El Defensor del Pueblo, contra el Gobierno por su opacidad ambiental
Critica el uso de normas de Fomento para reformar la Ley de Costas
La Oficina del Defensor del Pueblo acaba de propinar un duro varapalo al Gobierno por su pol¨ªtica ambiental. En una resoluci¨®n, considera que el Gobierno incumpli¨® la legislaci¨®n europea y estatal de transparencia ambiental al enviar al Congreso las leyes de Navegaci¨®n Mar¨ªtima y la de Puertos sin informar a las ONG de Medio Ambiente, pese a incluir en ambas leyes rebajas de la protecci¨®n del litoral. El Ejecutivo sorte¨® as¨ª sus cr¨ªticas y la participaci¨®n p¨²blica. El texto da la raz¨®n a WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acci¨®n, Amigos de la Tierra y SEO/Birdlife, que presentaron la queja.
El Gobierno consider¨® que estas normas no deb¨ªan pasar por el Consejo Asesor de Medio Ambiente -donde est¨¢n las ONG- ya que el impulsor de las normas eran los Ministerios de Fomento y Justicia. El Ejecutivo solo informa a las ONG de los proyectos del Ministerio de Medio Ambiente, considera que el resto no son "normas ambientales". En estas dos leyes incluy¨® dos reformas de la Ley de Costas: permit¨ªa la venta de concesiones de casas construidas en la playa y facilitaba la conversi¨®n de faros en hoteles. De ninguna inform¨® a su consejo asesor en el tema.
La defensora del pueblo en funciones, Mar¨ªa Luisa Cava de Llano, discrepa radicalmente del criterio del Gobierno: "Una simple lectura de la Ley de Navegaci¨®n Mar¨ªtima revela que buscaba regular una serie de materias con clara incidencia ambiental", como la contaminaci¨®n en el mar o la reforma de la Ley de Costas. Sobre la Ley de Puertos, afirma que supone "una rebaja en la protecci¨®n del mar y de la costa, en especial de los faros, que suelen ser enclaves bien conservados".
La ex ministra de Medio Ambiente Elena Espinosa, responsable cuando el Gobierno aprob¨® las dos normas, defendi¨® que las leyes se aprobaron de manera transparente. Ahora la resoluci¨®n obliga a cambiar el criterio.
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