El Parlamento debate el informe con amplias perspectivas de acuerdo

No habr¨¢ votaci¨®n, pero la directora de la Oficina de V¨ªctimas, Maixabel Lasa, puede concitar hoy en la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Parlamento un acuerdo b¨¢sico, que abarque del PP a Aralar, en torno a su informe sobre las v¨ªctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivaci¨®n pol¨ªtica distintas de las del terrorismo. Se trata de las registradas sobre todo en el ¨²ltimo franquismo, la transici¨®n y hasta mediada la d¨¦cada de los ochenta por excesos policiales o acciones parapoliales que, seg¨²n se admite, gozaron hasta entonces de alg¨²n amparo institucional.

La posibilidad de acuerdo eleva la expectaci¨®n ante la reuni¨®n hoy de esa comisi¨®n, en lo que podr¨ªa considerarse un cierto hito de unidad en torno a un aspecto espinoso de la historia vasca que hace solo un par de a?os habr¨ªa resultado inabordable. De hecho, levant¨® ampollas entre los constitucionalistas en la formulaci¨®n que realiz¨® el anterior tripartito de la mano de EA, ahora reconducida.

El documento intenta ser un "avance importante hacia la convivencia"

El propio informe que hoy presentar¨¢ Lasa da idea en su p¨¢rrafo final de lo ambicioso del esp¨ªritu con que el Gobierno lo ha abordado: el desarrollo de las medidas que recomienda "supondr¨¢ un avance importante en el camino hacia la paz en el Pa¨ªs Vasco entendida como la plena integraci¨®n de todos en una nueva sociedad en paz, libre y en convivencia democr¨¢tica", afirma, tal y como declara tambi¨¦n la ley de V¨ªctimas aprobada en junio de 2008. El ambicioso objetivo es que desde el PP, deseoso de dar la mayor rapidez al tr¨¢mite, hasta Aralar quepan en su filosof¨ªa. Como primera cautela, huye de cualquier equiparaci¨®n con las v¨ªctimas del terrorismo. "El Estado de derecho y el sistema democr¨¢tico se refuerzan en este ejercicio de revisi¨®n del pasado con una mirada cr¨ªtica", realza el documento.

El informe, basado en un estudio encargado a Unesco Etxea, se remite a la Constituci¨®n y al derecho internacional de referencia en protecci¨®n de libertades. Tambi¨¦n rechaza "con rotundidad" la pretensi¨®n de enmarcar esas y otras vulneraciones en el enfrentamiento de dos violencias, la de ETA y la del Estado, supuestamente originadas en un conflicto pol¨ªtico preexistente, como sostiene la ortodoxia abertzale.

El texto revisa tres periodos: desde 1968 hasta el final de la dictadura, con la represi¨®n ejercida desde los aparatos del Estado; los primeros a?os de democracia hasta mediados los ochenta, donde considera que se combina la represi¨®n de agentes p¨²blicos con la actuaci¨®n de grupos parapoliciales y de extrema derecha, "alentados o tolerados desde ciertas instituciones del Estado", y las que pueden producirse, incluso en la actualidad, como extralimitaci¨®n o abuso en el desarrollo de la pol¨ªtica antiterrorista.

Los hechos de esta ¨²ltima fase no gozan ya de amparo institucional, ni re¨²nen las caracter¨ªsticas de los dos anteriores, como la planificaci¨®n, la organizaci¨®n, el contexto de impunidad o el intento de influir en los acontecimientos pol¨ªticos. No obstante, se incluyen en el texto, cuyas recomendaciones se dirigen al reconocimiento y reparaci¨®n a las v¨ªctimas de esos tres per¨ªodos de tiempo.

El informe de Lasa no recoge el listado de v¨ªctimas que inclu¨ªa el realizado en 2008 por la anterior Direcci¨®n de Derechos Humanos, pero s¨ª considera que ese trabajo "permite constatar de manera fehaciente" vulneraciones que justifican "el proceso de reconocimiento y reparaci¨®n" que pidi¨® por unanimidad el Parlamento en diciembre de 2009. "No se precisa un censo de afectados", apunta. Ser¨¢n las v¨ªctimas quienes soliciten las las medidas, acreditando los requisitos correspondientes. El Gobierno s¨ª prev¨¦ un espacio administrativo espec¨ªfico para prestarles atenci¨®n, una norma, que no ser¨¢ necesariamente una ley, dotaci¨®n presupuestaria y una declaraci¨®n p¨²blica institucional.