La Ley de Costas amenaza el futuro de 1.000 viviendas y tres hoteles en Roses

Sentado en su despacho, Octavi Font abre una carpeta con un t¨ªtulo significativo: Costas. Contiene un expediente que explica la situaci¨®n de los terrenos en los que se levanta su hotel, el Montecarlo, en la urbanizaci¨®n Santa Margarida de Roses (Alt Empord¨¤). Font est¨¢ algo inquieto. Sobre su establecimiento, otros dos hoteles, unas 1.000 viviendas y un centenar de negocios pende la amenaza del derribo.

Hace unos meses ¨¦l y otros vecinos descubrieron que los terrenos donde est¨¢n sus propiedades son de dominio p¨²blico. Eso implica que en casi la mitad de la primera l¨ªnea de Roses (650 metros de los 1.600 totales) no deber¨ªa haber una sola edificaci¨®n porque pertenece al Estado y est¨¢ sujeta a la Ley de Costas. La estricta aplicaci¨®n de la normativa implicar¨ªa, tarde o temprano, el derribo de todas las construcciones, una serie de apartamentos y equipamientos que se construyeron hace casi 40 a?os de manera legal.

Los primeros due?os compraron los pisos de forma legal hace 40 a?os

Los vecinos aseguran que desconoc¨ªan la situaci¨®n hasta que hace unos meses un ciudadano franc¨¦s (la mayor¨ªa de las viviendas son segundas residencias de extranjeros) acudi¨® al registro de la propiedad para cambiar de nombre su piso. All¨ª le informaron de que no pod¨ªa hacerlo porque la casa estaba construida en una zona propiedad del Estado, en la que no se puede construir, comprar o vender. Hasta el momento, insisten, nadie se lo hab¨ªa comunicado.

El expediente de la urbanizaci¨®n, que se puede consultar en la delegaci¨®n de Costas en Girona, demuestra, sin embargo, que desde el principio de la edificaci¨®n esos terrenos han estado sujetos a la pol¨¦mica del dominio p¨²blico, lo que ha comportado incluso litigios.

Los vecinos esgrimen que dejaron constancia de d¨®nde compraban sus casas en los organismos oficiales. Pero eso no basta. El art¨ªculo 8 de la Ley de Costas establece que el dominio p¨²blico prevalece incluso ante las propiedades que est¨¢n avaladas en el registro de la propiedad. "Tenemos los papeles y permisos de obras que nos dio el Ayuntamiento. Si yo hubiese sabido que este hotel estaba afectado, no lo habr¨ªa comprado", se lamenta Font. La alcaldesa del municipio, Magda Casamitjana (PSC), alega que su equipo de gobierno tampoco lo sab¨ªa.

Una posible salida al embrollo es la concesi¨®n: el Estado da permiso para el usufructo de las casas durante 30 a?os, prorrogables otros 30. Al final, las edificaciones deber¨ªan ir abajo, sin indemnizaci¨®n. Pero los vecinos no quieren o¨ªr hablar de concesiones. Casamitjana tampoco.

El Ministerio de Medio Ambiente asegura que est¨¢ estudiando una soluci¨®n para la zona y sostiene que esta no pasa por el derribo porque el coste social ser¨ªa muy elevado, pero tampoco da m¨¢s detalles.

Font pide que el Estado desafecte la zona. "?Qu¨¦ problema hay en mover una raya?", se pregunta. Desafectar significar¨ªa que lo que a finales de la d¨¦cada de 1960 se consider¨® zona de dominio p¨²blico, ahora se considere que ya no lo es. Rita Rodr¨ªguez, abogada de WWF Espa?a, explica que no es tan sencillo. Para la desafectaci¨®n hace falta demostrar que esa zona ha perdido las caracter¨ªsticas naturales que ten¨ªa.

Casamitjana ten¨ªa la esperanza de solucionar el tema en breve, pero el cambio en el Ministerio de Medio Ambiente ha supuesto una ligera modificaci¨®n de planes. El lunes la alcaldesa le coment¨® el caso a la nueva ministra, Rosa Aguilar, que estuvo de visita en Girona. Un portavoz municipal asegur¨® ayer que Aguilar respondi¨® con un cl¨¢sico "lo estudiaremos".