El dinero recuperado se anota como subvenciones devueltas

Si cada vez son m¨¢s quienes sostienen que las diputaciones lo hicieron mal desde el principio por forzar la m¨¢quina y buscar ventajas respecto del entorno de manera desleal, el final del proceso tambi¨¦n est¨¢ siendo m¨¢s que discutible.

El dinero que las diputaciones est¨¢n recibiendo de las empresas, es decir la devoluci¨®n de las deducciones fiscales que recibieron en su d¨ªa como ayudas a la inversi¨®n, no est¨¢ entrando al circuito que siguen los fondos procedentes de la recaudaci¨®n fiscal.

Es decir, las diputaciones no est¨¢n dando a ese dinero el tratamiento del que recaudan como impuestos, y por lo tanto no va al reparto con el Gobierno. El ejecutivo recibe el 70% de lo recaudado y el 30% se queda entre las diputaciones que aplican para su distribuci¨®n el coeficiente horizontal. Los 435 millones del IVA de la exportaci¨®n de la brit¨¢nica Rover, que la Junta Arbitral resolvi¨® que deb¨ªan de quedarse en ?lava se distribuyeron en un Consejo Vasco de Finanzas y el dinero se reparti¨® entre las cuatro instituciones.

Pese a tener origen fiscal, el Gobierno no est¨¢ recibiendo ni un euro

Las diputaciones lo est¨¢n contabilizando en sus cuentas como una simple devoluci¨®n de subvenciones. Pese a ser un dinero procedente de bonificaciones fiscales del Impuesto de Sociedades, estrictamente gasto fiscal, el Gobierno vasco no est¨¢ viendo ni un euro de esas cantidades.

Aunque nadie precisa cu¨¢l es el objetivo de esa contabilidad que ya advirti¨® el Tribunal Vasco de Cuentas al analizar la de 2007, hay quien apunta a que de esa manera ser¨ªa mucho m¨¢s f¨¢cil llegar a un acuerdo con las empresas para intentar resolver el problema una vez solucionado el conflicto con la Uni¨®n Europea.

Un conflicto que salt¨® a Europa en 1997 cuando el Tribunal Superior vasco plante¨® al de Luxemburgo una cuesti¨®n prejudicial que finalmente no resolvi¨® al ser retirado tras el acuerdo entre el PNV y el PP para sellar la paz fiscal. Pero la Comisi¨®n Europea ya estaba al tanto hasta el punto de abrir un expediente general contra las vacaciones fiscales que acab¨® calificando de ayudas de Estado contrarias a la libre competencia.