M¨¢s dinero, pero m¨¢s burocracia

El presidente de la Generalitat, Jos¨¦ Montilla, admiti¨® hace unos d¨ªas en el programa de televisi¨®n Tengo una pregunta para usted que la Ley de la Dependencia pill¨® al Gobierno catal¨¢n con el paso cambiado porque levant¨® muchas expectativas sin saber exactamente cu¨¢nto le costar¨ªa al erario p¨²blico. Montilla, con seguridad, desconoc¨ªa en ese momento la cifra. Desde que en 2008 se aprob¨® la norma, la Generalitat ha gastado 1.813 millones de euros en pagar una prestaci¨®n a m¨¢s de 147.000 personas dependientes.

La Ley de la Dependencia, que supuso una revoluci¨®n en los servicios asistenciales espa?oles y consolid¨® uno de los pilares del Estado de bienestar, provoc¨® tanto entusiasmo inicial que, una vez que toc¨® aplicarla, ese sentimiento fue diluy¨¦ndose con la misma rapidez. Los procesos de evaluaci¨®n y de reconocimiento de la prestaci¨®n (PIA) se han eternizado en la mayor¨ªa de los casos, con plazos superiores a los tres meses legales. Esta dilaci¨®n ha obligado al Departamento de Acci¨®n Social y Ciudadan¨ªa a abonar los retrasos, en un momento en que las arcas p¨²blicas padecen los avatares de la crisis econ¨®mica y la consiguiente ca¨ªda de la recaudaci¨®n. Algunos dependientes han recibido cartas oficiales para informarles de que percibir¨¢n la cantidad correspondiente a atrasos entre 2011 y 2012. Tampoco la Administraci¨®n central est¨¢ exenta de culpabilidad, con una financiaci¨®n insuficiente, de criterios discutibles, y homog¨¦nea a todas las comunidades sin tener en cuenta la disparidad territorial en el coste de estos servicios.

La Mesa del Tercer Sector reconoce el enorme aumento presupuestario

El departamento que preside la republicana Carme Capdevila ha realizado en esta legislatura un remarcable esfuerzo inversor que reconoce y aplaude la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalu?a. Las ayudas a la infancia ascienden este a?o a 203 millones de euros, casi el triple que en 2003. En la actualidad, 27.152 personas reciben la renta m¨ªnima de inserci¨®n, m¨¢s del doble que en 2008, con un presupuesto de 160 millones. El presupuesto en servicios sociales es de 2.218 millones, tres veces m¨¢s que en 2003; las plazas geri¨¢tricas subvencionadas tambi¨¦n se han triplicado desde entonces, hasta alcanzar las 50.000, y se han duplicado las becas para el comedor escolar, seg¨²n datos proporcionados por el propio departamento. No osbtante, tal como lamenta la Mesa del Tercer Sector, este incremento de los recursos ha comportado un aumento paralelo de la burocracia para obtener subvenciones, ayudas y becas, a ra¨ªz del caso Millet, que provoc¨® una "reacci¨®n desproporcionada en la Administraci¨®n".

Capdevila ha sido prol¨ªfica en la aprobaci¨®n de leyes, algunas tras esperar a?os en los cajones de la Administraci¨®n. Entre ellas destacan la Ley de Servicios Sociales, la de Prestaciones Sociales de Car¨¢cter Econ¨®mico y la de la Infancia y la Adolescencia, adem¨¢s del plan para la cohesi¨®n y la inclusi¨®n social, la cartera de servicios y el plan de familias monoparentales. Pero el desarrollo de este marco legislativo presenta numerosas lagunas, pues carece de concreci¨®n y agilidad, sufre retrasos injustificados, problemas organizativos y financieros y, en algunas ocasiones, es de dif¨ªcil encaje con las asociaciones que trabajan sobre el terreno.

Podr¨ªa afirmarse que las intenciones son buenas, pero su aplicaci¨®n chirr¨ªa. Algo as¨ª ha sucedido con el sistema de financiaci¨®n de organizaciones y asociaciones del tercer sector al sustituir las subvenciones, mucho m¨¢s et¨¦reas, por contratos programa de car¨¢cter plurianual, que aseguran unos recursos estables. Sin embargo, se han producido desfases y multitud de retrasos, sobre todo por la atomizaci¨®n de los servicios sociales en Catalu?a, con m¨¢s de 7.500 entidades que contratan a cerca de 100.000 personas y representan el 3% del PIB catal¨¢n.

Pero quiz¨¢ el principal varapalo que se llev¨® el Departamento de Acci¨®n Social fue el informe del S¨ªndic de Gregues sobre el sistema de acogida de menores desamparados. Rafael Rib¨® lament¨®, a pesar del esfuerzo presupuestario, la saturaci¨®n de algunos centros y la escasez de familias para acogerles.