Multa de 25.000 euros al d¨ªa por ilegales

La Comisi¨®n Europea ha llevado finalmente a Espa?a ante el Tribunal de Justicia de la UE por haber incumplido una sentencia del mismo de 2006 que le obligaba a recuperar las ayudas estatales ilegales otorgadas por las Diputaciones vascas. Las ayudas se refer¨ªan a cr¨¦ditos fiscales del 45% a las nuevas inversiones y las llamadas vacaciones fiscales, que preve¨ªan una sustancial reducci¨®n de impuestos a las empresas de nueva creaci¨®n en los primeros cuatro a?os una vez obtuviesen beneficios.

Bruselas pide a los jueces de Luxemburgo que multen a Espa?a con 25.817,40 euros diarios por cada jornada transcurrida desde la sentencia del 14 de diciembre de 2006 hasta que el tribunal se pronuncie sobre esta nueva petici¨®n, probablemente en dos a?os. La cuant¨ªa de la sanci¨®n acumulada ascender¨ªa a d¨ªa de hoy a unos 37 millones de euros si el tribunal aplica la multa propuesta por Bruselas.

Competencia indica que "cuanto antes se recuperen menos habr¨¢ que pagar"

Cuando se dicte la sentencia, si Espa?a no ha recuperado las ayudas, la sanci¨®n podr¨ªa superar los 50 millones de euros. La Comisi¨®n Europea pide adem¨¢s al Tribunal de la UE que, si cuando se produzca la nueva resoluci¨®n judicial Espa?a contin¨²a sin haber recuperado las ayudas ilegales, se le sancione con 236.044,80 euros diarios. Las ayudas por cr¨¦ditos fiscales dejaron de concederse en 2000, tras las investigaciones de los funcionarios de Competencia.

La Comisi¨®n ha destacado que ya han transcurrido casi cuatro a?os desde que el Tribunal de Luxemburgo declarase ilegales estas ayudas fiscales y nueve desde que pidi¨® a las autoridades espa?olas que las recuperaran. En julio de 2007, la Comisi¨®n envi¨® a Espa?a una carta de requerimiento exigiendo que cumpliese la sentencia y recobrase las ayudas. Y en junio de 2008 le envi¨® un dictamen motivado advirti¨¦ndole de que si no cumpl¨ªa la sentencia ser¨ªa llevada al Tribunal de nuevo, advertencia que cumpli¨® ayer.

La portavoz de la Competencia, Amelia Torres, indic¨® que "el objetivo no es imponer multas, sino obtener una recuperaci¨®n r¨¢pida de las ayudas ilegales obtenidas por parte de los beneficiarios" Y a?adi¨® que "cuanto antes se produzca la recuperaci¨®n menos habr¨¢ que pagar".

La Comisi¨®n Europea inici¨® sus investigaciones en 1999 y tom¨® sus primeras decisiones sobre el caso en julio de 2001, cuando declar¨® incompatibles con el mercado com¨²n los cr¨¦ditos y las vacaciones fiscales.

Bruselas consider¨® entonces que las subvenciones en forma de cr¨¦ditos fiscales del 45% de la inversi¨®n constitu¨ªan ayudas estatales incompatibles con el Tratado de la Uni¨®n al estar supeditadas a la realizaci¨®n de una inversi¨®n superior a 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros), y estar limitadas a un porcentaje m¨¢ximo de la inversi¨®n.

Las llamadas vacaciones fiscales de 1996 preve¨ªan una reducci¨®n sustancial del impuesto durante los cuatro primeros ejercicios en que las empresas que los recib¨ªan obtuvieran beneficios. Las deducciones progresivas se situaban entre el 99% el primer a?o y el 25% el ¨²ltimo.

La Comisi¨®n concluy¨® en 2001 que las mencionadas ayudas constituyen ayudas estatales incompatibles con el mercado "al ser financiadas con fondos p¨²blicos que favorecen a determinadas empresas, falsean la competencia y afectan a los intercambios entre los Estados miembros". Por estas razones solicit¨® a las autoridades espa?olas que derogaran estos reg¨ªmenes y recuperaran el dinero por todos medios. En su decisi¨®n inicial, Bruselas quiso dejar bien claro que sus resoluciones "no ponen en entredicho la autonom¨ªa fiscal de la que se benefician las tres provincias vascas".

En 2007, la Comisi¨®n exigi¨® a los Estados miembros que aprobasen procedimientos r¨¢pidos y eficaces para recobrar las ayudas ilegales, incluso en los ordenamientos jur¨ªdicos nacionales. En la ¨²ltima d¨¦cada las autoridades de Competencia han declarado ilegales subsidios por 12.000 millones de euros, de los que los Estados miembros han recuperado un 90%.