infraestructuras para competir con aquellas ciudades globales europeas. En estos momentos el eje que forman Londres, Par¨ªs y Madrid es consecuencia de la extraordinaria inversi¨®n en infraestructuras que hemos hecho en la ciudad.

P. ?Conf¨ªa en que Zapatero acepte su plan para salvar sus apuros financieros?

R. Tengo confianza en que as¨ª sea. Es un plan muy razonable para tratar por igual a todas las Administraciones y dejar que los Ayuntamientos hagan lo que hace el Gobierno de Espa?a y deja hacer a las comunidades. Prohibir la refinanciaci¨®n de la deuda en ¨¦poca de crisis beneficia a los bancos y perjudica a las peque?as y medianas empresas, y a las grandes que son proveedoras de servicios. No entendemos por qu¨¦ a los Ayuntamientos, que solo representan un 6,1% del peso de la deuda de las Administraciones p¨²blicas -un 76,4% corresponde al Estado y un 17,5% a las autonom¨ªas-, se les impide la refinanciaci¨®n.

P. ?Cree que Felipe Gonz¨¢lez se ha situado, como dice su partido, en la x de los GAL con su confesi¨®n a EL PA?S?

R. Creo que un asunto de la gravedad y la trascendencia al que Felipe Gonz¨¢lez hace referencia en esa entrevista no puede despacharse en tres frases. Requiere una explicaci¨®n completa y detallada de todas las circunstancias que rodearon esa decisi¨®n.

P. ?Cree usted que Baltasar Garz¨®n es un juez prevaricador que est¨¢ al servicio del Gobierno y en contra del PP?

R. El juez Garz¨®n est¨¢ en estos momentos pendiente de una valoraci¨®n por parte de la propia justicia por determinadas decisiones que ha tomado, y me parece que, en este caso, los pol¨ªticos debemos abstenernos de interferir en esa decisi¨®n.

P. ?Qu¨¦ valora de Garz¨®n?

R. Su lucha contra el terrorismo, su contribuci¨®n a extender la acci¨®n del Estado no ¨²nica y exclusivamente a los autores materiales de los atentados de ETA, sino a toda la trama sin la cual ETA tiene muy dif¨ªcil subsistir. Y me parece que ese es uno de los grandes activos de los que una serie de magistrados, entre ellos de una forma muy destacada el juez Garz¨®n, pueden estar leg¨ªtimamente orgullosos.

P. ?El PP est¨¢ respondiendo bien en toda Espa?a ante la corrupci¨®n que le salpica?

R. El partido tiene que dar la respuesta pol¨ªtica y jur¨ªdica en cada uno de los casos donde se produzca la m¨¢s m¨ªnima sospecha de un caso de desviaci¨®n de poder y de corrupci¨®n. Hemos tenido experiencias contradictorias. Hemos tenido algunos casos, como el canario, donde se produjeron condenas medi¨¢ticas y pol¨ªticas a altos cargos del PP y cuando los jueces los analizaron decidieron que no eran susceptibles de reproche. Y eso lo debemos tener en cuenta. Tienen que ser los jueces los ¨²nicos que establezcan reproches sobre cualquier conducta.

P. ?Hay en el PP una doble vara de medir para afrontar sus casos de corrupci¨®n?

R. No.

P. ?Por qu¨¦ en Valencia todos los imputados siguen en sus cargos mientras que en Madrid todos los imputados est¨¢n fuera?

R. Es por el distinto juicio de valor que en uno y otro caso se ha hecho de la responsabilidad de unos y otros. En Espa?a hemos convertido la imputaci¨®n en una condena previa, y eso en algunos supuestos, como el caso de Canarias que le he citado, se ha convertido en una injusticia.

P. ?Aceptar¨ªa que un contratista le pagara sus trajes?

R. No. Es que es una situaci¨®n que no se me alcanza. Pero es que creo que no aceptar¨ªa trajes de nadie. Cualquier traje me lo comprar¨ªa yo.

P. Y si le cogieran aceptando trajes ?Dimitir¨ªa?

R. Como ya le he dicho que no es un supuesto en el que yo me haya visto, tampoco me puedo imaginar ah¨ª.

P. Usted cas¨® a dos hombres de su partido, en cumplimiento de la Ley del Matrimonio Homosexual. ?Considera que esa pareja que usted uni¨® con palabras era un matrimonio?

R. Mientras la ley est¨¦ vigente y lo defina como matrimonio, es obvio que lo es. No podemos desde un criterio pol¨ªtico establecer algo distinto a lo que es el criterio jur¨ªdico. Otra cosa es el debate sobre la denominaci¨®n que debe tener esa uni¨®n, que es el ¨²nico punto sobre el que el PP estableci¨® una discrepancia. El PP no pretende disminuir ni uno solo de los derechos de las personas que quieran establecer esa uni¨®n, con todos y cada uno de los efectos sociales, econ¨®micos, familiares, que tiene el matrimonio.

