El proceso debido

El ordenamiento jur¨ªdico ya cuenta con un surtido instrumental dirigido al loable esfuerzo estatal para disminuir las elevadas cifras de violencia de g¨¦nero y que facilita la eventual decisi¨®n sobre la retirada de la guarda y custodia de los hijos al padre incurso en un proceso de maltrato. Basta con citar el elenco de posibilidades que ofrecen el C¨®digo Civil, el Penal, las leyes procesales y la ley contra la violencia de g¨¦nero. As¨ª, el juez, generalmente el especializado en violencia de g¨¦nero, tras una orden de protecci¨®n puede adoptar cuantas disposiciones considere oportunas para apartar a un menor de un peligro o evitarle perjuicios.

Si, pues, se quiere introducir esta reforma ser¨¢ porque se pretende aportar algo nuevo y esta novedad no puede ser, quiz¨¢s y seg¨²n lo que conocemos, sino el automatismo, la interpretaci¨®n lineal y sumar¨ªsima que resulta contraria a las m¨¢s elementales exigencias del proceso debido sustentado en la igualdad de partes sin preponderancia injustificada de la una sobre la otra a fin de vitar abusos; en la presunci¨®n de inocencia y la prevalencia del orden penal cuando se suscitan cuestiones prejudiciales en el ¨¢mbito civil; en la imparcialidad del juez que no se decanta, en principio, por la versi¨®n del denunciante o por la del denunciado, como ¨²nico medio de mantener su funci¨®n de garant¨ªa, alejada de posicionamientos tendentes a lo inquisitorial; en la amplia posibilidad del derecho de contradicci¨®n y defensa sin apriorismos estatales que lo limiten o lastren; y, en suma, en un juez que valorando las circunstancias y oyendo a las partes y t¨¦cnicos decida lo m¨¢s conveniente para el menor, meta de la decisi¨®n judicial.

Jos¨¦ Antonio Ballestero es secretario general de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura.