El poderoso estatus de Chac¨®n
Los informes revelan que Washington crey¨® que la petici¨®n espa?ola de elevar a tratado el convenio de las bases era fruto de un c¨¢lculo de la ministra para mejorar su imagen
"Carme Chac¨®n sigue diciendo, p¨²blica y privadamente, que quiere que EE UU eleve el Convenio de Cooperaci¨®n para la Defensa a la categor¨ªa de tratado. Chac¨®n argumenta que la relaci¨®n debe ser paritaria y equilibrada y sugiere que del convenio vigente se deduce que EE UU no valora el acuerdo tanto como Espa?a. Dada la importancia estrat¨¦gica que tiene para nosotros el uso de las bases de Rota y Mor¨®n, es vital que traslademos r¨¢pidamente la preocupaci¨®n del Pent¨¢gono y que saquemos este tema del foco de los medios de comunicaci¨®n". (Telegrama confidencial de la Embajada de EE UU en Madrid del 5 de diciembre de 2008)
M¨¢s de 55 a?os despu¨¦s del primer convenio militar entre la Espa?a de Franco y el Gobierno Washington, las bases de Rota (C¨¢diz) y Mor¨®n de la Frontera (Sevilla) siguen marcando las relaciones entre los dos pa¨ªses. Cada vez que la embajada hace balance de los intereses estadounidenses en Espa?a, coloca en un lugar destacado la utilizaci¨®n de ambas bases, vitales para el despliegue militar de EE UU en Afganist¨¢n e Irak. Una cooperaci¨®n que se resume en cifras espectaculares: unos 6.000 aviones militares y 150 buques de guerra estadounidenses sobrevuelan o hacen escala en bases y puertos espa?oles cada a?o. Por eso, al menor indicio de que el Gobierno espa?ol quiere introducir cambios en el acuerdo que sirve de paraguas para el uso de las dos bases, los estadounidenses encienden todas las alarmas, aunque la demanda sea tan inocua como equilibrar el rango legal que el convenio tiene para los dos pa¨ªses: un acuerdo entre Gobiernos, para Washington; y un tratado internacional, aprobado por el Parlamento, para Madrid. Una demanda recurrente desde la reinstauraci¨®n de la democracia en Espa?a.
"En varias ocasiones, responsables espa?oles nos han dicho que est¨¢n muy satisfechos con el convenio y que buscar¨¢n mejoras en el contexto de una renegociaci¨®n a largo plazo cuando llegue el momento. Siempre describen estas mejoras como menores. Para nuestra sorpresa -y, por lo que hemos podido saber, tambi¨¦n de sus subordinados- Chac¨®n mencion¨® en octubre al secretario de Estado de Defensa su deseo de que EE UU elevase el convenio a la categor¨ªa de tratado".
"Chac¨®n es joven y lleg¨® a su cargo a principios de este a?o con poca experiencia en temas militares, pero ser¨ªa un serio error menospreciarla o no responder adecuadamente a su inter¨¦s en este asunto. Ella es una pol¨ªtica espabilada pr¨®xima al presidente Zapatero. Se rumorea que Zapatero planea no presentarse a las elecciones en 2012 y que quiere a Chac¨®n como sucesora. Sea o no as¨ª, Chac¨®n es una potente pieza y podemos estar seguros de que su inter¨¦s porque EE UU eleve el convenio a la categor¨ªa de tratado es m¨¢s que un capricho. Sospechamos que ella ha calculado que un tratado aumentar¨ªa el estatus de Espa?a (y el suyo propio) y silenciar¨ªa al ala izquierda de su partido".
?Por qu¨¦ la negativa de EE UU a atender la petici¨®n de Chac¨®n? Porque ello exigir¨ªa la ratificaci¨®n del Senado norteamericano, "lo que es mucho m¨¢s complejo que en Espa?a". La embajada no est¨¢ para crear nuevos quebraderos de cabeza al Departamento de Estado.