P. ?Comparte esa discrepancia sobre la denominaci¨®n?

R. Mi punto de vista particular es que creo que tenemos que estar a lo que diga el Constitucional. Se ha planteado un recurso ante el tribunal y debe ser el tribunal el que establezca ese criterio. Y, desde ese punto de vista m¨ªo, es una opini¨®n personal, yo estar¨ªa a lo que dijese el Constitucional. Si el Constitucional establece que es conforme a nuestra Constituci¨®n mantener la denominaci¨®n del matrimonio, yo lo dejar¨ªa as¨ª. Pero ya le digo que le estoy contestando a t¨ªtulo personal.

P. ?La Ley del Aborto vigente es peor que la anterior?

R. La doctrina del Constitucional, establecida como consecuencia del primer recurso que se interpuso contra la primera ley, lo que dice es que el concebido y no nacido es un titular de derechos pero que no son absolutos, porque, al entrar en conflicto con otros derechos, fundamentalmente derechos de la madre, el Estado no puede establecer un reproche hacia aquellas que opten por uno u otro de esos derechos que entran en conflicto. El problema de la nueva ley es que en lugar de resolver conflictos entre derechos, suprime los derechos del concebido hasta que alcance 14 semanas desde su gestaci¨®n. Y yo soy de los que creen que esa doctrina es contraria a la del Constitucional. Me parece muy razonable el que la hayamos recurrido.

P. ?Hay que delatar a la polic¨ªa a los inmigrantes que se empadronan sin tener permiso de residencia y trabajo en Espa?a?

R. La ley obliga a empadronar, pero no debe confundirse el empadronamiento con la posibilidad de convertir en legal una residencia que no lo es, de acuerdo con las leyes del Estado. A ninguna persona se le pueden negar los derechos b¨¢sicos asistenciales, al margen de cu¨¢l sea su situaci¨®n, no puede haber ni un hospital ni un centro que le pida un papel a una persona antes de atender la urgencia que tenga.

P. Le leer¨¦ una frase: "Cada vez es m¨¢s frecuente que importantes sectores de la poblaci¨®n inmigrante abusan del derecho a la sanidad p¨²blica y creo que son cuestiones que hay que regular". ?Comparte esta reflexi¨®n?

R. Los datos estad¨ªsticos acreditan que el uso por parte de la poblaci¨®n inmigrante de los servicios sanitarios no es superior al porcentaje que ellos representan dentro de la poblaci¨®n.

P. ?Por qu¨¦ viaja tanto a Catalu?a a apoyar a dirigentes del PP que dicen estas cosas que le acabo de leer y defienden la expulsi¨®n de inmigrantes?

R. No hagamos reduccionismo pol¨ªtico. En determinados supuestos, algunas situaciones se pueden producir. No generalicemos.

P. ?Puede gobernar el PP con CiU en Catalu?a?

R. En estos momentos somos responsables de un Gobierno socialista en el Pa¨ªs Vasco. S¨ª, lo veo posible. Si CiU es la opci¨®n pol¨ªtica m¨¢s votada y la encargada de formar un Gobierno, ser¨ªa bueno para Catalu?a y bueno para Espa?a que los programas m¨¢ximos, muy inadecuados, que CiU ha presentado a esta campa?a, fuesen moderados y ponderados por el criterio del PP. Si se produce un Gobierno de CiU, el que este estuviese en las pautas que hubiesen podido acordar con el PP ser¨ªa positivo tanto para Catalu?a como para Espa?a.

P. Usted fue el primer gestor p¨²blico que abri¨® una narcosala en Espa?a para que los drogadictos consumiesen la droga en condiciones higi¨¦nicas aceptables, pese a la cr¨ªtica que le hizo en su momento Aznar. ?Defiende la postura de Felipe Gonz¨¢lez o Mario Vargas Llosa a favor de la legalizaci¨®n del cultivo y consumo de la droga?

R. No. Y celebro que el resultado de la votaci¨®n en California haya sido contrario a la misma. La legalizaci¨®n no es una soluci¨®n, pues llevar¨ªa clar¨ªsimamente a un incremento del consumo. Si estamos hablando de legalizaci¨®n es posible que alguien piense que habr¨ªa beneficio para las arcas del Estado, argumento que se utiliz¨® en California; y es posible que alguien piense que habr¨ªa beneficio para la tranquilidad de los ciudadanos porque disminuyesen algunos de los efectos perversos que el oscuro mundo de la droga provoca en cuanto a la violencia. Pero no creo que nadie sostenga que habr¨ªa beneficios para los drogadictos. Mi prioridad en esta pol¨ªtica tiene que ser la de los derechos de los drogadictos. Porque el drogadicto es la primera v¨ªctima porque es un enfermo. No se le debe negar nunca una sustancia sustitutiva a un adicto porque ser¨ªa condenarle a una situaci¨®n de marginaci¨®n, pero esa prescripci¨®n jam¨¢s debe de estar fuera del control m¨¦dico.