El padre imputado por violencia de g¨¦nero perder¨¢ la custodia

El Gobierno quiere asegurarse de que los imputados en un proceso penal por violencia de g¨¦nero pierden la custodia de los hijos. La lucha contra la violencia de g¨¦nero, con reformas en tres vertientes -la guarda de los hijos, el patrimonio de las v¨ªctimas y el protocolo de los m¨¦dicos de atenci¨®n primaria- acaparar¨¢ el Consejo de Ministros de hoy. La ministra de Sanidad, Pol¨ªtica Social e Igualdad, Leire Paj¨ªn, plantear¨¢ al Consejo la reforma del art¨ªculo 92 del C¨®digo Civil para que los jueces puedan determinar que los hombres involucrados en un proceso judicial -imputados, no solo denunciados- por un delito grave de violencia de g¨¦nero no puedan conservar la guarda individual de sus hijos, que se garantizar¨¢ a la v¨ªctima.

La reforma evitar¨¢ que un condenado por maltrato herede de su v¨ªctima

Se propondr¨¢ un protocolo de detecci¨®n precoz para los sanitarios

Una medida que ha desatado la pol¨¦mica y las cr¨ªticas de varias asociaciones de jueces que la consideran innecesaria. Los art¨ªculos 48 y 57 del C¨®digo Penal ya recogen como pena accesoria por delitos de violencia machista la posibilidad de retirar al maltratador la guardia y custodia de los hijos. Sin embargo, esa opci¨®n tiene ciertas lagunas que han permitido a los jueces otorgar la custodia de los hijos a padres condenados por violencia de g¨¦nero tras un divorcio o una muerte. Son pocos casos, pero existen.

Lo que pretende la reforma del art¨ªculo 92, tal y como recoge el texto que estudiar¨¢ el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso este peri¨®dico, es precisar que en un asunto de divorcio, cuando hay abierto un proceso penal contra el padre como supuesto maltratador, no se le pueda dar la custodia individual -la ley ya imped¨ªa que pudiera tenerla compartida-. La nueva norma se aplicar¨¢ a los "incursos en un proceso penal" por delitos de g¨¦nero, es decir, no basta la denuncia sino que debe ser admitida a tr¨¢mite por un juez, que tendr¨¢ la ¨²ltima palabra, subraya el Gobierno.

La reforma busca con ello que ninguna mujer tema iniciar un proceso de divorcio. De hecho, explica Consuelo Abril, abogada de familia y vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Igualdad (Compi), este miedo act¨²a como "elemento disuasorio" para muchas mujeres que no entablan una demanda de separaci¨®n por el riesgo a perder a los menores a su cargo. Solo hay que observar los datos: apenas un 13% de las mujeres maltratadas inician un proceso de divorcio, adem¨¢s de uno por delitos de maltrato.

La norma tiene, adem¨¢s, otro ¨¢ngulo. Los maltratadores no podr¨¢n quedarse la custodia de los hijos tampoco en caso de fallecimiento de la pareja, seg¨²n precis¨® ayer una portavoz del ministerio de Sanidad, Pol¨ªtica Social e Igualdad. "Se trata de proteger al menor en todos los casos", explica esta portavoz.

Se calcula que alrededor de 800.000 menores han sufrido de manera directa o indirecta por la violencia machista. Este a?o, adem¨¢s, es particularmente sangrante, 13 menores han muerto asesinados junto a sus madres por sus padres. Sin embargo, en cinco a?os de aplicaci¨®n de la ley integral contra la violencia machista solo se ha retirado la guarda y custodia a padres condenados por malos tratos en 11.000 ocasiones. Y m¨¢s all¨¢, solo en 544 casos perdieron la patria potestad. Esto entre 145.000 condenados por violencia sexista.

"Los jueces no suelen aplicar estas medidas porque las considera demasiado tajantes. La reforma permitir¨¢ unificar sus decisiones y que la custodia de los hijos no sea discutible. Un maltratador no puede ser un buen padre. Esa es la esencia", esgrime Consuelo Abril. La reforma evitar¨¢ casos como el que esta jurista ha recurrido ante los tribunales, el de un juez que otorg¨® la custodia ¨²nica de los hijos a un hombre condenado por malos tratos a su pareja porque esta ten¨ªa peor horario laboral para cuidar a los menores.

Pero la de la custodia no es la ¨²nica medida: Paj¨ªn tambi¨¦n llevar¨¢ la lucha contra la violencia de g¨¦nero al terreno patrimonial. Para ello pretende la reforma de los art¨ªculos 756 y 855 del C¨®digo Civil con el objetivo de evitar que un hombre condenado por maltrato se quede con el patrimonio de su pareja en caso de fallecimiento de esta. La reforma establecer¨¢ que sean desheredados quienes hayan sido condenados no solo por el asesinato de su pareja, sino tambi¨¦n delitos contra la integridad f¨ªsica y moral, la libertad de su c¨®nyuge o pareja y la de los hijos que convivan con ambos cuando dichos delitos conlleven pena grave.

La ministra de Sanidad, Pol¨ªtica Social e Igualdad llevar¨¢ al Consejo de Ministros de hoy tambi¨¦n una medida para asegurar que las v¨ªctimas de la violencia de g¨¦nero compatibilicen las ayudas econ¨®micas por este concepto con la pensi¨®n contributiva. Actualmente, si su renta anual excede los 4.755,80 euros como consecuencia de la ayuda como v¨ªctima pierde el derecho a percibir la pensi¨®n no contributiva.

Pero la reforma que propondr¨¢ el Gobierno quiere incidir tambi¨¦n en la prevenci¨®n. Por eso se propondr¨¢ el desarrollo de protocolos de actuaci¨®n y formaci¨®n sobre violencia de g¨¦nero para los servicios sanitarios. Los centros de atenci¨®n primaria suelen ser los primeros en localizar s¨ªntomas de agresiones machistas. Sanidad, Pol¨ªtica Social e Igualdad pretende desarrollar una f¨®rmula de colaboraci¨®n con los colectivos sanitarios para que se involucren en denunciar las situaciones que detecten. Ahora mismo solo un 19% de los centros de salud dispone de un protocolo espec¨ªfico de actuaci¨®n en casos de violencia de g¨¦nero, seg¨²n la Sociedad Espa?ola de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc).