A vueltas con el modelo institucional

Ese grupo de sabios que peri¨®dicamente convoca el lehendakari, cuya mayor ventaja respecto de otros c¨®nclaves similares radica en que no le cuesta un euro al contribuyente, ha recomendado, al parecer, que se revise el modelo institucional vasco para una mayor eficiencia y racionalidad en el gasto p¨²blico. No se ha informado si tal recomendaci¨®n resulta de un an¨¢lisis previo, basado en datos y cifras contrastados, sobre lo que se despilfarra y lo que podr¨ªa ahorrarse, o estamos, una vez m¨¢s, ante una afirmaci¨®n que se lanza a ojo de buen cubero y que se est¨¢ convirtiendo en un mantra m¨¢s de los muchos que existen y circulan en nuestra vida pol¨ªtica.

No ser¨¦ yo quien niegue la necesidad de revisar el entramado institucional vigente. Estoy seguro de que en su funcionamiento, como en cualquier otro, se est¨¢n produciendo ineficiencias de gesti¨®n y costos injustificados. Estoy seguro tambi¨¦n de que a la hora de debatir y decidir sobre posibles modificaciones no cabe imponer ning¨²n l¨ªmite o condici¨®n que impida lograr el objetivo esencial de toda norma jur¨ªdica: favorecer la convivencia ordenada y el bienestar de los ciudadanos. Dicho esto, pienso tambi¨¦n que no podemos incurrir en el error, muy frecuente cuando se plantea esta cuesti¨®n, de confundir los vicios y el derroche inherentes al modelo en s¨ª, con los que son consecuencia de un mal uso del mismo por los pol¨ªticos y por los partidos.

Ojal¨¢ los partidos se comprometan a auditar a todas las instituciones

Perm¨ªtaseme una reflexi¨®n desde mi experiencia personal. Siendo diputado general de ?lava de 1979 a 1983, no se nombr¨® ni un s¨®lo cargo de confianza ni un s¨®lo asesor. Los diputados y yo mismo trabajamos con los funcionarios forales. En la primera legislatura del Parlamento vasco, de 1980 a 1984, se elaboraron las leyes que iban configurando el poder auton¨®mico desde cero, sin pr¨¢cticamente otros medios o apoyos que el trabajo de los propios parlamentarios. Los alcaldes y concejales que conoc¨ª entonces acometieron su tarea, con los medios humanos y materiales que encontraron en sus ayuntamientos. Y el propio Gobierno vasco, en esa primera legislatura, funcion¨® con una econom¨ªa de medios evidente. Por todo ello, cuando hoy d¨ªa observo lo que ocurre en esas mismas instituciones, y en general en todas las dem¨¢s, plagadas de gabinetes de relaciones p¨²blicas, de cargos de confianza, de asesores, que pululan en edificios remodelados y mil veces redecorados con un lujo excesivo, concluyo que cualquier ajuste o cambio del modelo institucional resultar¨¢ in¨²til mientras los pol¨ªticos no cambien. Si hoy estuvieran m¨¢s preparados y fueran menos sectarios, no necesitar¨ªan de tanto aparato y de tanto ornamento. Si hoy la clase pol¨ªtica tuviera simplemente el mismo sentido de lo que supone administrar los recursos de todos que existi¨® en el inicio de la transici¨®n democr¨¢tica, no aprovechar¨ªa la p¨®lvora del rey para cebar las escopetas de tantos y tantos cazadores emboscados en una red de organizaciones varias, creadas desde su inicio para eludir las normas del Derecho Administrativo y hacer de la capa un sayo.

Claro que el actual modelo institucional no es algo sagrado e intocable. Pero cualquier reforma se diluir¨¢ en agua de borrajas si, por ejemplo, no se resuelve un problema mucho m¨¢s grave por su dimensi¨®n y sus consecuencias: la pr¨¢ctica inexistencia de normas, de criterios objetivos y de controles para evaluar y auditar el gasto de los servicios p¨²blicos, as¨ª como la necesidad y rentabilidad de las inversiones p¨²blicas. Por ejemplo, las decisiones sobre los equipamientos p¨²blicos se toman en general a golpe de ocurrencia, buscando la mayor gloria y el mejor resultado electoral, sin tener siquiera una previa idea de qu¨¦ clase de ciudad o pueblo queremos y nos conviene, y de lo que nos podemos permitir. Y as¨ª se van multiplicando los palacios, los teatros, los polideportivos, los pabellones, los edificios p¨²blicos de toda ¨ªndole infrautilizados, mal distribuidos, generadores de un gasto corriente que pronto ahogar¨¢ econ¨®micamente, si no lo est¨¢ haciendo ya, a nuestras instituciones, y que, por tanto, lejos de contribuir al bienestar de todos los ciudadanos, pone en peligro el gasto aut¨¦nticamente social y el nivel de los servicios b¨¢sicos. De poco servir¨¢ reformar la distribuci¨®n de competencias entre instituciones, hasta suprimir o reducir incluso el papel o funci¨®n de cualquiera de ellas, si no se introducen criterios de racionalidad y de eficiencia en la actuaci¨®n administrativa.

En definitiva, la recomendaci¨®n de ese grupo de sabios, en orden de la revisi¨®n de nuestro modelo institucional, es muy oportuna, y deber¨ªa ser atendida. Ojal¨¢ de una vez por todas los grupos pol¨ªticos se comprometan a auditar la gesti¨®n de todas las instituciones, desde el Parlamento vasco al m¨¢s peque?o de nuestros ayuntamientos, y a suprimir, concentrar, fusionar, reducir o reformar cuanto convenga para que al final existan unas instituciones con competencias y funciones bien determinadas, con una composici¨®n y medios humanos y financieros congruentes con esa funci¨®n, y regidas por normas y principios propios de una administraci¨®n p¨²blica imparcial, moderna y eficaz. Pero mucho me temo que nada de esto va a ocurrir, ya que los intereses partidistas impedir¨¢n cualquier reforma global y seria, que afecte, no s¨®lo al modelo en s¨ª, sino a los criterios y principios de actuaci¨®n de quienes lo van a utilizar o servir.