Tres presidentes de FGC de la ¨¦poca de Pujol, en el banquillo

Tres ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat en la ¨¦poca de Jordi Pujol se culparon ayer mutuamente ante los jueces de idear un plan de pensiones supuestamente ilegal para los directivos de la empresa. La decisi¨®n se adopt¨® de espaldas al consejo de administraci¨®n y sin ning¨²n tipo de control oficial, seg¨²n el fiscal, pero los acusados defendieron su actuaci¨®n y declararon que lo hicieron para fidelizar a los altos cargos. El supuesto fraude supera los 3,2 millones de euros.

El fiscal solicita cuatro a?os y 10 meses de c¨¢rcel para Albert Vilalta y sendas penas de seis a?os para Enric Roig y Antoni Herce. Les acusa de los delitos continuados de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. El juicio deber¨ªa haberse iniciado el pasado d¨ªa 26, ¨²ltimo d¨ªa de campa?a electoral, pero el tribunal presidido por el magistrado Pablo Llarena acord¨® postergarlo para ayer.

El plan de pensiones de la compa?¨ªa benefici¨® a 15 directivos

El fiscal pide hasta seis a?os de c¨¢rcel por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n

El plan de pensiones fue suscrito en abril de 1991 con la aseguradora Winterthur y anulado en 2000, cuando se descubri¨® que durante ese tiempo se hicieron las millonarias aportaciones con dinero p¨²blico, que beneficiaron a 15 cargos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Ninguno cobr¨® tanto como Roig (1,07 millones de euros m¨¢s 39.306 euros por dietas indebidas), quien fue el promotor del plan cuando era director general de la compa?¨ªa, antes de sustituir a Vilalta en la presidencia, un cargo desprovisto de funciones ejecutivas.

Eso es al menos lo que dijo Vilalta, pero Roig declar¨® que el promotor del plan fue Manuel Herce, que le sustituy¨® en la presidencia y se embols¨® 278.391 euros. Y Herce, a su vez, responsabiliz¨® del plan a los dos anteriores. Herce explic¨® durante su declaraci¨®n de ayer en la Audiencia de Barcelona que dud¨® de la legalidad de la cifra que deb¨ªa cobrar Roig, por lo que antes de aprobarla consult¨® con el consejero de Pol¨ªtica Territorial, Pere Macias, que le remiti¨® al secretario general del departamento y se hizo el pago.

El Tribunal de Cuentas conden¨® en su d¨ªa a Roig y Herce a devolver 2,7 millones de euros del plan m¨¢s intereses y consider¨® prescritas algunas remuneraciones, pero esa decisi¨®n est¨¢ recurrida ante el Tribunal Supremo. Albert Vilalta, que no cobr¨® ninguna cantidad, acabar¨ªa siendo consejero de Medio ambiente con el Gobierno de Jordi Pujol y, posteriormente, secretario de Estado de Infraestructuras con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

El fiscal considera part¨ªcipes a t¨ªtulo lucrativo a los otros 13 beneficiarios del plan y solicita que devuelvan el dinero cobrado. El caso acab¨® en los tribunales tras la denuncia presentada en la fiscal¨ªa por ICV en 2004 y que deriv¨® en querella. El consejero socialista de la ¨¦poca, Joaquim Nadal, lo envi¨® a la Sindicatura de Cuentas.

La tesis del fiscal es que ese plan de pensiones no ten¨ªa encaje legal en las retribuciones previstas para el personal de las empresas p¨²blicas, pero sus promotores declararon que, con motivo de los Juegos Ol¨ªmpicos de 1992 exist¨ªa mucha demanda de altos directivos de empresas y de ah¨ª la necesidad de fidelizar a los de la empresa Ferrocarrils. Vilalta explic¨® que esos mismos planes exist¨ªan en otras empresas p¨²blicas.