Demasiado receptivos

Entra dentro de la tarea propia de una embajada preocuparse por los asuntos judiciales que afectan a su Gobierno o a ciudadanos de su pa¨ªs y hacer las gestiones pertinentes para que se resuelvan de forma favorable o menos da?ina para sus intereses. Pero trat¨¢ndose de asuntos sometidos a la justicia es obligado cuidar las formas: esas gestiones no pueden producirse directamente sobre los ¨®rganos jurisdiccionales, de modo que deriven en actos de presi¨®n sobre su independencia. No solo es cuesti¨®n de buenos usos diplom¨¢ticos, sino de respeto a las reglas del Estado de derecho, se trate de Espa?a o de Estados Unidos y de cualquier otro pa¨ªs que se quiera democr¨¢tico.

Nada tiene de denunciable que la Embajada de EE UU en Madrid se interesara ante los responsables de los Ministerios de Exteriores o de Justicia en los casos del c¨¢mara espa?ol Jos¨¦ Couso, muerto por disparos de un tanque norteamericano durante la guerra de Irak; los vuelos de la CIA con escala en aeropuertos espa?oles o las torturas en Guant¨¢namo, como se desprende de los informes desvelados por EL PA?S con los cables filtrados por Wikileaks. Pero lo que estos tambi¨¦n revelan es que tuvieron una influencia preocupante en el ¨¢rea gubernamental e invadieron el judicial, lo que resulta inaceptable. M¨¢s si cabe por parte de las personas a quienes se dirig¨ªan, aceptadas no solo con naturalidad sino con complacencia, hasta el punto de convertirse en colaboradores e informadores privilegiados de una de las partes del proceso, en detrimento de los derechos de las otras.

En el caso Couso, la diligencia con la que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, informa al consejero jur¨ªdico de la embajada de su oposici¨®n al procesamiento de los militares estadounidenses acusados de la muerte del c¨¢mara espa?ol hace dudar de su imparcialidad en el caso. Tampoco la deja en buen lugar recibir en su despacho oficial a dos altos cargos de la embajada para exponerles su estrategia procesal contraria a la investigaci¨®n por el juez Garz¨®n de las torturas a un preso de nacionalidad espa?ola en Guant¨¢namo, o la informaci¨®n previa que proporciona otro fiscal de la Audiencia Nacional sobre su posici¨®n en el proceso por los vuelos de la CIA. El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, enmarca esos contactos en las relaciones de cortes¨ªa y de cooperaci¨®n mutua entre fiscales de EE UU y Espa?a. Pero la complicidad que revelan esos contactos cuestionan esa versi¨®n edulcorada.

Si a los contactos con fiscales se a?aden los acercamientos personales a jueces de la Audiencia Nacional, el escenario que dibujan los informes ahora revelados es m¨¢s que preocupante. Y especialmente destacables son las maniobras de la Embajada estadounidense, con la activa colaboraci¨®n del fiscal jefe Zaragoza, para apartar al juez Garz¨®n del caso de las torturas de Guant¨¢namo coincidiendo con la ofensiva desencadenada contra dicho juez por el asunto de la memoria hist¨®rica.