El convenio bilateral vigente, suscrito en 1988 y enmendado en 2002, expirar¨¢ en febrero de 2011. O mejor dicho, deber¨ªa expirar, ya que se prorrogar¨¢ un a?o, al no haberlo denunciado Espa?a con seis meses de antelaci¨®n; es decir, antes de agosto pasado. Por ahora, Espa?a ha renunciado a elevar el acuerdo a la categor¨ªa de tratado. E incluso a modificarlo. Las mejoras t¨¦cnicas se instrumentar¨¢n a trav¨¦s de acuerdos de un rango a¨²n inferior al convenio.
En una reuni¨®n celebrada en Washington el 14 de diciembre de 2009 con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, subray¨® que "Defensa ha mostrado inter¨¦s en hacer ajustes t¨¦cnicos en el convenio, pero su departamento ha hecho hincapi¨¦ en su oposici¨®n a que Espa?a pida que se reabra la negociaci¨®n" (ID 240644). Para entonces, el asunto ya no preocupaba a la embajada (ID 238836). En un cable de 26 de junio de 2009, el n¨²mero dos de la embajada era ya triunfalista: "Creemos que los esfuerzos de EE UU y de sus propios colaboradores la han disuadido de tal idea": elevar el convenio al rango de tratado. (ID 214139).
Las discusiones sobre la renovaci¨®n del acuerdo de defensa se vieron condicionadas por el esc¨¢ndalo de los vuelos de la CIA, que tambi¨¦n plane¨® sobre la negociaci¨®n del pacto para regular la actuaci¨®n en Espa?a de los servicios de inteligencia de la Marina (NCIS) y la Fuerza A¨¦rea de EE UU (AFOSI). En un informe del 13 de junio de 2006, Aguirre reconoc¨ªa que el asunto se hab¨ªa convertido en el "principal elemento irritante" de la estrecha cooperaci¨®n militar y en un "serio problema para las dos partes".
El entonces secretario general de Pol¨ªtica de Defensa, el almirante Francisco Torrente, se disculp¨® el 15 de septiembre de 2006 ante el n¨²mero dos de la embajada, Hugo Llorens. Le dijo que estaba convencido de que ni el Servicio Naval de Investigaci¨®n Criminal (NCIS) ni la Oficina de Investigaciones Especiales de la USAF (AFOSI) hac¨ªan actividades ilegales en Espa?a, pero "la prensa ha mezclado este asunto con los vuelos de la CIA" y "partidos radicales socios parlamentarios del Gobierno socialista pueden ser dif¨ªciles de controlar".
Finalmente, el sucesor de Torrente, Luis Cuesta, telefone¨® el 24 de abril de 2007 a Llorens para decirle que hab¨ªa dado instrucciones para que se permitiera al personal del NCSI y la OSI reanudar sus operaciones fuera de las bases de Mor¨®n y Rota, donde hab¨ªan estado confinados desde el 1 de marzo del a?o anterior, despu¨¦s de que un marine de origen uruguayo llamado Federico Pimienta-Perdomo, que se hab¨ªa dado a la fuga tras matar a un compa?ero en Afganist¨¢n, fuera detenido en San Fernando (C¨¢diz) y trasladado a EE UU sin que se informara a las autoridades espa?olas.
En enero de 2007, Defensa retir¨® su propuesta inicial de regulaci¨®n de la actividad de los servicios militares de inteligencia, un texto "denso" que, seg¨²n los estadounidenses, inclu¨ªa "una lista exhaustiva de todas las actividades permitidas y no permitidas", y la sustituy¨® por otro m¨¢s breve, de inspiraci¨®n "anglosajona", en palabras de la embajada. Entre otras concesiones, renunci¨® a la exigencia de que un "agente en la sombra" acompa?ase a los estadounidenses cuando actuaran fuera de las bases.
Las normas reguladoras de la actuaci¨®n en Espa?a del NCIS y la AFOSI, que hasta entonces se reg¨ªan por un art¨ªculo del convenio bilateral, se publicaron en el BOE del 17 de julio de 2007. "Nuestros interlocutores en el Ministerio de Defensa han dicho que necesitaban el documento como cobertura pol¨ªtica, pero que no pretenden que la nueva regulaci¨®n suponga un cambio real de la forma como tradicionalmente han operado el NCIS y la AFOSI", escribi¨® Aguirre al pie del documento confidencial.
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